La presidenta de la organización Educamos, Sonaly Berríos, recordó hoy que la designada secretaria de Educación, Yanira Raíces, estuvo junto a la extitular de la agencia, la convicta Julia Keleher, "durante el proceso de cierre de cientos de escuelas públicas".

Berríos dijo que el nombramiento de Raíces se dio "luego de varias movidas en la arena política del país. Primero se forzó la renuncia de Eliezer Ramos y luego se designó al señor Ángel Toledo. El PPD anunció una convocatoria para no confirmarlo. El gobernador retiró la designación y se mencionó con fuerza la posible designación de la señora Beverly Morro".

Recordó que "el gobernador se reunió con el presidente del Senado (José Luis Dalmau Santiago) para llegar al compromiso de no autoconvocar la legislatura, de modo que un nuevo designado pudiera estar algún tiempo en el puesto aunque sea de manera interina".

Al respecto, calificó de "lamentable que el nombramiento de un secretario de Educación se dé dentro de lo que aparenta ser un campo de batalla partidista, lo que deja un mal sabor. Por eso planteamos que la despartidización de la agencia debe ser prioritaria".

Sobre Raíces, consignó que "viene de la ORE (Oficina Regional Educativa) de Bayamón y estuvo junto a la exsecretaria Julia Keleher durante el proceso de cierre de cientos de escuelas públicas".

Keleher -quien ganaba cerca de $250,000 dólares- renunció a Educación en abril de 2019, cuando había una investigación federal en su contra.

Meses después, en verano, un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio en su contra por varios cargos (de los cuales prosperaron la conspiración para cometer fraude electrónico y otro igual, pero en la prestación de servicios) y fue detenida el 10 de julio de 2019 en Estados Unidos.

Tras ser declarada culpable de los cargos, Keleher pasó 6 meses en la cárcel y debió cumplir 12 meses de libertad supervisada en la casa de sus progenitores.

De acuerdo con Berríos, "más allá de cualquier designación o nombramiento de la persona que ocupe el cargo, Educamos ha insistido en que quien dirija la agencia tiene ser un defensor de la escuela pública, abogar por la eliminación de la Ley 85 que promueve las escuelas chárter como forma de privatizar nuestras escuelas, oponerse a la falsa descentralización del sistema anunciada por la administración de turno y tiene que comprometerse con un cese y desista al continuo clima de acoso laboral que sufre el magisterio puertorriqueño".

La portavoz sostuvo que "para que el sistema educativo nuestro funcione adecuadamente tiene que haber el compromiso de que el billonario presupuesto del DE llegue a las escuelas y a la sala de clases, que es donde se necesita".

Para la vocera de la organización, "defender la escuela pública es garantizar la descentralización fiscal, administrativa y docente para que las decisiones fundamentales se tomen a nivel de comunidad escolar a tono con las necesidades de ésta. Es despolitizar el sistema, cancelar los contratos a los amigos del alma, garantizar el personal, equipo, material y facilidades para el proceso educativo, respetar la labor del magisterio y garantizarle su derecho a un nivel de vida digno y justo".

Insistió en que "continuar con el proyecto de privatización, de acoso laboral, de ver a Educación como botín de guerra partidista y seguir obligando al magisterio a asumir el trabajo esclavo y pagando de su bolsillo los materiales y arreglos a la escuela, no resolverá nada. Al contrario lo agravará. Que se nombre al secretario de Educación por sus méritos educativos y no por los mismos criterios que hasta el momento han prevalecido".