La reconsideración que pedirá el gobierno al Supremo tiene casi cero oportunidad y todavía no se tiene listo un reglamento de permisos nuevo.

El cruce de señales que tuvo ayer en la tarde la Administración Pierluisi ante la sentencia de Tribunal Supremo que tiene el efecto de anular el Reglamento Conjunto de Permisos de 2020 solo resulta en posponer por poco tiempo el caos que puede ocurrir en el proceso de permisos si la nulidad se convierte en final y firme sin que esté aprobado un nuevo reglamento.

El caso que el Supremo resolvió ayer, en el que las partes son, por un lado, el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y Para la Naturaleza Inc. y, por el otro, la Junta de Planificación (JP) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), es solo uno de tres casos en los que los tribunales han declarado nulidad del documento que regula todo lo relacionado a la concesión de permisos en la isla. Y, a pesar de que desde el 2021 saben que un tribunal declaró nulo la versión 2020 del reglamento, todavía el gobierno no ha aprobado un nuevo reglamento que pueda entrar en vigor cuando caiga por nulidad el de 2020.

Lo expedientes judiciales indican que hay un caso donde está decretada la nulidad de la versión de 2019 del reglamento (en el que la entidad demandante es Aequitas, LLC) y hay, con el de ayer, dos casos en los que está decretada la nulidad de la versión de 2020. Además del del Fideicomiso, el otro caso en que hubo nulidad del reglamento 2020 fue el que presentó el Comité Pro-Seguridad ARRAQ y ARESPA. Ese último caso, el Supremo rechazó revisarlo, por lo que la sentencia de nulidad del Apelativo ya advino final y firme, pero el gobierno había pedido que la efectividad de la sentencia quedara en suspenso hasta que el Supremo resolviera el que resolvió ayer.

Esto implica que, si el gobierno no aprueba una versión 2023 del reglamento, la última versión vigente sería la de 2010, ya que la versión de 2015 también fue declarado nulo en un caso que no llegó a Supremo. Implica también que cuando el caso del Fideicomiso se convierta en final y firme, surgirá la controversia de establecer desde qué fecha es que se va a considerar nulo el reglamento, si desde la finalidad del caso del Fideicomiso o desde la finalidad del caso de ARRAQ y ARESPA. Una cosa que no se espera que suceda, es que la nulidad del reglamento implique la reversión automática de todos los permisos que ya se hubieran otorgado de manera final bajo el reglamento de 2020 (o el también nulo del 2019). No habría reversión automática de casos cerrados, pero todos los casos que estén abiertos se pueden afectar.

Un estimado de la JP es que 200,000 trámites bajo el reglamento 2020 se pueden afectar con la nulidad. La JP ya recogió comentarios para una nueva versión del reglamento, el cual recibió críticas similares al de 2020, y ahora se tiene que completar el mismo proceso de revisión interna de agencias que el Supremo avaló con su decisión en el caso del Fideicomiso.

El trámite de estos casos acusa un nivel de desafío de parte de las agencias que aparentemente no pusieron en marcha a tiempo el proceso para tener listo un nuevo reglamento en previsión a que surgiera una decisión como la de ayer. De por sí, la decisión del Supremo en el caso del Fideicomiso acusa también una tardanza considerable de ese foro para decidir, ya que tienen la controversia pendiente ante sí hace aproximadamente dos años.

A pesar de todo ese tiempo, la reacción ayer del gobierno fue confusa, como si no hubieran tenido una respuesta planificada. Primero, la Secretaria Auxiliar de OGPe, arquitecta María R. Cintrón Flores, dijo que de manera inmediata, sin aviso y en tiempo real, decidió apagar el portal digital por donde se hacen todos los trámites de permiso en la isla.

