La JSF rechaza petición para soltar $30 millones de nómina y $4.3 millones en incentivos por cumplir con la implementación de un sistema de ponches digitales antes de la fecha límite.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se negó a liberar $30 millones del Departamento de Educación porque, pese a que la agencia implementó el sistema de validación de asistencia y horas trabajadas para sus empleados que se le exigió, también dio paso a “aprobaciones masivas” de pagos de nómina que, a juicio del ente financiero, son contraproducentes.

Como si fuera poco, Educación pidió otros $4.3 millones por cumplir con la implementación de dicho sistema de ponches digitales antes de la fecha límite. El ente financiero tampoco concedió esa solicitud para que se adelantaran los incentivos atados al cumplimiento con el programa de nómina.

Ambas peticiones forman parte de una misiva que Omar Marrero Díaz, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, envió a la Junta el pasado 26 de marzo. Ese mismo día, la JSF celebró su reunión mensual pública y -a preguntas de NotiCel- su directora ejecutiva, Natalie Jaresko señaló que no liberaría los $30 millones hasta que la agencia demostrara que adoptó la política de tiempo y asistencia de forma efectiva.

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Seis días después, cursó una comunicación a Marrero Díaz reiterando la decisión.

“Una vez el Departamento de Educación demuestre que ha implementado todos los procesos y controles de manera exitosa para evitar desembolsos de nómina incorrectos, entonces la Junta consideraría liberar esos fondos”, afirmó Jaresko en una carta del 31 de marzo.

La retención de fondos, catalogada como “clawback”, está vigente desde enero porque Educación no había cumplido con la directriz de Jaresko de incorporar un sistema de ponches eficiente. La orden se basó en que, entre el 2007 y el 2020, el Departamento pagó $84.2 millones en exceso a un total de 17,500 personas que ya no trabajaban en la agencia porque fueron despedidos, se retiraron o fallecieron.

Aunque Educación adquirió y da mantenimiento al sistema Kronos a un costo de $33 millones en todas las escuelas y oficinas, unos 5,384 empleados como quiera no registraban su asistencia a sus labores diarias. Por tanto, la JSF ordenó el “Time & Attendance Project” (T&A) para el periodo del 16 de febrero al 28 de febrero, a ser pagado el 31 de marzo.

Pero Educación realizó “aprobaciones masivas” de pagos para los periodos que coinciden con el lanzamiento del sistema integrado de nómina y asistencia.

Jaresko ya había abordado este asunto en una carta que envió a la designada secretaria de Educación, Elba Aponte Santos, el 18 de marzo. Luego de felicitar a la educadora por cumplir con la política de recursos humanos, contenida en el plan fiscal de la agencia, la Directora Ejecutiva le solicitó descontinuar dicha práctica de aprobaciones masivas y “enfocarse en tomar medidas correctivas en contra de los supervisores” que incumplían con las políticas de la agencia. También requirió a la agencia establecer un pago de nómina fuera del ciclo ordinario para atender los ajustes de asistencia de los empleados.

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“Como hemos mencionado antes, las aprobaciones masivas no son recomendadas bajo ninguna circunstancia, ya que su práctica socava el sistema que se ha puesto en marcha y absuelve a los empleados de su responsabilidad de asegurarse que están usando el sistema de forma adecuada”, explicó Jaresko en la comunicación a Aponte Santos, que anexó en la carta de denegación que envió a Marrero Díaz.

En esa misiva a la Secretaria de Educación, la ejecutiva aseguró que 93 supervisores de Educación incumplieron con la revisión de 224 peticiones de pago, lo cual afectó a 199 empleados.

“Mirando hacia adelante, el Departamento de Educación debe cesar esta práctica y, en su lugar, enfocarse en tomar acciones correctivas sobre supervisores que incumplan, al igual que en implementar procesos que produzcan nómina fuera de ciclo para inmediatamente corregir ajustes en pagos hechos a empleados activos”, añadió Jaresko.

La JSF subrayó que la meta dispuesta para la implementación correcta del T&A es el 21 de mayo, por tanto, no será hasta entonces que se evalúe si en efecto se acató la orden y si se liberan los $30 millones y los otros $4.3 millones.

“Para ambos incentivos presupuestarios, la Junta de Supervisión ha estado trabajando activamente con el DEPR para asegurar que se cumplan las metas”, consignó Jaresko ante la petición de Marrero Díaz.

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