Los testimonios de decenas de familias con estudiantes en el sistema de educación pública que necesitan alimentarse durante el toque de queda establecido para controlar la propagación del COVID-19, recogidos por organizaciones que trabajan con niños y comunidades, no han sido suficientes para convencer al Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico de abrir los comedores escolares para preparar comidas balanceadas para llevar.

Entidades como la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico y el Instituto Nueva Escuela (INE) han documentado el sentir de esta población. La encuesta del INE, en la que participaron 2,700 familias de niños en el sistema Montessori público reflejó que el 68% están preocupadas por proveer alimentos a sus hijos y 56% dijeron que usarían el comedor de la escuela si estuviera disponible. Además, el 4% de las asistentes de escuelas Montessori afirmaron tener conocimiento de que algún estudiante o su familia pudiera tener escasez de alimento a causa de esta emergencia.

La líder comunitaria del sector Playita en San Juan, Rosalyn Hernández, es una de las personas que confirmó esta preocupación en un vídeo en el que la madre de un adolescente de 16 y un bebé de seis meses describió que, “lo más difícil de esta situación es que la comida se acaba y no puedes salir, no puedes trabajar. Los hijos están ahora 24/7 en la casa, no tienen servicio de comedores…”.

La maestra de la escuela intermedia Gloria M. Borrero de Guayanilla, Amarilis Nazario, contó que “hubo un padre en uno de los chats de la escuela que avisó que se le iba a acabar el Internet en el teléfono y que eso no iba a ser prioridad [para las tareas escolares]. Primero es comprar comida”.

Por los pasados cinco años, el nivel de pobreza entre menores de edad se ha mantenido constante, pero con una tendencia al alza del 56% al 58%, analizó el Instituto de la Juventud (IDJ) en su Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud de 2019. El desempleo también es un agravante, puesto que 47% de las familias tiene uno o ambos padres sin trabajo. La falta de trabajo se recrudeció desde la declaración de la emergencia por el coronavirus, lo que se refleja en las más de 170 mil solicitudes de desempleo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Las solicitudes al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) también aumentaron desde esa fecha. En enero, el Departamento de la Familia aprobó 8,538 solicitudes al PAN, en comparación con las 10,258 aprobadas desde el 12 de marzo, cuando la Gobernadora declaró la emergencia.

Leisha Negrón es terapista del habla y luego de la pausa obligada por los sismos a principios de año, solo pudo trabajar un mes. Es madre soltera de un niño de cinco y una niña de ocho años. Ambos estudian en la escuela pública Montessori Juan A. Sánchez, de Juncos. “Todavía estoy luchando el desempleo. Solicité los cupones, pero yo sin trabajar… ayudan, pero no dan. Dura como para dos semanas. Las otras dos empato con lo que tengo o con la pensión alimentaria, cuando la pasan. Si abrieran los comedores, yo que vivo cerca, sería más fácil. Si no hubiera gente del comedor que quisiera trabajar, voy de voluntaria”, contó.

Puerto Rico recibe la menor asignación mensual del PAN por individuo: $112, en comparación con los 50 estados y territorios que en promedio reciben $261, según datos del programa federal recopilados por el Center on Budget and Policy Priorities.

Quienes de ordinario reciben al menos unas 10 comidas a la semana en los comedores de las escuelas públicas no tienen este alimento desde la orden del toque de queda el pasado 16 de marzo. El servicio es costeado por programas del Departamento de Agricultura federal (USDA en inglés). El Departamento decidió donar los alimentos a un grupo de 91 organizaciones sin fines de lucro, amparándose en la Ley federal de Almuerzos Escolares de 1946 y las guías de la división de Servicios de Nutrición y Alimentos (FNS en inglés) del USDA de 2012, obviando que la Ley 85 de 2018 conocida como la Reforma Educativa establece entre los deberes del Secretario “hacer disponibles los servicios de comedor y transporte escolar”.

“Estas organizaciones se encargan del manejo y distribución de las comidas confeccionadas con los alimentos provistos y lo hacen para toda la población que tradicionalmente atienden; esto incluye a los estudiantes de esas comunidades desventajadas. La Autoridad de Alimentos Escolares (AEA) documenta las donaciones, en caso de que la FNS las solicite o sea necesario para algún proceso de una monitoría futura”, respondió el portavoz de prensa del DE, Aniel Bigio, al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

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