Estos trabajadores, que en su mayoría son mujeres, tienen como requisito mínimo haber culminado el cuarto año de escuela superior y disponibilidad para trabajar.

El Departamento de Educación (DE) todavía tiene 908 plazas vacantes y necesidad de asistentes de los alumnos con diversidad funcional, conocidos como T1.

Sumado a eso, cuando el DE en efecto logra llenar plazas vacantes, incumple con adiestramiento de estos ayudantes y no ejerce un rol activo ante las quejas de los padres por falta de servicios de terapias, según denunciaron varios deponentes a la Comisión Especial del Senado para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación.

De acuerdo a Karen De León Otaño, de los 5,897 puestos, más de 3,000 son ocupadas por personas catalogadas como ‘irregulares’ que solo tienen un contrato con el DE, así como 908 plazas vacantes.

“Deben ser cubiertas con trabajadores regulares y que se conviertan en parte del grupo para darle continuidad a los servicios que prestan”, recomendó De León Otaño, presidenta de la Unión Paso, que representa a los asistentes de Educación Especial en el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

Estos trabajadores, que en su mayoría son mujeres, tienen como requisito mínimo haber culminado el cuarto año de escuela superior y disponibilidad para trabajar. El salario que devengan se encuentra entre $900 y $1,000 y contar con certificaciones adicionales podría representar una diferencia en el ingreso, pero, según De León Otaño, es mínima.

Un T1 ejerce diversas tareas con el fin que los alumnos con diversidad funcional tengan acceso a la educación. De acuerdo a la licenciada María de los Ángeles Garay, profesora de la Clínica de Educación Especial de la Universidad de Puerto Rico, la tarea del T1 puede ser hasta ayudar a que los estudiantes permanezcan sentados. No obstante, mostró preocupación porque a veces estos asistentes no están preparados para ofrecer el servicio.

“De nada sirve que pongan a estos niños en junio para remediar, si no hay asistentes”, planteó Garay, ante el anuncio del DE de comenzar el año escolar extendido el 1 de junio.

La vista pública fue llamada ante la decisión del DE de cambiar la política pública sobre los y las T-1, así como las alteraciones en los servicios ofrecidos mediante el mecanismo de Remedio Provisional.

“Ha resultado de especial preocupación para la comunidad de Educación Especial la notificación de parte del Departamento de políticas que pudieran estar modificando dos de los recursos para nuestros niños y niñas con diversidad funcional. La disponibilidad de asistentes que se conocen como T1 y el mecanismo de remedio provisional que es una de las grandes ganancias del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez”, señaló la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, quien preside la Comisión.

Otra de las denuncias hechas por las deponentes yace en que el DE ha optado por ser un intermediario entre los padres y los proveedores de servicios de terapias, en lugar de ser el centro activo que muestra la disponibilidad de servicio y se asegura de su cumplimiento. Uno de los señalamientos es que el portal digital que usan los padres de niños de Educación Especial, no funciona como debería.

“El DE tiene que dejar ese largo inventario de excusas que le dan a los padres de ‘MiPE no me lo permite’. Tienen que hacer que MiPE permita, porque tristemente MiPE está decidiendo sobre los COMPU de mis hijos”, expresó Keila Pérez Lugo, madre de un niño con diversidad funcional.

Mi Portal Especial, mejor conocido como MIPE, es un portal digital desarrollado en el 2010 que permite a los usuarios discutir evaluaciones de Asistencia Tecnológica, dar seguimiento a referidos o solicitar los servicios.

El COMPU, por su parte, es el Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU).

De acuerdo a las declaraciones de Pérez Lugo y de Ruth Concepción Rivera, terapeuta ocupacional y ambas activistas del Movimiento S.O.S de niños de Educación Especial, MIPE dice de forma automática que los niños van a recibir terapias por un proveedor en su pueblo. Sin embargo, no especifica quién dará el servicio.

“Eso crea el problema al padre, como han dicho ya, que solicite remedio provisional, solicita servicio porque nadie lo está ofreciendo, Educación lo que hace es tocar base con esos proveedores para ver si el servicio se está ofreciendo. Y como MIPE dice que sí, porque todos están cubiertos, pues el padre recibe un rechazo”, abundó Concepción Rivera.

La vista pública se basa en la Resolución del Senado 42, de la cual ya se han hecho varias vistas públicas y se han rendido dos informes. En una vista previa, se reveló que el DE no ofreció todas las terapias a los alumnos de Educación Especial debido al cierre total, o “lockdown”, que provocó la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. Un año después, tampoco había presentado un plan para reponerlas ni consideró vacunar a los jóvenes de este programa que eran elegibles para la inoculación por su edad.