Sobre 25 organizaciones han comparecido ante el Tribunal Supremo, como amigos de la corte, para argumentar a favor de la extensión de programas de beneficiencia federal a la isla.

El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI en inglés) es uno de los pocos programas de beneficiencia que tiene un carácter nacional, no depende de aportaciones de los estados y los criterios de elegibilidad no consideran dónde vive la persona sino de su condición médica y económica, por lo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debe sostener las decisiones de tribunales inferiores que decretaron la aplicabilidad del programa a la isla.

Con este argumento, 37 profesores especialistas en programas de beneficiencia del Gobierno de los Estados Unidos recurrieron ayer al Tribunal Supremo como amigos de la corte para urgir que termine el discrimen con los ciudadanos estadounidenses que, por solo residir en Puerto Rico, no tienen acceso al SSI.

Se trata de la argumentación de mayor peso técnico en una avalancha de comparecencias de amigos de la corte que, hasta el martes, sumaban 25, todas a favor de que se sostenga la decisión del Primer Circuito de Apelaciones en el caso US v. Vaello Madero, que decretó la aplicación del SSI a los residentes de Puerto Rico.

El miércoles, el Supremo señaló la vista de argumentación oral en el caso para el próximo 9 de noviembre.

Los argumentos de los profesores podrían proveer a los jueces del Supremo federal un argumento más administrativo y menos cercano al status político para sostener la aplicación del SSI y, como se espera, que a través de una extensión del SSI llegue la paridad también de la aplicación de otros programas de beneficiencia federal a los territorios. Se estima que al menos 350,000 residentes de la isla se podrían beneficiar del SSI.

La lucha ante el Supremo es un lado de la moneda del tema, el otro es que el presidente Joseph Biden, quien no retiró la impugnación judicial a la extensión de la aplicación de los programas, solicitó al Congreso en su petición presupuestaria que extienda a los territorios la aplicación de los programas, o por lo menos de SSI, Medicaid y el programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“El propósito del SSI era crear un programa ‘totalmente federal’ y nacionalizar los estándares de elegibilidad y beneficios, empoderando así a que las personas con discapacidades prosigan con sus vidas en un ámbito nacional, libres de la interferencia de los estados o de fronteras territoriales”, dijeron los profesores.

“El esquema nacional del SSI refleja la noción fundamental, abrazada por el Congreso y este tribunal, de que las personas con discapacidades tienen derecho a llevar vidas dignas no importa dónde vivan… Todo el punto de la ayuda por discapacidad es proveer un mínimo de apoyo para asegurar que las personas con discapacidades no se queden atrás y lleven vidas dignas no importa dónde vivan”, añadieron.

Al atender algunos argumentos del gobierno federal en contra de la aplicación del SSI a la isla, como el costo que representaría para el fisco federal, los profesores hicieron un repaso de las formas en que múltiples programas federales tratan a los territorios y encontraron que, los más importantes, lo que requiere son ajustes menores para llegar a la paridad. “La paridad en la provisión de beneficios públicos, entonces, puede que no sea tan amplia y disruptiva como sugiere el gobierno federal”, opinaron.

Por otro lado, recordaron que cada persona que se beneficia de los programas puede sufrir giros positivos que le cambian la vida. “Los niveles de privación son altos en los territorios. Tomados en conjunto, la gente de los territorios sufre de los niveles de desempleo más altos, los ingresos medianos y per cápita más bajos y los estándares de vida más bajos de todos los ciudadanos estadounidenses… El costo humano es impresionante: la tasa de pobreza (en Puerto Rico) era 43.1% en 2018, empequeñeciendo la tasa de 13.1% a nivel nacional”, apuntaron.

Además de los profesores, comparecieron como amigos de la corte la National Disabilities Rights Network, que aboga por los servicios para personas con discapacidad y que señalaron que los argumentos del gobierno federal en contra de la paridad son fundamentalmente discriminatorios e impermisibles. “(El gobierno) adelanta una forma nueva, marginalmente más cortés, de pedirle al tribunal que confunda lo separado con lo igual”, comentaron.

Los nueve demandantes del caso Peña Martínez v. HHS, el cual también versa sobre la paridad de tres programas para la isla, incluyendo SSI, y que está sujeto a la determinación del Supremo en el caso de Vaello Madero, tomaron otra ruta en su comparecencia y atacaron el argumento del gobierno federal de que los residentes de Puerto Rico no tienen derecho a paridad porque no contribuyen al fisco. Por el contrario, desde el 2000, el IRS ha recaudado casi $80,000 millones en impuestos por distintas bases en Puerto Rico, incluyendo impuestos corporativos. La cantidad es comparable con Vermont y Wyoming y más que lo que recaudaron en seis estados.

La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico compareció también para resaltar los problemas sociales y económicos que se han exacerbado en Puerto Rico tras décadas de trato discriminatorio por parte del Congreso. La American Civil Liberties Union, American Bar Association, League of United Latin American Citizens, LatinoJustice Puerto Rico Legal Defense and Education Fund, U.S. Citizens for Equal Protection, Inc. y la Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico también están entre los comparecientes que enfocan en la ilegalidad del trato discriminatorio a la isla.

Para ver las comparecencias en el caso, pulse aquí.

Vea:

Atacan a la Junta y presentan la pobreza de PR en caso ante el Supremo federal por el SSI