El gobernador Ricardo Rosselló anunció hoy que estará vetando el proyecto cameral que busca entablar un nuevo proyecto de Educación Especial.

Así lo confirmó el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas.

El proyecto buscaba crear la Ley para la Educación de los Niños con Discapacidades en Puerto Rico que elevaría el mecanismo de remedio provisional a rango constitucional 'atendiendo las preocupaciones de los padres', como había adelantado en el momento de su presentación el secretario de Educación Especial auxiliar, Eliezer Ramos Pares.

Según un comunicado de prensa emitido por Fortaleza, el proyecto requería de fondos adicionales no presupuestados, lo que lo hace incompatible con el Plan Fiscal.

'Como parte del análisis, el Gobernador solicitó al Departamento de Educación que revisara los números de impacto fiscal que pudiera tener la medida. Aun así, la cifra se mantuvo en los $90 millones anuales, lo que imposibilitó la firma de la medida', expresó Maceira Zayas.

En primer lugar, la medida ordena una evaluación inicial para todo menor discapacitado efectuada por personal capacitado en todas las escuelas. El costo por la capacitación de este personal y por las evaluaciones es de sobre $9 millones anuales.

De igual forma, la medida crea oficinas regionales de Educación Especial que tendrán un impacto de sobre $1.5 millones. Tambien ordena un campamento de verano que tiene un impacto de $3.7 millones.

Por último, y el impacto mayor de la medida, son los referidos de terapia a remedio provisional, luego de transcurridos 60 días de la solicitud de servicios. El acortar los terminos para evaluación de los servicios tiene un impacto fiscal de sobre $72 millones.

Johnny Mendez lamenta el veto

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Mendez Núñez, lamentó el veto de bolsillo del Gobernador a la medida que viabiliza la primera Ley de Educación Especial en Puerto Rico y responsabilizó a la Junta de Supervisión Fiscal por el mismo.

El líder legislativo destacó, además, que la Cámara continuará buscando alternativas para mejorar los servicios que reciben los estudiantes adscritos a programa de educación especial.

'Lamentamos profundamente que las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal, ente federal impuesto por nuestra condición colonial, sean la piedra en el camino para que los niños de la corriente de educación especial no puedan recibir una mejor calidad en los servicios prestados en estos momentos. Es triste que se coloque un precio sobre las necesidades de estos talentosos estudiantes que únicamente necesitan de nuestra ayuda para alcanzar sus más altos potenciales. La Junta tiene que entender que esto no sólo se trata de un ejercicio de dólares y centavos en una tabla de Excel; aquí se trata de jóvenes con mucho potencial que se le están privando de herramientas para su futuro y eso se tiene que denunciar', señaló el presidente de la Cámara.

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