La jueza aprobó la contratación de consultores para el equipo de mediación que pueden costar hasta $1 millón mensuales.

Aunque dejó para después decidir si permite a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) entablar litigios puntuales contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la quiebra de esa corporación pública, la jueza Laura Taylor Swain adelantó que todavía prefiere que la resolución de la quiebra no sea mediante el litigio, sino mediante acuerdo entre las partes.

Swain dijo que quería evitar la “destrucción mutua asegurada” de las partes en conflicto en la última quiebra pública que queda pendiente en Puerto Rico.

Las expresiones de la jueza ocurrieron en el contexto de conceder su aprobación a la solicitud del equipo de mediación de que se les permita contratar como consultores al banco de inversiones PJT Capital. Ese despacho pactó cobrar $1 millón mensuales por trabajar para conseguir un acuerdo. De esa cantidad, $350,000 mensuales quedarán retenidos para pagársele solo si, en efecto, se consigue un acuerdo.

El equipo de mediación había dicho que el caso se encuentra en un “punto de inflexión” y que adquirir esos consultores no solo le servirá para mediación, sino también para cualquier litigio que se desarrolle porque entienden que eso podría hacer que las partes reconsideren sus posiciones en mediación.

Las posiciones en mediación han sido, hasta ahora, inamovibles. El proceso es confidencial, pero en todos los años que lleva la mediación no se ha producido ningún acuerdo significativo entre la partes.

La jueza indicó que decidirá primero sobre litigar si los bonistas podrían cobrar intereses generados durante los ocho años que la AEE no ha tenido que pagar deuda por estar cobijada bajo el manto de la quiebra. Se espera que eso incluya discusión sobre qué son “ingresos netos” de la corporación pública, lo cual es el punto espinoso en esta etapa del caso porque el tribunal apelativo federal dijo que los bonistas tienen derecho a que se les pague su deuda completa (unos $8,500 millones), pero que la fuente de repago son cualquier “ingreso neto” que tenga la AEE.

A principio de este año, la JSF certificó un plan fiscal para la corporación pública que la deja sin ingreso neto, ya que adjudica una cantidad de gastos mayor a la que habían reconocido antes para la reconstrucción y mantenimiento de la red eléctrica. El gobierno de Puerto Rico ha disputado públicamente este método, que esencialmente le pone la bola en su cancha para buscar de dónde pagar a los bonistas que no sea de un aumento en la tarifa. Pero ayer en la vista, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal no elaboró en esas diferencias. En vez, pidió a la jueza que mantenga la protección de la quiebra sobre la AEE en consideración de que la gobernadora Jenniffer González Colón acaba de llegar al cargo y afirmó que el dinero de la AEE se va en los depósitos que tienen que hacer a los operadores privados para mantener la red y la generación, LUMA Energy y Genera PR.

Los bonistas señalaron que antes la AEE reconocía ingresos netos en sus estados, pero ahora no, que es inconstitucional que se le permita a la corporación seguir gastando lo que esencialmente sería dinero que debe estar disponible para pagar su deuda y que pueden estar ocurriendo cambios en los conceptos y descripciones bajo los cuales la AEE agrupa su dinero para, así, representar que no tienen “ingresos netos”.

Por su parte, la representación legal de la Junta se mantuvo en las posiciones públicas que ya el ente fiscal ha planteado y aseguró que la confirmación de un plan de ajuste para la deuda de la AEE puede ocurrir a fin de este año.

La próxima vista está señalada para el 7 de mayo.

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