Los acreedores de la AEE pidieron al Tribunal de Quiebras una orden urgente que acelere la reestructuración de la corporación pública.

Los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que llevan esperando por la reestructuración de la corporación pública desde antes de que se iniciara la quiebra del Gobierno de Puerto Rico pidieron a la jueza Laura Taylor Swain que ponga en patines ese proceso y asigne un comité mediador que pueda encontrar una solución que no requiera ir a la Legislatura y que produzca un plan de ajuste para fin de este año.

La jueza Laura Taylor Swain les concedió la consideración expedita de la solicitud por lo que dispuso un calendario para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y otras partes se expresen sobre el pedido a más tardar el 28 de febrero. Después de eso, el asunto quedaría sometido para su decisión final. Ya está planteado que la Junta se opone a la solicitud.

Aunque los acreedores enfatizan en el mucho tiempo que llevan esperando desde que la AEE dejó de pagarles deuda en 2014, el punto principal de la petición es iniciar un proceso de mediación que produzca un Plan B para reestructurar esa deuda de $8,300 millones sin necesidad de contar con aprobación de la Legislatura.

"Nunca habrá un momento políticamente 'fácil' para reestructurar la AEE", plantea la solicitud de los bonistas.

Además, sostienen su urgencia en la inacción que le imputan a la JSF en todo lo relacionado a la AEE y a que la renuncia de la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko, el 1 de abril encierra la amenaza de atrasos aún mayores en la reestructuración.

"La situación ha llegado a un punto de inflexión. En menos de 60 días, (Jaresko) dejará la Junta y su salida muy probablemente retrasará los esfuerzos del ente para reestructurar la deuda de la AEE en la medida en que el nuevo director ejecutivo se pone al día con los años de negociación con los que la Sra. Jaresko está íntimamente relacionada. La meta de la propia Junta, de someter un plan de ajuste para el fin de marzo se está acercando aceleradamente", argumentaron.

Con su solicitud, los bonistas expresan cero confianza en que la Junta podrá cumplir con la reestructuración de la deuda de la AEE en el calendario que expusieron después de que el tribunal aprobara el Plan de Ajuste de Deuda del gobierno central y, en vez, quieren garantizar un calendario de trabajo para lograr el ajuste de su deuda para fin de este año con la intervención de la jueza Barbara Houser como mediadora. Houser fue la persona que encabezó la mediación en la reestructuración del gobierno central y de Cofina y, según la solicitud de los bonistas, estaría dispuesta a encabezar la mediación en la reestructuración de la AEE con una tarifa de $1,665 la hora (sin incluir gastos) que representa un descuento de 10% en su tarifa de 2022.

En los escritos que sometieron, los bonistas de la AEE descansan repetidamente en expresiones que ha hecho el secretario de Estado, Omar Marrero, en calidad de director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), sobre la importancia que tiene para el futuro de la isla el que se tenga ya la deuda de la AEE reestructurada. También, en expresiones del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, realizadas después del plan del gobierno central, de que Puerto Rico ya no enfrentaba "retos fiscales'.

De hecho, los bonistas adelantan argumentos que presentarían en el proceso de mediación para obtener mejores condiciones en el acuerdo preliminar que suscribieron en 2019, y que ha sido criticado por, entre otros extremos, introducir un "cargo de transición" de 4.552 centavos por kilovatio hora que desalentaría la movida hacia la energía renovable porque lo tendrían que pagar todos los clientes, aunque se desconecten de la red de la AEE.

"[E]l panorama macroeconómico de Puerto Rico ha mejorado dramáticamente. Desde que se acordaron los términos del RSA (Acuerdo Suplementario a la Reestructuración) en 2018, el desempleo ha bajado precipitadamente, los ingresos del gobierno se han elevado, el financiamiento federal ha aumentado por varios múltiplos, las proyecciones poblacionales a largo plazo de la Junta han crecido significativamente y el consumo de la electricidad ha excedido vastamente las proyecciones de la Junta", sostuvieron los bonistas.

"Mientras la AEE languidece en el Tíulo III (de quiebras), el pueblo de Puerto Rico está forzado a pagar más por combustible, la AEE tiene que pagar tarifas más altas a LUMA y la AEE sufre por no tener acceso a los mercados de capital", añadieron.

Los bonistas mantienen la opción de ejercer el derecho que les provee el acuerdo de fideicomiso de 1974 para pedir al tribunal el nombramiento de un síndico que garantice el pago de la deuda. La Junta ya intentó imponer en la AEE la figura del "oficial de transformación" que provee la Ley PROMESA, que es una especie de síndico, pero los tribunales lo detuvieron y la Junta optó por no hacer otra designación y colocar esas funciones bajo la responsabilidad de Jaresko.