En el salón 228 de la Escuela Intermedia Carmen Feliciano Carreras de Río Grande, Maribella Díaz imparte su última clase del día. Su hijo, Derek Canales, permanece sentado, dibujando junto a otros dos estudiantes.

Diagnosticado con ceguera y perlesía cerebral, Derek todavía espera por su primer día de clase en el decimo grado de la Escuela Superior Isidro Sánchez de Luquillo. A casi un mes del comienzo del año escolar, el Departamento de Educación no le ha asignado un asistente de servicio ni una maestra de educación especial. Es por esto que el adolescente acompaña a su madre al trabajo hasta tanto se resuelva la situación.

A juicio de Derek, el Gobierno falla a la hora de garantizar los servicios básicos a los que tiene derecho la población de educación especial.

'En realidad pienso que el Gobernador no está haciendo su trabajo. Un gobernador protege a su pueblo y el no lo está protegiendo. Podemos ser una población con problemas, pero no somos menos que nadie', dijo el joven estudiante de 15 años.

Por su parte, Díaz cuestiona dónde están las prioridades del Gobierno. 'El Gobierno gasta muchísimo dinero en cosas banales. Un servicio básico como la educación, y lo que necesita un estudiante, debería ser prioridad', sostuvo.

Más allá de ofrecer la definición generica de 'salud, educación y seguridad', el Gobierno y la Junta de Control Fiscal dejaron entrever al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que no definirán que servicios, programas y gastos son prioridad a la hora de abrir la chequera de un país quebrado y con su economía en el piso.

En quiebra o sin estarlo, antes y despues del huracán María, el Gobierno de Puerto Rico lleva años siendo incapaz de proveer adecuadamente servicios esenciales a los ciudadanos. En el caso de Derek, por ejemplo, su problema está lejos de ser uno nuevo. Año tras año, a principios de cada verano, su madre radica querellas en el Departamento de Educación para asegurarse de que el joven tenga alguien que le asista como anotador, lector y a moverse, tan pronto comience el curso escolar. Este año, sin embargo, lleva tres querellas sin resultados y casi un mes de clases perdido.

'Este año ha sido el más nefasto', lamentó Díaz.

Hace unos días, Educación admitió que aún faltaban de cubrir 219 puestos de asistentes de servicios a estudiantes (clasificados T1). El programa de Educación Especial recibió este año $74 millones menos en su presupuesto. Este renglón es solamente de uno de cientos que sufrieron reducciones en sus asignaciones presupuestarias, conforme al Plan Fiscal certificado por la Junta.

A Díaz no le extrañaría que estos recortes tengan que ver con la tardanza de Educación en identificar el personal necesario para atender adecuadamente las necesidades. En su caso, recuerda que los asistentes de servicio que necesita su hijo han dicho que se sienten 'discriminados' y mal pagados, mientras que trabajan bajo contratos de corto plazo y en ocasiones están meses sin cobrar.

Sin una definición de que es un servicio esencial, ¿cómo y quien decide que servicios tienen prioridad a la hora de asignar fondos públicos? ¿El Gobierno o la Junta?

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