La escuela deberá pasar ahora por el proceso de consulta de ubicación.

La organización sin fines de lucro El Otro Puerto Rico, dedicada a luchar contra el acaparamiento desmedido de propiedades por parte de inversionistas e integrantes del Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública, expresó hoy su satisfacción con el cierre de la escuela chárter Paradiso College Preparatory Real Estate Two Inc.

Ello, luego que el juez Alfonso Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinara revocar el permiso de uso otorgado a la empresa, debido a que engañó al Municipio de San Juan (MSJ) sobre la naturaleza de sus operaciones.

Durante meses el Junte Multisectorial y la comunidad riopedrense había denunciado la situación al MSJ y en foros públicos. La sentencia advino final y firme hoy mismo, luego que el MSJ y la empresa llegaran a un acuerdo que obliga a Paradiso a pasar por el proceso de consulta de ubicación. Ello implica que la comunidad de Río Piedras tendrá que expresarse y votar para determinar si acepta o rechaza que reabra sus puertas en la comunidad.

Alonso Ortiz Menchaca, director ejecutivo de El Otro Puerto Rico, señaló que la determinación judicial es evidencia de que la organización comunitaria es efectiva para luchar contra los beneficiarios de la Ley 22/60.

“La comunidad riopedrense llevaba cinco meses luchando contra la empresa fraudulenta del beneficiario de la Ley 22 Robert Acosta y Kira Golden. Durante el verano, las 10 comunidades y sectores de Río Piedras fueron consultadas por la Junta Comunitaria sobre esta empresa. Nueve votaron en contra y solo una quedó empate. A pesar de ello, este beneficiario de la Ley 22, conocida también como Ley 60, destruyó una estructura histórica para hacer su escuela sin permisos de construcción, anunció una escuela chárter para la que no tenía permiso otorgado por el Departamento de Educación y engañó al Municipio de San Juan diciéndoles que operaría oficinas administrativas para obtener un permiso de uso fraudulento. En cada reunión con ellos fuimos claros en que nuestra comunidad rechazaba este proyecto. Hoy nos hemos acercado a ese logro con esta victoria judicial”, sentenció el líder de la organización comunitaria.

Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, señaló por su parte que “la comunidad riopedrense, la Federación de Maestros y todas las organizaciones que nos hemos unido para luchar en contra de las escuelas chárter hemos obtenido una gran victoria. La escuela Paradiso College estaba operando ilegalmente, pues abrió sus puertas sin contar con los permisos requeridos por ley y contra la voluntad de la comunidad que se expresó contundentemente contra esta empresa. Las chárter son un modelo de privatización que pone dinero público en manos privadas”.

A pesar de la oposición planteada, la escuela chárter Paradiso College Preparatory inició clases el pasado miércoles, 16 de agosto, en su sede en la avenida Ponce de León, en Río Piedras, con alrededor de 150 estudiantes.

“Durante los cierres escolares, el gobierno justificaba los mismos por alegada baja matrícula, sin embargo, las escuelas chárter pueden operar incluso recibiendo fondos públicos para cubrir sus gastos privados. Otorgar una Carta Constitutiva a Paradiso pone el lucro de las escuelas chárter sobre el fin de la Constitución, que es proveer un sistema educativo de calidad gratuito, accesible para todos los estudiantes de Puerto Rico”, añadió Martínez.

Esta escuela chárter se encuentra a pasos de la escuela pública Ramón Vila Mayo dirigida a estudiantes de nivel intermedio y superior, los mismos niveles académicos que Paradiso intenta atender.

“Es evidente que este constituye otro intento más de desplazar la comunidad de Rio Piedras. Este grupo de inversionistas ya ha adquirido decenas de propiedades en la zona. Para desarrollar esta escuela desplazaron a varias familias. Este tipo de iniciativas se nutre de fondos federales y estatales, por lo que el propio gobierno está subvencionando el desplazamiento de nuestra gente”, agregó Ortiz Menchaca.

Lea aquí la sentencia del tribunal: