En un nuevo capítulo en el proceso de adquisición de equipo tecnológico en el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, otra demanda fue radicada en el Tribunal de Apelaciones impugnando la reciente decisión de la Junta de Revisión Administrativa de la agencia que adjudicó una partida de la subasta de compra de computadoras a la empresa Computerlink.

La revisión judicial presentada el 5 de agosto por los abogados de la empresa WF Computer Services solicita al Tribunal que revoque la determinación de la Junta que ratifica la compra de las computadoras a la empresa que licitó a un costo mayor e incumplió con los requisitos de la subasta.

'Se solicita de este Honorable Tribunal de Apelaciones que se declare CON LUGAR el presente recurso, y en su consecuencia decrete la revocación de la confirmación por parte de la Junta Revisora del DE, sin documentación tecnica o relevante alguna en sustento de sus determinaciones, por ser contraria a derecho', lee el recurso presentado por el licenciado Roberto Alonso Santiago, representante legal de WF Computer Services.

Te interesaría leer: Justicia no investigó referido por subastas en Educación

Los hechos se remontan al 2017 y 2018, cuando WF Computer Services impugnó administrativamente dos subastas formales realizadas por el DE para la adquisición de equipo tecnológico alegando que la descripción de las especificaciones del equipo a comprar retrataban una marca en específico para favorecer a Computerlink.

En medio del proceso de revisión, el DE canceló las dos subastas 'por cese de necesidad' para posteriormente abrir requerimientos de propuestas (RFP) para la compra del mismo equipo. Esto provocó que WF Computer Services acudiera a los Tribunales.

En abril pasado, el Tribunal de Apelaciones ordenó la revocación de la cancelación de las subastas y devolvió el caso a la Junta de Revisión para culminar la impugnación radicada por WF.

La decisión inicial de la Junta de Subastas del DE partió de que no podía otorgar la licitación de las 'laptops' a WF Computer Services debido a la ausencia de una actualización al sistema Bluetooth 4.2 que permitía cargar las computadoras de manera inalámbrica. WF indicó que el ganador de la subasta tampoco podía proveer esa actualización pues al momento de adjudicarlo esa herramienta no estaba disponible.

Aunque se sometió evidencia tecnica y pericial de suplidores como Lenovo, Microsoft e Intel que confirmaban que el equipo cumplía con la especificación del Bluetooth 4.2, la Junta Revisora ratificó la compra de las computadoras a Computerlink bajo el planteamiento de que fue el único licitador que cumplía con ese requisito y pese a que ofertó el equipo a un mayor costo.

'A la luz de las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, resolvemos declarar NO HA LUGAR a la Solicitud de Revisión de WF y confirmar la determinación de la Junta De Subastas en adjudicar la buena pro de la partida 4 de la subasta a Computerlink', lee la decisión de la Junta Revisora del DE con fecha del 15 de julio de 2019.

Sin embargo, la revisión judicial radicada por WF Computer Services plantea que la determinación es arbitraria porque no contiene fundamentos tecnicos que evidencien que el equipo no cuenta con el requisito de Bluetooth 4.2, y que incluso el ente obvió las certificaciones de los suplidores que confirmaban el requisito. En el recurso legal nuevamente se le imputa a Educación mantener una 'conducta preferencial' por Computerlink, provocando una competencia desleal entre los licitadores durante la subasta.

'Ante las reiteradas actuaciones infundadas, arbitrarias, irracionales y/o ilegales de la Junta de Subasta y la Junta de Revisión del Departamento de Educación, cuyas motivaciones infundadas, conducta preferencial, trato injusto a los licitadores, competencia desleal en el proceso de subasta y detrimento del interes y el erario público (sic) han quedado manifiestos en el expediente administrativo de la agencia en cuanto a la referida subasta', plantea la representación legal de WF Computers.

El pasado 9 de agosto, el DE sufrió otro reves en el proceso de compra de poco más de 159,000 computadoras tras el Tribunal de Apelaciones dejar sin efecto la adjudicación del requerimiento de propuestas (RFP). El Tribunal determinó revocar el proceso porque la agencia había cancelado la subasta por falta de necesidad lo que impedía utilizar un mecanismo alterno para comprar el mismo equipo que había dicho no necesitaba comprar.

Las supuestas irregularidades en el proceso de subastas para favorecer a un suplidor se encuentran desde octubre de 2018 ante la atención del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia (DJ) en sendas querellas radicadas desde octubre de 2018.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Educación federal, la Junta de Control Fiscal (JCF), la exsecretaria del DE, Julia Keleher, y el renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares, fueron alertados de las denuncias en una carta enviada en agosto del pasado año; así como sendas resoluciones para investigar el asunto están radicadas sin que se les haya dado paso.

Además, WF Computer Services tambien ha demandado en el Tribunal Federal solicitando que se detenga el proceso de selección y adjudicación de la compra de miles de computadoras de parte de la agencia.

Por su parte, el Lcdo. Alonso Santiago exigió a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que ordene la remoción de los funcionarios que adjudican las contrataciones en las agencias y los sustituya por directores que respondan a los principios de transparencia. El representante legal de WF Computer Services dijo a NotiCel que esa es la única manera de evitar la corrupción en el proceso de compra de bienes y servicios en el Gobierno.

'Es la única forma que se pueden implantar los logros judiciales y las denuncias de los licitadores víctima de la corrupción. Proteger de manera efectiva los fondos públicos bajo la responsabilidad del Estado en virtud de la constitución de Puerto Rico es sustituir las estructuras administrativas que actualmente existen en las agencias públicas que manejan las compras de bienes y servicios mediante procedimientos de subasta. Nombrar nuevos directores que le respondan a los principios de transparencia y rectitud que se comprometió la Gobernadora', señaló el abogado.