El ente fiscal autorizó el uso de $24.4 millones, pero descontó $5.6 millones por el atraso en implementar un sistema de asistencia eficiente.

Un día antes de que la Comisión de Nombramientos del Senado rechazara su nombramiento, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó a la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, que liberaba $24.4 millones en fondos que congeló a la agencia por deficiencias en el proceso de asistencia y pago de nómina.

En la carta del 16 de abril, la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, indica que el ente fiscal tomó la decisión luego de corroborar que el Departamento de Educación detuvo la “aprobación en masa” de hojas de asistencia desde el 31 de marzo.

Originalmente, la JSF retuvo $30 millones ante la incapacidad de la agencia de implantar un sistema de tiempo y asistencia eficiente que evitara el pago a empleados inactivos o que no registraran su asistencia siguiendo las políticas del Departamento de Educación.

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La misiva, sin embargo, detalla que la transferencia autorizada refleja un descuento de $5.6 millones que corresponde a la tardanza en implementar el programa “Time and Attendance”, que debió entrar en vigor para el periodo del 31 de enero al 15 de febrero, y la eliminar la aprobación en masa de las hojas de asistencias de los empleados y maestros de la agencia.

Aponte Santos asumió las riendas de la agencia el 2 de enero y los problemas en el sistema de nómina de la agencia afloraron en su vista de confirmación.

Dos semanas antes, la propia JSF había rechazado una petición de Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para liberar los fondos alegando que todavía quedaban asuntos pendientes relacionados a la integración del sistema de asistencia y de nómina.

La retención de fondos, catalogada como “clawback”, había entrado en vigor a inicios de enero como medida de presión para obligar a Educación a adoptar con prontitud un sistema de ponches eficiente. En septiembre del año pasado, la Junta reveló que, entre el 2007 y el 2020, el Departamento de Educación pagó $84.2 millones en exceso a un total de 17,500 empleados, que no contaban con el tiempo acumulado para tomar licencias, y a empleados inactivos, que ya no laboraban en la agencia.

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Veinticuatro horas después de recibir la carta, la Comisión de Nombramientos presentó un informe negativo y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia retiró el nombramiento Aponte Santos.

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