Es la tercera controversia en meses recientes por los procesos de compra en los operadores privados de la red eléctrica y de la flota de generación de la AEE.

Un licitador que participó en la adquisición por parte de Genera PR de 10 unidades de emergencia con fondos federales recurrió al tribunal porque el operador privado de las plantas termoeléctricas de al Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) supuestamente no cumplió con los requisitos de adjudicación de propuestas en el gobierno.

Es el tercer caso en meses recientes en el que se impugna la adjudicación de contratos para equipos y servicio por parte de Genera PR o del operador privado de la red eléctrica, LUMA Energy. El caso relacionado a LUMA está ante el Tribunal de Apelaciones, después de que una jueza superior rechazara los argumentos del demandante, Master Link Corporation.

El caso relacionado a las 10 unidades de emergencia o de suplemento, conocidas como “peakers”, fue presentado el martes pasado por RG Engineering, Inc. Además de la demanda, la empresa pide un interdicto para ordenar que no se suscriban los contratos hasta que se dilucide la impugnación.

La controversia surge en momentos en que la matriz de Genera PR, New Fortress Energy (NFE) enfrenta otros retos revelados recientemente. El gobierno federal abrió a evaluación, incluyendo con impacto ambiental, la operación que tienen en San Juan para descargar gas desde barcazas. Además, dijeron al mercado financiero la semana pasada que enfrentan retos económicos que los podrían llevar a recurrir a la Ley de Quiebras, lo que sería causa para la terminación automática del contrato de operación de Genera PR. Como parte de las estrategias económicas para atajar la insolvencia está vender o buscar socios para activos que incluyen su negocio en la isla.

La compra de estas unidades tiene una trayectoria larga y controvertible. Previo a que Genera PR obtuviera su contrato de operación privada en enero de 2023, la AEE tenía alineados suplidores para estas unidades. Pero, con la llegada del operador privado, el Negociado de Energía (NE) accedió a una solicitud de este para que se le transfiriera ese proceso porque supuestamente lo podían lograr más rápido y con mayores ahorros.

En septiembre pasado, sin embargo, el negociado resolvió que Genera PR había engañado al hacer representaciones sobre un proceso más rápido y más barato porque no habían cumplido su calendario y los costos habían aumentado. En esa resolución, el regulador del sector energético impuso que habrían multas diarias de $25,000 para el operador si no completaba el proyecto de las unidades para mediados de 2026. Un calendario que sometió Genera esta semana indica que las primeras unidades comenzarían a operar a principios de 2027 y el operador, también esta semana, recurrió al Tribunal de Apelaciones para revisar la determinación del negociado.

Los argumentos que usa Genera para pedir la revisión de ese aviso de multa del negociado son, curiosamente, similares a los que se usan en las demandas en contra suya por la adjudicación de las unidades. Esencialmente, Genera está alegando que el negociado no cumplió con el debido proceso de ley en su determinación y RG Engineering está reclamando que Genera no cumplió con el debido proceso de ley cuando adjudicó la compra de las unidades.

Según la demanda, Genera emitió la Solicitud de Propuestas (RFP en inglés) en noviembre pasado, luego hizo una ronda de modificación técnica con los licitadores, y el 24 de septiembre anunciaron su intención de adjudicar a Siemens Energy, Inc. (Florida) y Wartsila North America, Inc. (Texas). En todo momento, recalcó la demandante, Genera está actuando como representante de la AEE, ya que la figura que crea el contrato es la de un operador privado en todo lo que tiene que ver con generación, pero en representación de la AEE porque esa corporación pública sigue siendo dueña de las plantas y sigue con la responsabilidad de generar energía.

“La notificación en cuestión… no contiene los nombres de todos los licitadores que participaron en la subasta ni la síntesis de sus propuestas. Tampoco incluye los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta, ni los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos. No divulga cuáles fueron los equipos que resultaron agraciados ni el precio por el cual serán adquiridos y no advierte de la disponibilidad y el plazo para recurrir a la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales y posteriormente solicitar revisión judicial”, planteó RG Engineering.

Resaltaron también que no se provee un contacto para responder a dudas, como lo requiere el manual de compras de Genera, ni tampoco especifica cuál es el plazo para solicitar revisión administrativa de la adjudicación. De hecho, se indica que los licitadores que no resultaron agraciados pueden pedir reconsideración, pero no hay un tiempo para que Genera resuelva la reconsideración y la solicitud de reconsideración no paraliza la adjudicación del contrato. Esto último, subrayó RG Engineering, es un mecanismo para evadir la revisión de los tribunales en la adjudicación de un contrato público financiado con fondos públicos.

En el otro caso que impugna su proceso de contratación, Genera ha argumentado que no tiene que regirse por las mismas leyes que le aplican a la AEE porque las leyes de transformación del sistema eléctrico y de las Alianzas Público Privadas lo eximen. Pero las secciones de esas leyes a las que apuntan parecen referirse al proceso para adjudicar los contratos de operación privada, el de Genera y el de LUMA, y no necesariamente para adjudicar los contratos y compras que los operadores hacen en nombre de la AEE.

Genera anunció a principios de este mes que la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó $459 millones para la adquisición de las turbinas operadas con gas y diésel y para su ubicación en las centrales de Yabucoa, Costa Sur, Jobos, Daguao y San Juan. Pero en su informe de progreso al negociado, Genera precisó que hay otros $478.4 millones en costos relacionados con desmantelar y retirar unidades que están actualmente en esas centrales para hacer espacio para las nuevas turbinas. El operador divulgó también que tanto ellos como LUMA tienen preocupaciones sobre el calendario de desmantelamiento y de instalación de las turbinas nuevas debido a lo finita que está la capacidad de generación actualmente, o lo mismo que se podrían causar más apagones si no hay generación suplementaria entre lo que se quita una unidad vieja y se instala una de las nuevas. Las turbinas que son objeto de esta compra, y de la demanda, producirían 244 megavatios de energía.

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