Veinte estados demandaron a la Administración Biden por nueva directriz de Educación federal que busca el reconocimiento de la igualdad de los género en las escuelas, incluyendo para estudiantes trans.

Veinte estados pidieron a un tribunal federal que prohíba a la Administración Biden poner en vigor sus directrices para la protección de estudiantes y empleados transgénero, las cuales aplican con toda su fuerza en Puerto Rico, pero el Departamento de Justicia ripostó que están siguiendo la ley y la interpretación del Tribunal Supremo.

La demanda, presenta en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Tennessee, levanta un muro de contención en contra de un documento del Departamento de Educación federal y otro de la Comisión de Igual Oportunidad de Empleo, también de junio, que interpretaban el caso del Tribunal Supremo, Bostock v. Clayton County, del año pasado, en el que el Alto Foro decidió que constituía una violación de derechos el discriminar contra un empleado transgénero como parte de la disposición de la Ley de Derechos Civiles que prohíbe discriminar por razón de sexo.

Los estados demandantes son Tennessee, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota y West Virginia. La determinación del caso, de provocar un pronunciamiento a nivel de Apelaciones, puede influenciar cualquier caso que surja en la isla basado en esas disposiciones de Educación federal o la comisión.

Los ejemplos que se discuten de circunstancias en las que Educación federal podría sancionar a escuelas que reciban fondos federales si no siguen la interpretación sobre el caso de Bostock incluyen:

- Una estudiante lesbiana que quiera asistir con su novia a un evento social de su escuela secundaria, pero no le permiten comprar taquillas porque no es apropiado que traiga a otra chica de acompañante y le sugieren que vaya sola o con un varón.

- Un varón transgénero se introduce por su nombre en la escuela intermedia y pide a estudiantes y maestros que se refieran a él con pronombres masculinos. Otros estudiantes que lo conocen de elemental le lanzan epítetos transfóbicos, lo empujan, lo llaman por el nombre que le asignaron al nacer y cuando el estudiante se queja con los directores escolares, estos no lo toman en serio diciéndole que “no puede esperar que todo el mundo esté de acuerdo con sus decisiones”.

- Un estudiante de colegio comunitario se identifica como gay durante una discusión en clase y, al salir, le lanzan epítetos homofóbicos. Profesores son testigos, pero no hacen nada y los administradores entrevistan a solo uno de los hostigadores, pero no hacen más ni le dan seguimiento a la víctima.

- Un estudiante de elemental con rasgos intersexuales se vista de manera neutra en cuanto a género, se identifica como no-binario y usa los pronombres elle/elles. La maestra se ríe de los comentarios que hacen otros estudiantes sobre si el estudiante es niño o niña y dice que “solo hay una forma de averiguarlo”. La maestra le dice a los demás estudiantes solo hay niños o niñas y que los que piensan distinto están mal. Los administradores escolares no toman acción sobre esto.

- La principal de una escuela secundaria detiene a una estudiante transgénero que iba a usar el baño de hembras y le prohíbe la entrada. La principal le dice que use el baño de varones o el de la oficina de la enfermera porque su expediente la identifica como varón. Luego, la estudiante intenta audicionar junto con sus amiga para el equipo de porrismo pero el entrenador se lo prohíbe por ser transgénero y, cuando la estudiante se queja, la principal le dice que “esas son las políticas del distrito escolar”.

Ante un documento que emitió Educación con estos ejemplos, Justicia federal argumentó que la demanda de los estados es prematura y carece de fundamentos porque no se trata de la aplicación de la directriz a un caso específico sino a aplicaciones hipotéticas y que en este momento son especulativas. Los estados, por tanto, no han planteado un “daño irreparable” que permite al tribunal emitir un interdicto o decidir el caso, enfatizaron.

“Ninguno de los documentos requiere que los recipientes de fondos federales tomen, o dejen de tomar, alguna acción. Tampoco especifican si algún conjunto de hechos constituiría discriminación en violación al Título IX. Simplemente informan al público de las interpretaciones que las agencias le han dado a los títulos VII y IX, sin pretender alterar dichas obligaciones para nada”, argumento Justicia.

Recordaron también que la determinación de cualquier querella va a depender “intensamente” de cuáles son los hechos específicos del caso y también que no solamente las agencias pueden iniciar acciones contra las escuelas o patronos para redimir estos derechos, sino que también las propias víctimas pueden iniciar sus propias acciones legales independientes y privadas para conseguir remedios.

Si se prohíbe el uso de los documentos impugnados, las agencias no tendrían instrumentos para “explicar al público y a las entidades reguladas su entendimiento de cuáles son los requisitos impuestos por los títulos VII y IX, dejando a las entidades reguladas confundidas sobre sus obligaciones legales y causando daño a aquellos que los estatutos deben proteger”.

En sus reclamaciones, los estados dicen que Educación federal debe interpretar que “género” solo se refiere a sexo biológico y no a “identidad de género” y que, con estas determinaciones, se han enfrascado en un ejercicio ilegal de “reescritura” de las leyes.

Añaden que las agencias han violentado, entre otros, la libertad de expresión de los estados y violentan la separación de poderes. “Los demandantes, basándose en su entendimiento de lo que disponen los títulos IX y VII, han adoptado leyes y políticas, y han establecido baños, duchas, residencias estudiantiles, cambiadores y otras instalaciones habitacionales separadas por sexo”, apuntan los estados como parte de la exposición de daños que sufrirían si se mantiene la postura del gobierno federal.

Para ver el documento ilustrativo de Educación Federal, pulse aquí.

Vea:

Gobierno federal ordena la protección de la identidad de género en las escuelas