Buscan sanciones por la dilación en el proceso de compra.

El secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, presentará querellas éticas contra dos abogados de la empresa WF Computer Services, luego del intento fallido de la compañía de impugnar una subasta de equipo electrónico, que afectó la compra y entrega de computadoras a los estudiantes del sistema de educación público.

La semana pasada, Hernández Pérez anticipó a NotiCel Investiga que ponderaba tomar acción contra la empresa y su representación legal.

“El Tribunal Apelativo estableció que se sometieron argumentos falsos y estableció una multa a la abogada de la compañía. Si esto no hubiera ocurrido... nosotros hubiéramos tenido sobre 250,000 devices para nuestros estudiantes. Así que la adjudicación tardía, el proceso tardío de entrega de computadoras no es del Departamento de Educación. Es de esta compañía privada inescrupulosa, que inclusive visitó la mayoría de los medios, tirándole al Departamento de Educación cuando su información y argumentos eran falsos”, respondió el educador en ese momento.

Pero ayer el funcionario confirmó que instruyó a la Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Educación (DE) a que presentara una querella ante el Tribunal Supremo contra los abogados de la empresa Roberto Alonso Santiago y Wanda E. Quiñones Nieves. Ambos letrados suscribieron el primer recurso de revisión presentando ante el Tribunal de Apelaciones impugnando la adjudicación de la subasta a otro licitador y la posterior cancelación de esa subasta para dotar a los estudiantes de las escuelas públicas del país de equipo tecnológico propio.

Pugna legal

En esa primera petición de revisión, el Tribunal de Apelaciones ordenó a la Junta de Revisión Administrativa completar el trámite. La Junta reiteró su decisión. Entonces, la licenciada Quiñones Nieves impugnó sin éxito esa resolución resolución final, mientras cuestionó la decisión de la agencia de convocar a una nueva subasta.

Hernández Pérez, en declaraciones escritas a NotiCel, indicó que los casos fueron “claramente temerarios y sin fundamento”.

“El efecto que tuvo fue el retraso en poder adquirir las computadoras del DE y evidentemente en detrimento de la educación de los niños. En especial a los abogados de WF Computer que, a pesar de no tener participación en el caso del RFP, sus gestiones ayudaron e influenciaron el mismo”, insistió.

Esa segunda sentencia del Tribunal de Apelaciones, emitida el 29 de octubre de 2019, concedió la razón a Educación y sancionó a la abogada por sostener su alegato con argumentos falaces.

Los jueces Félix Figueroa Cabán, Gerardo Flores García y Carlos Salgado Schwarz concluyeron que la Junta de Subastas Central y la Junta de Revisión Administrativa actuaron correctamente al rechazar el intento de WF Computer Services de enmendar su oferta fuera de los términos establecidos y a través de un anejo de la petición de revisión administrativa. Esa licitación había sido rechazada porque el modelo de computadora ofrecido no cumplía con los criterios técnicos que requirió el DE.

“No abusaron de su discreción al concluir que la parte recurrente fue un postor no responsivo en cuanto al renglón número cuatro de la subasta”, apuntaron los jueces.

Pero en el caso de la licenciada Quiñones Nieves, los togados censuraron su comportamiento “antiético y (que) resultó en el consumo injustificado de los recursos de la Rama Judicial”.

Consignaron que la abogada hizo representaciones falsas para dilatar el proceso e inducirlos a error. Mencionaron, por ejemplo, que planteó que las especificaciones que Educación requería no existían, pero sustentó este reclamo con documentos de manufacturero que no pertenecían a las computadoras que ofrecía a la agencia. También mezcló los requerimientos de dos subastas diferentes, que respondían a compras de computadoras portátiles y tabletas.

“En el recurso de revisión judicial, la Lcda. Wanda E. Quiñonez (sic) incluye representaciones que no reflejan certeramente los hechos contenidos en el expediente administrativo, hechos conocidos por la abogada”, aseveraron los jueces.

Por eso, impusieron una sanción de $500 a la abogada en su carácter personal, que pagó según corroboró la Oficina de Administración de los Tribunales.

Medida administrativa

Usando esta sentencia como apoyo, el Secretario de Educación solicitó a la Administración de Servicios Generales (ASG) el pasado 12 de mayo que removiera a WF Computer Services del Registro Único de Licitadores del gobierno.

La recién nombrada administradora Karla Mercado Rivera, sin embargo, rechazó retirar el nombre de la empresa de la lista de negocios validados para ofrecer servicios y bienes al gobierno alegando que los señalamientos del Apelativo iban dirigidos a la abogada y no hacia la empresa. Informó esa decisión en una carta que remitió a Hernández Pérez la semana pasada.

Así la cosas, siete meses después de la decisión del Tribunal de Apelaciones, el Departamento de Educación finalmente firmó en mayo los contratos para la adquisición de la tecnología en medio de la crisis creada por la pandemia del COVID-19 y que obligó a los educadores a impartir sus clases de manera remota.

“Nosotros entregamos las computadoras de los maestros en el mes de julio y ahora en el mes de agosto estamos entregando las computadoras de los estudiantes”, precisó Hernández Pérez.

Este semestre, el sistema de educación cuenta con una matrícula de 281,551 estudiantes y cerca de 24,000 maestros y maestras. Para atender esta necesidad, Educación planea entregar 330,000 computadoras. Dará iPads a los alumnos de kinder a segundo grado, pero a los estudiantes de tercero en adelante distribuirá laptops. Cuenta con $539 millones del programa federal Immediate Aid to Star School Operating (Restart) para la adquisición de equipo y otras necesidades. De esta partida, destinó $136.7 millones para comprar 159,330 laptops y iPads, mientras que invirtió $112.6 millones de fondos estatales para adquirir otras 133,500 laptops y 38,200 iPads, según datos de la agencia.

La entrega del equipo, según Hernández Pérez, inició en el área sur, una región golpeada por actividad sísmica desde diciembre pasado. De la Región Educativa de Ponce, Educación se moverá a Mayagüez y luego a las otras regiones.

El proceso, que debe concluir en noviembre, ha sido criticado por la lentitud en la entrega de material de estudio esencial en tiempos de la pandemia, particularmente porque el sistema de educación público atiende a estudiantes de comunidades pobres y desventajas.

Pero entre los estudiantes que ya recibieron su computadora asomó otra necesidad: conexión de internet para conectarse al salón de clases virtual.

Educación aseguró que buscará alternativa para esta asignatura pendiente.

Mira aquí la sentencia del Apelativo.

Mira aquí la carta de Educación a la ASG.