Un ejecutivo, miembro de un grupo autoproclamado “La Cosa Nostra” del acero, se declaró culpable de sacarle ilegalmente millones de dólares a los consumidores de la isla.

El Departamento de Justicia federal procesó la semana pasada un caso que reveló la existencia de un grupo de ejecutivos de la industria de acero que se confabuló para fijar precios y encarecer las varillas en momentos en que el país estaba obligado a embarcarse en obras de reconstrucción por el paso del huracán María.

Según los documentos sometidos al tribunal, el grupo de tres ejecutivos, con control de cuatro compañías, se hacía llamar la “Cosa Nostra” del acero en la isla. Ese término es el nombre antiguo por el que se conoce a la mafia siciliana y se usa para designar a organizaciones criminales alrededor del mundo.

Aunque son varios los involucrados, el caso sometido fue solo contra Juan Carlos Aponte Tolentino, quien fue vicepresidente de Aceros de América, Inc. y luego su presidente interino. Hay otros tres coconspiradores no identificados y otras empresas. En conjunto, los participantes de la conspiración controlaban el 70% del mercado de varillas en la isla. Este producto se importa principalmente de República Dominicana y Turquía y el volumen de comercio atribuible a la conspiración criminal fue de entre $100 millones y $300 millones.

La fiscal April Ayers Pérez, de la División de Asuntos Antimonopolísticos de Justicia federal presentó querella contra Aponte Tolentino, quien de inmediato se declaró culpable ante la jueza federal Gina Méndez Miró, quien señaló la sentencia para el 8 de noviembre.

El acuerdo de culpabilidad que negoció el licenciado Carlos Chévere es para que el ejecutivo acepte un cargo de conspiración para fijar precios, que de ordinario conlleva hasta 10 años de cárcel y una multa de $1 millón o hasta el doble del ingreso ilegal bruto atribuible al esquema. Por “reconocer prontamente y aceptar afirmativamente su responsabilidad por su conducta criminal”, Aponte Tolentino se expone a hasta 30 meses de cárcel.

Desde enero de 2015 hasta noviembre de 2022 el grupo se comunicó por teléfono, en persona y por WhatsApp para discutir a qué precios iban a vender la varilla. En una de las empresas involucradas, resulta que inicialmente estaba involucrado el presidente, pero este murió el 11 de julio de 2022 y le siguió al frente del negocio, y como miembro de la conspiración, su hijo.

El grupo actuaba como un “cartel” y no solo fijó precios sino que provocó que importadores redujeran sus embarques para causar una escasez artificial y así justificar el aumento de precios. En los documentos se detecta que el precio al comienzo de la conspiración era $25.50 el quintal y llegó a $54.00 en 2022. En octubre de 2020, Aponte Tolentino envió un mensaje a uno de los ejecutivos en el que decía “mira, estás dañando el mercado con $30.50 el quintal cuando lo puedes vender a $32.50 el quintal”.

“El propósito de esta conspiración para fijar precios era que el acusado y sus coconspiradores ganaran y mantuvieran el poder de controlar precios y cobrar a los clientes precios anticompetitivos más altos por productos de acero”, consigna la querella.