El segundo día de vistas públicas en el Senado sobre el proyecto de la Reforma educativa, que entre otras cosas busca implementar las escuelas 'charter', estuvo enmarcado en dos conceptos muy generales, pero que al final del día podrían resumir la pugna por el nuevo modelo de la instrucción pública: límites y libertades.

En su exposición de motivos, el Proyecto del Senado (PS) 825 busca establecer las Escuelas Alianza --o 'charter'-- en aras de ofrecer mayores opciones y 'fortalecer el currículo y la enseñanza y permitir que las comunidades, incluyendo a los padres y madres, tengan un rol más activo en la educación de sus hijos'.

Sin embargo, mientras el plan fiscal de Educación estipula que en el 2022 Puerto Rico tendrá 805 escuelas, a nivel textual la medida no especifica un límite a la cantidad de instituciones que se transferirán al sistema propuesto.

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En esa línea, el senador Eduardo Bhatia Gautier planteó que el texto no ofrece controles para restringir administración gubernamental tras administración gubernamental la venta o el traspaso indiscriminado de escuelas.

Con el planteamiento concurrieron sus correligionarios Abel Nazario Quiñones, quien preside la Comisión de Educación y Reforma Universitaria y el proceso de vistas públicas, y Migdalia Padilla Alvelo.

'La idea no es que todas las escuelas se conviertan en Escuelas Alianzas. Mi intención no es eliminar todas las escuelas como las conocemos. No hay un motivo escondido aquí', insistió la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, quien se mostró receptiva a los cambios propuestos durante la primera parte de la vista.

El Plan Piloto de las 'charters' será en 14 escuelas.

A esos efectos, Nazario Quiñones sugirió una enmienda al proyecto a los fines de erigir un tope de escuelas --mencionó un diez por ciento-- y que el incremento futuro en cantidad recaiga sobre los miembros de la comunidad educativa afectada.

Por otra parte, el senador Juan Dalmau Ramírez mostró preocupación sobre la división entre el rol del Estado y los entes no gubernamentales que tengan a su haber la administración de estas escuelas. Particularmente, inquirió sobre la titularidad de las escuelas, en aras de salvaguardar los derechos constitucionales.

'Mi preocupación principal es que la Constitución dispone el derecho fundamental a la educación pública no sectaria. En la medida en que aquí hay dos niveles de privatización y de inherencia privada, que son los autorizadores y las instituciones certificadas, en esas dos áreas hay intervención del sector privado y cuando un estudiante, un padre o un maestro quiera reclamar a base de un derecho constitucional --que se reclama frente el Gobierno, el Estado-- no lo puede hacer así frente a entidades privadas', explicó Dalmau Ramírez.

Para lograr su cometido, el ciudadano tendría que optar por una vía civil, lo cual limitaría el derecho constitucional de reclamo de primer orden, según el miembro de la colectividad independentista. En cuanto a los daños, si alguno, el tipo de reclamación determinará si es el Estado el que tiene la responsabilidad de pagar o la entidad privada.

'La escuela alianza sigue siendo una escuela pública que tiene que cumplir con todas las leyes, reglamentos estatales, federales, y esos estudiantes seguirán teniendo las garantías constitucionales ante el Estado porque sigue siendo una escuela pública, eso no cambia porque haya un contrato de administración para esa escuela', aseguró Ruben Huertas, asesor legal de la Secretaria de Educación.

Al ser abordada sobre la 'libertad' que tendrían las Escuelas Alianza de elaborar su propio currículo, Keleher destacó que toda escuela debe cumplir con ciertos estándares, 'y no es que traen otro contenido para filosofar. Sigue siendo una escuela pública y no es para promover una filosofía'.

La pregunta provino de la senadora Nayda Venegas Brown, quien luego fue más categórica y reveló su verdadera preocupación: '¿Estas escuelas pueden tener autonomía para decidir si tienen perspectiva de genero?'.

En eso, Nazario Quiñones intervino para estipular que, de la misma manera que las iglesias-escuela son autónomas para ciertas cosas, las Escuelas Alianza y 'charter' tienen los mismos derechos.

La libertad más grande que presenta el PS 825 reside, quizás, en que es una medida aún en ciernes, a la que en tan solo días de vistas públicas ya se le han propuesto 224 enmiendas, de acuerdo a Nazario Quiñones. Así, el Senado cuenta con amplio espacio para añadir o eliminar datos.

A preguntas de la senadora Padilla Alvelo sobre si los aumentos salariales de $1,500 al año a maestros aplican tambien a directores escolares, Keleher confirmó que no, pero que a los directores se les concederán bonificaciones de acuerdo a los resultados de su evaluación que se le realizará anualmente.

En la vista salió a relucir que hace 10 años había 634,000 estudiantes y 38,000 maestros. Actualmente hay cerca de 300,000 estudiantes y 31,000 maestros.

La Reforma educativa fue presentada al país por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares mediante un mensaje televisado y en forma de proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

En las afueras de la vista pública, y en horas de la mañana, se suscitó una protesta de maestros.

El Senado estará en vistas públicas hasta la primera semana de marzo.