Alvarez & Marsal fue escogida en Abril del año pasado, pero objeta cláusulas en el contrato.

Ante el tranque en la negociación del contrato con la empresa que fungiría como síndico del Departamento de Educación, el Gobierno no descarta abortar el trámite para escoger otra firma y finalmente cumplir con ese requisito del Departamento de Educación federal.

En Abril del año pasado, el Departamento de Educación anunció la selección de la firma de consultoría Alvarez & Marsal como el ente externo que supervisaría el uso de fondos federales de la agencia.

Pero siete meses después, en las vistas de transición gubernamental, el exsecretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, reveló que el proceso de contratación no había culminado porque la firma objetaba algunas cláusulas del contrato

Esta semana, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia indicó que pidió a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), que identifique el problema para tomar una decisión final.

“Están ahora mismo en el proceso de revisar cuál es el tranque, si le llamamos así, para resolverlo, porque lo que yo he dispuesto es que no quiero poner en peligro fondo federal alguno y en esa área estamos hablando de más de $300 millones que están disponibles, pero sujetos a que se acabe de nombrar un monitor”, afirmó el Gobernador a preguntas de la prensa en La Fortaleza.

“Lo que yo he dicho es si alguna razón no se puede contratar a la firma esta Alvarez & Marsal con la que ese llegó en principio a un acuerdo, si es que eso no se puede resolver, pasemos al plan B: quién fue el segundo mejor postor -si lo hubo- y acabar de negociar otra alternativa”, agregó.

Hernández Pérez mencionó durante las vistas de transición que ante el tranque en la negociación procuró la ayuda de La Fortaleza y Aafaf.

“Ha habido una extensa y basta negociación con el contrato. El proveedor seleccionado desea que el contrato no contenga unas cláusulas que la ley estatal de Puerto Rico establece que son medulares dentro y que son requisitos de Ley. No puedo entrar a identificar específicamente esas cláusulas porque estamos todavía finalizando la discusión. Ellos traen su experiencia en otras jurisdicciones, pero el Secretario del Departamento de Educación no puede violar la Ley estatal ni la puede dejar pasar por alto”, apuntó en ese momento.

El contrato de $43 millones también requiere de la aprobación de la Junta de Control Fiscal.