El Departamento de Educación mantiene varios contratos de alquiler que tenían la intención de sustituir escuelas afectadas por los terremotos, aunque el semestre fue en modalidad virtual por la pandemia.

El Departamento de Educación (DE) tiene al menos 10 contratos adicionales al que fue revelado la semana pasada con el Copamarina Beach Resort & Spa que tienen el propósito de proveer espacios sustitutos para los planteles afectados por los terremotos de enero del año pasado, pero que se mantuvieron aún cuando, con la declaración de emergencia de la pandemia, no había clases presenciales en el sistema público.

Los datos se derivan de información provista por el DE después de varias solicitudes de NotiCel que se hicieron necesarias porque la dependencia no entregaba la información completa. Incluso, en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor aparecen más contratos relacionados con este tipo de alquiler que los que la agencia reconoce en sus divulgaciones.

Según los datos más recientes, la agencia tiene 11 contratos de alquiler relacionados a la sustitución de planteles por los terremotos, incluyendo el revelado la semana pasada con Copamarina durante la sesión de interpelación de la secretaria designada, Elba Aponte Santos. Adicional a estos 11 acuerdos, la agencia informó que otros nueve contratos relacionados a esta emergencia están “en curso”, o lo mismo que no han sido concretados.

Todos los contratos otorgados bajo la justificación de sustituir planteles afectados por los terremotos enfrentan el mismo cuestionamiento de por qué se mantuvieron vigentes durante el año pandémico de 2020 a pesar de que el sistema público suspendió las clases presenciales en marzo por la declaración de emergencia del coronavirus y todavía no hay fecha concreta para regresar a los planteles, más allá de las metas del gobernador Pedro Pierluisi de comenzar a reabrir planteles el mes próximo.

La tramitación de estos contratos recayó en la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción (OIR) del DE, quien está al mando de Alejandro Ernesto Olmedo Borja, un funcionario que compareció a las vistas de transición del secretario saliente, Eligio Hernández Pérez, y se mantiene bajo la secretaria designada. Antes del DE, Olmedo Borja fue director de la Oficina de Compras de la Oficina del Gobernador y desde allí intervino en la compra de la controversial guagua blindada para el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares que la Administración de Servicios Generales refirió para investigación del Departamento de Justicia recientemente. En una entrevista con NotiCel antes del cambio de administración, el funcionario sostuvo que La Fortaleza se limitó a seguir las recomendaciones del exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, en cuando a la compra del vehículo.

Sobre los contratos para sustituir planteles, Olmedo Borja dijo que eran reembolsables con fondos federales a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Fuentes de NotiCel en el DE indicaron que los contratos los manejaron Olmedo Borja y el exsecretario de Educación designado, Eleuterio Álamo, quien se mantuvo en la agencia como subsecretario después de que intentara sin éxito sustituir a la exsecretaria, Julia Keleher. El informe de transición indica que, tras los terremotos de enero de 2020, hubo “destrucción total en 53 planteles, destrucción parcial en 253 planteles y daños mínimos en 551 planteles”. “FEMA aprobó la declaración de emergencia en 157 planteles de los 14 municipios, sin embargo, FEMA únicamente ha inspeccionado 35 escuelas, lo cual ha atrasado este proceso”, añade.

Hernández Pérez firmó el contrato de Copamarina el 16 de noviembre de 2020 por $1,395,000 (a razón de $139,500 mensuales y $25 por pie cuadrado). Después de que la legisladora popular Lydia Méndez le preguntara por el contrato durante la sesión de interpelación, la secretaria designada admitió que no se habían usado las facilidad, pero se habían pagado $279,000, y ordenó cancelar el acuerdo.

Otros contratos incluyen:

-Complejo Ferial de Ponce (Intertrade Development Group): del 7 de febrero al 8 de julio del 2020 por $749,228.80, del 9 de julio al 31 de julio de 2020 por $134,861.19 y del 17 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021 por $1,483,472.98; abarcan 89,728 pies cuadrados a razón de $1.67 el pie cuadrado. Este contrato no está firmado por Hernández Pérez sino por la subsecretaria de Administración, Rebeca I. Maldonado Morales y no aparece firmado por ningún revisor legal de la agencia.

-Centro del Sur Shopping Center (Prime Property Management Corp.): del 14 de febrero al 30 de junio 2020 por $119,937.50 para 10 salones de entre 25 a 30 estudiantes cada uno; 11,514 pies cuadrados a $25 por pie cuadrado para $23,987.50 de renta mensual. Firmado por Maldonado Morales sin otra firma del DE.

-Caribbean University en Ponce: del 15 de febrero al 30 de junio de 2020 por $191,837.40 para 22 salones de un máximo de 25 estudiantes; 28,246 pies cuadrados; $16.30 por pie cuadrado y $38,367.48 mensuales. Firmado por Maldonado Morales sin otra firma del DE.

-Almacén San Rafael #1 en Ponce (Prime Property Management Corp.): del 25 de febrero al 30 de junio de 2020 por $941,665 para 64 salones de entre 25 a 30 estudiantes cada uno para 100,000 pies cuadrados a razón de $22.56 por pie cuadrado y $188,333 de renta mensual. Firmado por Maldonado Morales sin otra firma del DE.

-Almacén San Rafael #2 en Ponce (Prime Property Management Corp.): del 25 de febrero al 30 de junio de 2020 por $479,165 para 35 salones de entre 25 a 30 estudiantes cada uno para 50,000 pies cuadrados a razón de $22 por pie cuadrado y $95,833 de renta mensual. Firmado por Maldonado Morales sin otra firma del DE.

-Tres contratos con el Municipio de Yauco para Centro Comunal del barrio Rubias ($5 el pie cuadrado para pago mensual de $5,580 y total de $55,800); Centro Comunal Almácigo Bajo ($5 el pie cuadrado para pago mensual de $20,880 y total de $208,800); Centro Comunal de Arturo Lluberas ($5 el pie cuadrado para pago mensual de $6,720 y total de $67,200). Todos los contratos con el municipio de Yauco firmados por la subsecretaria de Administración, Amarillys Silver Rodríguez, con el visto bueno de personal de la Oficina de Asuntos Legales y Política Pública y duración de diciembre 2020 a junio de 2021.

Además, conectados con la emergencia de los terremotos hay un contrato de $181,120 con el Club de Leones de Sábana Grande para uso de local entre el 14 de diciembre de 2020 y el 30 de junio de 2021 y un contrato con la Compañía de Fomento Industrial para 14 localidades en Ponce, Comerío, Guayanilla y Guánica para usarse como almacenes de equipo de las escuelas consolidadas por los terremotos y salones de clase durante cinco años a partir del 31 de julio de 2020 por unos 369,000 anuales.