Aun cuando la ley federal PROMESA expresamente prohíbe al gobierno utilizar los poderes que provee para activamente incumplir con leyes o requisitos de programas federales o locales, el Departamento de Justicia (DJ) ha sido más que proactivo en solicitar la paralización de litigios del Título III para casos llevados contra el Departamento de Educación (DE) para reclamar servicios de educación especial.

Específicamente, ha solicitado el mecanismo del ‘stay' (paralización de litigios en inglés) para detener demandas por cobro de honorarios a abogados que llevan casos de educación especial a familias de escasos recursos. Este pago de honorarios se da en virtud de la ley federal Individuals with Disabilities Education Improvement Act (IDEA) que provee fondos al gobierno de Puerto Rico para sufragar los honorarios de aquellos abogados que prevalecen en sus reclamos.

La lógica detrás del estatuto federal es garantizar el acceso a la justicia a todo estudiante de educación especial para que pueda reclamar su derecho a servicios especializados ante el DE. Pero en la medida que el gobierno se ampara en el Título III para paralizar litigios por honorarios – cuyos fondos no suponen estar disponibles para acreedores – el riesgo y costo para litigar reclamos de educación especial aumenta.

Según explicó el licenciado Osvaldo Burgos a NotiCel, 'para mucha gente, esto implicaría la privación del acceso a la justicia porque es a través del pago de honorarios que ellos pudiesen reclamar contra el estado porque de otra forma no lo pudiesen hacer'. En varios casos, señaló que familias que hacen sacrificios económicos, como incurrir en préstamos o hipotecar sus viviendas para cubrir estos gastos, con la expectativa de que los honorarios se les redimirán.

'El resultado neto es que está evadiendo la responsabilidad que le impone una ley federal utilizando como base la ley PROMESA cuando la propia ley PROMESA dice que no se puede utilizar para evadir cumplimiento de otra ley federal', agregó Burgos, quien se especializa en casos de educación especial.

Esta controversia llegó a la atención de la juez federal a cargo de los casos de Título III, Laura Taylor Swain, quien a finales de julio dio por recibido una moción emitida por Bernice Beauchamp para levantar el ‘stay' en su caso de pago de honorarios. El argumento principal de su abogado, Francisco Vizcarrondo, fue que el gobierno no puede utilizar la ley PROMESA para incumplir con su obligación de respetar los salvaguardas que provee la ley IDEA para sufragar el pago de honorarios, máxime cuando el DE recibe más de $117 millones en el presente año fiscal para su programa de educación especial.

El caso de Beauchamp se remonta a principios de este año y fue presidido por el juez federal William Young. A mediados de julio, Young emitió un memorando ordenando la paralización del caso al amparo del Título III de PROMESA.

De hecho, el propio Young admitió en su orden que las implicaciones de su decisión podrían ser nefastas para los padres que necesitan de las protecciones de IDEA. 'En este caso, ninguna firma legal administrada debidamente puede soportar esta línea de trabajo si todo lo que pueden esperar es un reclamo de quiebras. Mientras se seca la disponibilidad de representación legal competente, padres en Puerto Rico que necesiten de las protecciones de IDEA se encontrarán privados de las ventajas que gozan otros ciudadanos a través de los Estados Unidos. En un sentido muy real, no compartirán la misma protección de la ley', reza el escrito de Young.

El gobierno, representado por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, se opuso a la moción, señalando que la decisión del juez Young es final y el proponente no proveyó razón suficiente para justificar el levantamiento del ‘stay'. De hecho, fueron los únicos dentro el universo de tenedores de reclamos en el caso de Título III que se opusieron a la moción.

Vizcarrondo contradijo los planteamientos del estado y advirtió que, de continuar litigando en oposición a casos de honorarios, se exponen a incumplir con las disposiciones de la ley IDEA. Una vista argumentativa fue programada para el miércoles 23, pero 24 horas antes el DJ se acogió a la moción y avaló levantar el ‘stay'.

Según indicó el licenciado Vizcarrondo, el propósito principal del pleito era establecer un precedente ante la jueza Swain para eximir todo caso de educación especial de las provisiones del Título III. Para la portavoz del Comité Timón de Padres de Educación Especial, Carmen Warren, la movida del DJ supone una estrategia para no establecer tal precedente y permitirles continuar con este patrón.

'Ellos no se han allanado para que otros también acudan y utilicen estos recursos. Es simplemente para no crear lo que nosotros anticipamos, que vamos a tener unas salas llenas de padres. Que iba a sobrepasar la expectativa de muchas personas', dijo Warren.