Ante el cierre de 283 escuelas públicas, comisionado por el Departamento de Educación (DE), y tras la aprobación de una reforma educativa cuyo contenido estatuario incluye un protocolo detallado para proceder con el cierre, surgen cuestionamientos por el magisterio y padres sobre el cumplimiento de la agencia con la nueva ley.

Lo cierto es que, aunque la ley 85 del 2018 establece un procedimiento detallado para viabilizar el cierre de una escuela, ese procedimiento no entra en vigor inmediatamente, sino hasta verano de este año.

Durante una reunión con padres de estudiantes la semana pasada, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, denunció que el DE no llevó a cabo el procedimiento detallado en la ley para autorizar el cierre de una escuela. En ese momento, su llamado a los padres fue exigir a las escuelas a que presenten dicha evaluación.

El domingo, tras una asamblea convocada por varias organizaciones magisteriales bajo la sombrilla del Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP), la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, alertó que el producto final que convirtió en ley el gobernador provee para que ese proceso de evaluación comience a partir de junio del 2018.

Según explicó a NotiCel, durante el proceso de vistas públicas para evaluar el entonces proyecto, Martínez señaló que el lenguaje de la medida establecía que la secretaria del DE tenía la facultad de cerrar escuelas de acuerdo al criterio de la agencia. Sin embargo, en el caso de escuelas charter, la medida establecía un protocolo riguroso de evaluación para cerrar las escuelas, contenido en el artículo 8.01.

En fin, el lenguaje que empoderaba al DE a cerrar escuelas fue eliminado, y se estableció las mismas condiciones para el cierre de escuelas tanto a las públicas como a las charter. Sin embargo, la ley aprobada refleja que el procedimiento de cierre no se pondrá en vigor hasta despues del 1 de junio del 2018.

'Efectivo el 1 de julio de 2018 y previo al cierre, consolidación y/o reorganización de cualquier escuela, el Secretario deberá preparar un estudio. El referido estudio deberá contener indicadores de medición que permitan la valorización por cada criterio', reza el inciso f del artículo 8.01 de la ley. Dicho inciso detalla unas 15 condiciones adicionales para efectuar el cierre de una escuela.

'Toda la ley es efectiva ahora. Pero la aplicabilidad del artículo 8.01 de la ley para el protocolo del cierre de escuelas eso lo vamos a activar en junio. Así están jugando sucio, porque no hay otra palabra, con los niños de este país que van a sufrir. El cierre está vilmente planificado al dedillo porque establecen que en junio es que empieza eso. Porque saben que, si establecieran el protocolo, esas escuelas no se cerrarán', declaró Martínez.

El FADEP convocó a una manifestación el próximo viernes 20 de abril en el Capitolio para exigir se derogue la ley y se legisle por una reforma educativa nueva. Según sostuvo el presidente de UNETE, Emilio Nieves, el lenguaje del artículo 8.01 será uno de los puntos que destacarán pues entienden que le da a la secretaria, 'mano libre para el cierre de escuelas'.

Nieves además indicó que evalúan la posibilidad de objetar la ley en los tribunales, aunque no abordó los elementos adicionales de la ley que estarían impugnando.