Robert Acosta indicó que la escuela seguirá abierta y que no es saludable en términos emocionales ni académicos remover los niños a otro plantel escolar.

Pese a serles revocado el permiso de uso mediante una orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, el propietario de la escuela chárter Paradiso College Preparatory, Robert Acosta, aseguró que su institución continuará ofreciendo servicios a los cerca de 165 estudiantes que allí atienden.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti determinó el jueves retirar el permiso de uso otorgado a la empresa, debido a que alegadamente engañó al Municipio de San Juan (MSJ) sobre la naturaleza de sus operaciones.

En una demanda presentada por el Municipio el pasado 18 de agosto, se alega que Paradiso obtuvo un permiso de construcción para un edificio de oficinas comerciales en un edificio existente en Río Piedras. Sin embargo, de buenas a primeras, la empresa comenzó a anunciar la apertura de una escuela intermedia en las instalaciones, sin contar con una consulta de ubicación aprobada para el establecimiento de una escuela.

Según declaraciones del MSJ, Acosta adquirió el edificio en febrero y para el 27 de marzo se le impuso la primera querella por hacer no contar con los permisos de construcción.

El 30 de marzo, emitieron el primer boleto de $1,000 dólares más seis boletos adicionales. Las multas ascienden ya a los $14,000 dólares.

En una entrevista exclusiva con NotiCel, Acosta aceptó los errores, pero aseguró que su escuela cuenta con todos los endosos y que continuará con su operación.

“Accedimos a que se revocara el permiso de uso porque tenía un error técnico. El documento tiene un encasillado que pregunta cuál será el servicio futuro de la facilidad y el ingeniero puso que sería una institución educativa. Eso estaba fuera de orden porque eso no podía ser así hasta que se diera la vista de ubicación. Al cometer ese error, técnicamente se modifica lo que es el permiso de uso en ese momento. Tengo endosos de bomberos, Luma, Acueductos, Instituto de Cultura y Departamento de Turismo”, expresó Acosta quien sostendrá el viernes una reunión a la 1:00 de la tarde con el Director de Permisos del MSJ para continuar con el proceso.

La escuela tiene una matrícula de 165 estudiantes, de los que la mitad son de educación especial.

Por eso, Acosta indicó que la escuela seguirá abierta y que no es saludable en términos emocionales ni académicos remover los niños a otro plantel escolar.

“Mi enfoque es la escuela. Inicialmente tuvimos una demanda de cierre y demolición y ahora lo que se busca es alienar la permisología y seguir. El sistema educativo se hace pensando en el bienestar de los estudiantes. La pregunta es si es factible mover los niños de aquí a otra escuela cuando mi edificio pasó por todas las inspecciones, con una versión millonaria, con aire acondicionado y recursos completos. Así que, si hay que moverlos a escuelas que carecen de este tipo de servicios, tienen que asumir la responsabilidad. Es una pena que todo esto pasa por tener procesos tan arcaicos y burocráticos".

Por su parte, Israel Alicea, Administrador del MSJ dijo a NotiCel que en todo momento Acosta y su representación legal notificaron que la construcción sería para unas oficinas de alto volumen. No una institución académica.

“En mayo ellos solicitaron un permiso de obras exentas y se les recuerda que el uso permitido es de oficinas. Pasa el tiempo, siguen construyendo y para principios de agosto el municipio se percata de que están anunciando que abrirán una escuela. Los abogados del municipio se comunican con los abogados de la institución y le informan sobre el anuncio y damos otro recordatorio. Ellos reiteraron que serían unas oficinas”.

Según Alicea, se presentó una consulta de ubicación donde se le orientó que no se podía tener una escuela en el área y al próximo día presentan un permiso único emitido por un profesional autorizado para unas oficinas y salones.

“Ello someten el 15 de agosto el permiso del ingeniero y al otro día la escuela estaba operando. Obviamente cuando nos enteramos se les avisa a los abogados y se presenta el pleito. En otras palabras, nos obligaron por segunda ocasión a ir al tribunal solicitando que ese permiso único emitido por el profesional es inválido porque el lugar no permite escuelas sin haber hecho la consulta de ubicación”, agregó Alicea.

Aunque el propietario pinte la situación favorecida, Israel Alicea adelantó que se encuentran en procesos legales en contra de la persona que emitió los permisos.

“El municipio lo que hace es valer la ley. Nosotros no sabemos ni siquiera si la estructura es segura para tener a los niños allí porque el procedimiento no se hizo conforme a la ley. Así que, responsablemente vamos a someter legalmente una investigación al ingeniero que emitió los permisos de uso, ya que se dieron en contra de la norma jurídica”.

La escuela alianza con el Departamento de Educación ubica en la Avenida Ponce de León cerca de la escuela pública Ramón Vilá Mayo.

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