La solicitud de quiebra por parte del gobierno de Puerto Rico no solo afectará a sus acreedores sino tambien a poblaciones vulnerables como la de niños y jóvenes de educación especial.

Así se reveló hoy al darse a conocer que el caso RosaLydiaVélezvs. Departamento de Educación, que lleva en pleito hace más de 37 años, podría quedar paralizado.

El licenciado José Juan Nazario, abogado del pleito de clase, informó hoy que el Departamento de Educación (DE) tiene la intenciónde solicitar la paralización por medio del Departamento de Justicia en todo lo que tiene que ver con la indemnización en el pleito de clases, además de paralizar los servicios que actualmente reciben los estudiantes del Programa de Educación Especial mediante la falta de monitores y apoyo al estudiantado.

Esta es una pelea que aún se lleva en los tribunales donde se han reportado alrededor de 17,000 casos que han entrado en el pleito. Sin embargo,ese número es sumamente bajo pues sobre 300,000 estudiantes, madres o encargados de niños de educación especial pueden estar afectados si el DE nobrindalos servicios adecuadamente.

'El Departamento de Educación ha estado por muchos años gritando y celebrando logros. Nosotros impugnamosconsistentementesus logros porque realmente nosotros vivimos y sabemos que no están en cumplimiento', señaló CarmenWarren,activistaen pro de los niños de educación especial.

'Esto generaría un caos total en lo que son los servicios educativos, los servicios relacionados, las terapias… Nos preocupa mucho lo que va pasar con los padres y los estudiantes en torno a los servicios', agregó Warren.

El presente caso se radicó en 1980 por varios padres quienes alegaban que sus hijos con impedimentos no estaban recibiendo los servicios de educación especial a los cuales tenían derecho a la luz de las leyes federales y estatales aplicables.

Los demandantes solicitaron que el pleito fuera certificado como uno de clase, además de reclamardaños y perjuiciospor el alegado incumplimiento del Estado.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, al presente,bajo el caso de referencia KPE1980-1738, se atienden dos fases: la fase interdictal y la fase de daños.La primera es dirigidaal proceso de monitoría o evaluación en cuanto al cumplimiento de la sentencia parcial por estipulación dictada, lo que implica una etapa de ejecución de sentencia.

La fase de daños tiene que ver con la compensación que solicitan los miembros de la clase por los alegados daños que el Departamento de Educación (DE) les ocasionó el no recibir los servicios relacionados correspondientes.

En cuanto a esta última fase, la ley del caso al día de hoy lo es la Resolución y Orden de12 de enero de 2017, mediante la cual se dispuso ladesconsolidaciónde pleitos y la forma y manera en que se van a trabajar las reclamaciones que se presenten dentro de los procedimientos dispuestos por el Tribunal. A ello subsistendentro del caso y como parte del mismo la reclamación en daños y perjuicios de los demandantes originales, con excepción de la de Rosa Lydia Vélez con respecto a quien se dictó sentencia parcial.

La representación legal del Departamento de Justicia en vista administrativa celebrada el pasado lunes15 de mayo expuso que la paralización automática que procede ante la ausencia de jurisdicción del tribunal, corresponde solo al caso y no incide en la obligación del Departamento de Educación de continuar brindando los servicios que por ley está llamado a brindar.

Nazario explicó que luego de la petición de quiebra que emitió el Gobierno, el lunes 15 de mayo en una vista administrativa del procedimiento sobre lamonitoríade la faseinterdictal los demandantes se enteraron de que el Estado anunció que estará solicitando la paralización de los procedimientos en la faseinterdictaly la fase de daños.

'Al día de hoy no han presentado ninguna moción por escrito solicitando la paralización a pesar de que supuestamente desde el 3 de mayo está paralizado automáticamente, así que nosotros no conocemos cuáles son los fundamentos que ellos están utilizando paraalegadamenteparalizar este procedimiento. Sísabemos que en el día de ayer se estaba discutiendo un nuevo plan demonitoríapara los próximos años por parte de lamonitoraque rige la ejecución en la faseinterdictal(ClaudiaJuan)', informóNazario.

No obstante, el licenciado informó que el DE ahora tendrá que presentar una moción formal ante el tribunal para justificar la paralización del caso.

'Nosotros sostenemos que la paralización con respecto a las reclamaciones de daños podría ser retroactiva el 3 de mayo. Por lo tanto, es nulo todo lo que ha ocurrido a partir del 3 de mayo con las órdenes que ha estado emitiendo el tribunal a los fines de que se paguen arancelesy de que se radiquen demandas individuales. Esas demandas se van a ver en los distintos regionales y esova a depender si se determina que está paralizado el proceso o no', explicó Nazario.

'En la faseinterdictalnosotros entendemos que de ninguna manera procede paralizar los servicios a los que está obligado brindar el Departamento de Educación a sus niños de educación especial', concluyóNazario,mientras advirtió que se opondrán tenazmentea que se paralice todo el proceso demonitoríaporque el DE retornaría a la época de los 80 donde la agencia no cumplía con la ley.

El 3 de mayo se suponía que el Gobierno hubiera presentado ante la Corte de Quiebras todas las reclamaciones que interesaba paralizar. Sin embargo, las reclamaciones en daños no fueron presentadas a dicho tribunal por lo que ante la corte federal se supone que las mismas no entren en el proceso de paralización.