La exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, junto a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila Marrero, fueron protagonistas de dos esquemas similares de corrupción para desfalcar a la isla de fondos federales y enriquecer a sus allegados.

En este trío de esquemas jugó un rol importante la firma de contabilidad BDO Puerto Rico, su director en la División de Asesoría de Negocios, Fernando Scherrer Caillet, y su consultor y enlace a las agencias de gobierno, Alberto Velázquez Piñol.

Según detalló Fiscalía federal en rueda de prensa hoy, miércoles, se trata de dos esquemas de corrupción en Educación y uno en ASES, que además involucran a las hermanas Mayra y Glenda Ponce Mendoza en el DE. Los tres esquemas movieron $15.5 millones en fondos federales.

En el primer esquema se ubica a Keleher beneficiando a las hermanas Ponce Mendoza, amigas de la exfuncionaria y también coacusadas, para otorgar un contrato a la compañía Colón & Ponce, propiedad de Mayra Ponce Mendoza.

A las hermanas Ponce Mendoza se les impuso una finana de $10,000 a cada una; mientras Ávila Marrero obtuvo una fianza de $25,000 y Scherrer Caillet la mayor fianza para quedar en libertad hasta la vista de causa: $2 millones. Todos se declararon no culpables.

Aunque se hizo un requerimiento de propuestas, el contrato de consultoría estaba preotorgado por órdenes de la entonces secretaria. Glenda Ponce Mendoza, ayudante de Keleher, le facilitó a su hermana información interna para que hiciera la propuesta. Aunque funcionarios del DE determinaron que la compañía no estaba cualificada para ofrecer los servicios, la propia Keleher presionó para que se le otorgara el contrato con fondos federales.

'Dándole una ventaja indebida ante las demás compañías que participaron de la licitación. Glenda envió la propuesta a una persona que trabajaba en Keleher & Associates para que la ayudara a enmendar la misma… obviamente, facilitó que pudiera someter dicha propuesta pero aun así la entregó dos días después de la fecha de cierre', explicó la jefa interina de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

En ambas agencias asesores de BDO contratados realizaban tareas con acceso a información privilegiada y daban órdenes sin ser empleados ni contratistas directos del Gobierno, figurando como eje central Velázquez Piñol junto a Scherrer, activo donante durante la campaña electoral del hoy gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Las autoridades federales ubican a Keleher junto a su ayudante, Ponce Mendoza, y una funcionaria que no se identifica en el pliego acusatorio, enviando información de la agencia mediante correos electrónicos personales para facilitarle a BDO la preparación de las propuestas para contratos.

'En febrero de 2017, Keleher utilizó su teléfono personal para tomarle una fotografía a una comunicación interna del Departamento [de Educación] y le envió dicha fotografía al correo de Velázquez Piñol', indicó Rodríguez Vélez

En el caso de ASES, la entonces directora también favoreció directamente a BDO enviándole información a Velázquez Piñol para contratar a la firma.

Para ver la acusación federal, pulse aquí:

'El mismo 25 de enero (2017) Ávila se reunió con la junta de directores de ASES le presentó las propuestas de contratos de la compañía C -BDO- los cuales fueron ratificados por la junta de directores en marzo primero', explicó Rodríguez Vélez.

Por sus servicios, Velázquez Piñol recibía una comisión de 10% de los contratos que le lograba conseguir a BDO, a través de su empresa Azur. En total, el consultor recibió $219,059 por los contratos adquiridos en educación y $710 mil por los contratos adquiridos en ASES.

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