“Reconocemos que este es un tema complejo que no puede tomarse livianamente. Por lo tanto, como medida cautelar y preventiva inmediata, hemos implantado una ventana de mantenimiento en el Single Business Portal que pone una pausa temporera a los procesos de radicación y adjudicación de casos en el mismo. Esto responde a un deseo de proteger la certeza y transparencia de los procesos ante la ciudadanía y el interés público”, dijo en un comunicado de prensa.

A pesar de que la funcionaria observó que “[l]os trámites que facilita la OGPe son medulares para el sostenimiento óptimo de la actividad económica, así como para su desarrollo”, su comunicado no ofrecía ningún estimado del tiempo que estaría desactivado el portal y solo apuntaba a que esperarían por los próximos pasos de la JP, que era la agencia que el Supremo había declarado la responsable única de tramitar este reglamento conjunto.

Luego, a las 6:45 pm, el gobernador Pierluisi revocó a OGPe diciendo que, mientras se pedía reconsideración al Supremo, “se mantiene vigente el Reglamento Conjunto de 2020 y no se interrumpirá ningún proceso”. “Las agencias que implementan el Reglamento Conjunto continuarán ejecutando y fiscalizando el fiel cumplimiento del mismo”, añadió.

En una expresión separada, la JP también dijo que iba a esperar por el trámite de reconsideración y tampoco hizo alusión alguna al tiempo que tardarían en emitir un nuevo reglamento.

Una fuente involucrada en estos casos indicó a NotiCel que la Junta de Supervisión Fiscal ha intervenido en la confección del nuevo reglamento. La Junta tiene el poder de anular reglamentos si no son compatibles con el Plan Fiscal y se supone haya un proceso de revisión preliminar en ese ente fiscal antes de que la agencia concernida emita algún reglamento.

En un mensaje a su matrícula, la presidenta del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, la arquitecta Margarita Frontera Muñoz, dijo que al nuevo reglamento todavía le falta la evaluación de los comentarios y recomendaciones, la notificación a otras agencias, que el Panel Examinador rinda el Informe Único sobre vistas públicas, la adopción del reglamento por parte de la JP, el referido al gobernador, y que se radique y publique el reglamento aprobado.

La solicitud de reconsideración al Supremo es un derecho al que puede recurrir cualquier parte que resulte perjudicada por una determinación del Alto Foro. Incluso, puede pedir hasta dos reconsideraciones. Pero el tribunal rara vez cambia de parecer en reconsideración y el caso de Fideicomiso tuvo el voto unánime de los jueces (solo la jueza asociada Mildred Pabón Charneco no intervino), por lo que el gobierno tendría que lograr un cambio de parecer en cuatro de los siete jueces que le votaron en contra. El Supremo no está sujeto a tiempos específicos al evaluar reconsideraciones, así que pueden apresurarse o tardarse lo que quieran en esa última fase de los casos.

Otro elemento que dificulta cambiar el resultado mediante reconsideración es que la decisión del Supremo no toca ninguna alegación sustantiva sobre el por qué el reglamento de 2020 fue declarado nulo. Su decisión fue única y exclusivamente sobre si era necesario que OGPe hubiera comparecido en el caso para que la sentencia del Apelativo estuviera bien emitida o si solo bastaba con la comparecencia de la JP. De hecho, en el caso del Fideicomiso, OGPe no impugnó ningún elemento sustantivo sobre la determinación de nulidad del Apelativo.

El Apelativo declaró la nulidad porque se incumplió con el requisito de participación ciudadana “amplia”, pero el Supremo se limitó a resolver que la ley de reforma de permisos de 2009 (Ley 161) “le delegó específicamente a la Junta de Planificación la adopción del Reglamento Conjunto de 2020, no a múltiples agencias”. “Las otras agencias mencionadas en la legislación, incluida la OGPe, solo tienen un rol colaborador, lo cual no constituye un criterio para determinar que deben ser partes recurridas del procedimiento de impugnación de su faz del Reglamento Conjunto de 2020”, añadió la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, quien fue la jueza ponente de la decisión.

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