Tanto la Junta de Supervisión Fiscal como bonistas habían pedido revisión al tribunal apelativo de una sentencia de junio pasado.

El Primer Circuito de Apelaciones de Boston se reafirmó el miércoles en los fundamentos de su sentencia de junio pasado en la que adjudicaron a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) el derecho a cobrar su deuda completa, unos $8,500 millones, en vez de los $2,400 millones que la jueza Laura Taylor Swain habían dicho que era lo más que podrían cobrar en la práctica.

Tras el pronunciamiento de junio, tanto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como los bonistas habían pedido revisión al tribunal apelativo, y el ente fiscal pidió también que el asunto lo decidieran todos los jueces de ese foro, en vez de solo un panel. Pero el Circuito denegó esa petición para un proceso conocido como ‘en banc’.

Esta decisión del miércoles era uno de los elementos que mantenían prácticamente en suspenso las discusiones de mediación. Hace dos semanas, la jueza extendió la protección de la ley de quiebras que cobija a la AEE hasta el 31 de enero de 2025, extendiendo así también el periodo disponible para mediación. Hasta el jueves en la noche, la Junta no había reaccionado a la decisión, tras la que solo le queda pedir revisión del Tribunal Supremo federal si quieren seguir litigando.

En verano, la JSF había advertido que, independientemente de la cantidad de deuda que el tribunal le reconozca a los bonistas, la capacidad de la corporación pública para producir dinero es limitada. El Circuito no alteró su definición de que la capacidad de cobro de los bonistas se extiende solo a los ingresos netos, o lo mismo que al dinero que quede después de que se pagan los gastos de operación. Igual que hicieron en verano, los jueces declinaron decirle a la jueza cómo aplicar la decisión a una solución de la quiebra, por lo que esta segunda decisión no necesariamente provee un escenario definitivo para acabar la quiebra y los litigios relacionados.

Para el Circuito, los bonistas tienen derecho al repago del valor total de sus bonos, a intereses, a realizar un ejercicio contable para determinar si hay dinero que se debió haber separado para ellos desde 2017 hasta ahora, y a gravar los ingresos futuros de la corporación pública, aunque, como máximo, tendrán disponible solo el dinero que sobre después de los gastos operacionales. Solo el gobierno de Puerto Rico, no la Junta, defendió el cálculo más bajo que había hecho la jueza en este segundo turno ante el Circuito.

La deuda de la AEE es la única que queda por reestructurar en el gobierno de Puerto Rico. Esa deuda fue lo que detonó la aprobación de la Ley PROMESA, que instauró a la JSF y creó un proceso de quiebra pública que no existía para la isla. Fue la que la provocó y es la que todavía queda por resolver.

En un foro reciente, el abogado del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), Fernando Agrait, apuntó que la JSF está llevando la quiebra de la AEE sin un estudio sobre el efecto económico que tendría en la sociedad puertorriqueña un aumento en la tarifa para repagar a los bonistas. Añadió que ya el aumento que implicaría la oferta que ese ente hizo a los bonistas eleva el costo de energía por encima de la proporción generalmente aceptada de que el ciudadano no gaste más del 6% de su ingreso en energía.

Este cargo para pagar a los bonistas no incluye el dinero que se tiene que traer a la mesa también para resolver el pago de los pensionados de la AEE.

En el mismo foro, el doctor en Economía, Ramón Cao, concluyó que todos los cargos que se discuten (para bonistas, pensiones y otras necesidades del sistema eléctrico) implicarían aumentos en la tarifa de 45.8% para residencias, 46.4% para comercios y 49% para industrias.

Para leer la decisión del Circuito, pulse aquí.

Vea:

Bonistas pueden recobrar deuda completa de tarifas futuras en la AEE, dice Circuito

Los chavos que hay son los que hay, no más, advierte la Junta a bonistas AEE