Cancelación atrasa, aún más, la transición hacia energía renovable y genera incertidumbre económica sobre el proceso.

Mientras el tribunal evalúa argumentos en la demanda con la que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) quiere anular una ley sobre la medición neta en la isla, el Negociado de Energía (NE) anunció que canceló las licitaciones para el tercer tramo de proyectos de energía renovable a gran escala en los que están cifradas las metas de transición hacia la generación con 100% renovables.

Como parte de esa transición, el gobierno debía completar seis tramos, o rondas, de licitación para contratar proyectos a gran escala con los que generar 3,750 megavatios de energía renovable e instalar 1,500 megavatios de capacidad de almacenaje de energía. De esta manera, las plantas termoeléctricas viejas y con fallas constantes que ahora opera Genera PR se podrían apagar para ser sustituidas con las nuevas basadas en renovables.

El proceso se supone durara tres años, pero ya ese período se sobrepasó y solo se han llevado a cabo tres rondas.

La primera es objeto de una investigación por parte del NE por lo mucho que tardó en tramitarse bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y por cambios constantes de parte del operador privado de la red, LUMA, sobre las condiciones de interconexión. El resultado fueron proyectos que, aunque deben aportar 855 megavatios de generación y 350 megavatios de almacenamiento, no solamente se aprobaron tarde, sino que fueron sujeto de una serie de enmiendas que elevaron sus costos “significativamente”, según el propio NE. Específicamente, un promedio de 34% más caros.

Los tropiezos en el tramo 1 provocaron que el NE sacara el proceso de la AEE y lo colocara bajo un contratista privado, Accion Group, LLC. Estos tuvieron a cargo la segunda ronda, que terminó el 26 de agosto pasado con la adjudicación de solo 60 megavatios de generación y otros 60 megavatios de almacenamiento. Como contraste, la meta en ese tramo eran 500 megavatios de generación y 250 megavatios de almacenamiento. Además, el aumento de costos del tramo 1 impactó los precios de esta ronda.

Ahora, el NE canceló ayer la tercera ronda porque los precios que presentaron los proponentes “exceden aún el precio más alto pagado en cualquier proyecto del tramo 1”. Son “insostenibles” para el abonado, subrayó al tiempo que afirmó que la cancelación obedece a un intento de detener la tendencia alcista en los costos que los licitadores están sometiendo.

Aunque autorizaron a que su consultor iniciara una cuarta ronda, no queda claro qué se va a hacer para bajar la tendencia alcista de precios. Solo indican que van a “priorizar conseguir precios justos y razonables” dentro de un proceso más expedito.

Esta cancelación es el paso más reciente en un trayecto borrascoso que ha tenido Puerto Rico con la licitación de proyectos de energía renovable a gran escala que se remonta a los contratos que se negociaron durante la Administración Fortuño, cuando se firmaron 60 proyectos pero solo terminaron en marcha 11. Otro hecho que incide en la tramitación de los proyectos a gran escala es que, durante este mismo período, y particularmente tras el huracán María, aumentó vertiginosamente la adquisición de sistemas de placas y baterías en los techos de residencias, que ya tienen la capacidad de generar 890 megavatios, lo que, en la suma, representa la tercera planta de generación de mayor capacidad en la isla.

Todo esto apunta a un ambiente de riesgo para los productores que licitan en los tramos, y también a un aumento de precios, que se acentúa con la decisión reciente de la Junta de intervenir con la legislación de medición neta, comentó a NotiCel una persona involucrada con la industria solar.

La medición neta es el concepto de que a los dueños de sistemas de placas y baterías solo se le cobra el precio básico de conexión mensual porque LUMA le compra la energía en exceso que producen sus sistemas. Este mecanismo se usa para fomentar la adopción de estos sistemas, pero se supone sea temporero porque, de ser permanente, no habría suficiente dinero para cubrir los gastos de la red de transmisión que usan todos los abonados, los que tienen y los que no tienen los sistemas.

La Junta demandó al gobierno en verano pasado para anular la Ley 10 de 2024 que pospuso la fecha que tiene el NE para llevar a cabo un estudio sobre el cual tomar la decisión de si la medición neta se mantiene, se limita o se modifica. Para el ente fiscal, es un atentado contra la independencia del negociado, pero, en la práctica, es además una forma de evitar que la estampida de abonados hacia los sistemas solares siga reduciendo la capacidad de la AEE para repagar la deuda que todavía negocia con sus bonistas en un proceso que también se ha atrasado y atrincherado severamente.

Estos puntos los resaltaron Solar United Neighbors (SUN) y el capítulo de Puerto Rico de Sierra Club, las únicas organizaciones no gubernamentales que presentaron argumentos en la demanda sobre medición neta en calidad de amigos de la corte.

Para estos grupos, el intento de anulación de la Junta es realmente un intento de “intervenir impropiamente en el mercado solar y la política pública energética”. Las bases para la intervención del ente fiscal no son fiscales, insistieron, porque lo único que hace la ley es modificar la fecha límite de un estudio que, cuando se estableció inicialmente, se partía de la premisa de que la generación de energía renovable en la isla estaría sobre el 25% en 2024. Pero no llega al 5%, por lo que sigue vigente el propósito de medición neta de incentivar la adopción de energía renovable, argumentaron.

“Las acciones de la Junta de Supervisión bordean la más absurda forma de microgerencia: un simple cambio de fecha es el objeto de una litigación para anular una ley que es fiscalmente neutral”, indicaron.

Sobre la justificación de que la ley interfiere con la independencia del NE, los amigos de la corte subrayaron que esa entidad nunca ha levantado que la Ley 10 sea una intervención con sus facultades e independencia. De hecho, el NE participó en el proceso de evaluación de la ley e hicieron recomendaciones para orientar a los legisladores.

“A lo mejor de quien el NE necesita protegerse para poder trabajar independientemente, sin presiones externas, es de la Junta de Supervisión”, apuntaron.

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