El Ejecutivo, el Legislativo y hasta la nueva Delegación Congresional comparecieron como amigos de la corte a favor de que se mantenga la decisión de US v. Vaello Madero que extendió la aplicación del SSI a la isla.

La controversia ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre si debe aplicar a la isla el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI en inglés), la cual es una prueba de fuego que puede determinar si Puerto Rico tiene derecho a tener paridad con los estados en la aplicación de programas federales, ha generado ya unas 24 comparecencias de organizaciones que, en calidad de amigos de la corte, piden al tribunal que decrete la extensión del programa a la isla y también otros territorios.

La unanimidad en las comparecencias es la solicitud de que el Supremo sostenga la decisión del Primer Circuito de Apelaciones en el caso de US v. Vaello Madero que mandató el trato igual a los residentes de Puerto Rico bajo el SSI. Al menos 350,000 residentes de la isla se podrían beneficiar con pagos que pueden llegar a casi $800 mensuales si el SSI aplicara aquí igual que en los estados.

Entre los amigos de la corte estuvieron los poderes políticos formales de Puerto Rico, incluyendo el gobernador Pedro Pierluisi, la comisionada residente Jenniffer González, la Cámara de Representantes, el Senado y hasta la nueva Delegación Congresional, quienes todos denunciaron el trato discriminatorio que representa el que los residentes de la isla, simplemente por vivir aquí, no les aplica el SSI mientras que, si se mudan a un estado, les aplica de inmediato.

La comparecencia de Pierluisi fue como gobernador y como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), lo que es una especie de segundo turno al bate porque ya el Gobierno de Puerto Rico había comparecido formalmente. Pierluisi escogió enfatizar en que ese trato discriminatorio constituye una violación al derecho constitucional de libre movimiento que tienen los ciudadanos para viajar y residir en el estado que quieran.

“El asunto aquí es si el Congreso, mediante excluir categóricamente a todos los puertorriqueños del programa SSI basándose en su residencia, gravó inconstitucionalmente el derecho de los ciudadanos a viajar y escoger su residencia… la contestación a esa pregunta es sí”, dijeron Pierluisi y el PNP sobre la controversia que comenzó cuando el gobierno federal le cobró casi $30,000 a un beneficiario de SSI que se mudó a la isla por todo el dinero que recibió después de que se mudó.

La Cámara y su presidente, Rafael Hernández, optaron por enfocar en su ataque los argumentos del gobierno federal al Supremo de que dejar a Puerto Rico sin SSI era una forma de proteger su autonomía política porque la isla podía decidir crear su propia versión del programa. “A la Cámara de Representantes le encantaría legislar un programa que provea a sus constituyentes más vulnerables con los mismos beneficios que están disponibles bajo el SSI. Sin embargo, no puede hacerlo, no solamente por la muy bien documentada insolvencia del fisco puertorriqueño, sino también porque en 2016, el Congreso privó a Puerto Rico del ‘gran nivel de autonomía y determinación que, extrañamente, el gobierno federal ha escogido pregonar en su argumentación”, dijo la Cámara Baja en referencia a la Junta de Supervisión Fiscal instalada en 2016 como rector de las finanzas públicas en la isla.

En su debut formal en la discusión pública de alto nivel, la Delegación Congresional dijo en su comparecencia que por 120 años Estados Unidos ha tratado a los puertorriqueños con los mismos parámetros discriminatorios que a los afroamericanos por razones similares, “raza, color, lugar de residencia y/o de origen”. Observaron, “sin sorpresa”, que el gobierno federal ni siquiera mencionó a la Ley PROMESA que instaló a la Junta y que esa imposición, así como la imposición de una contribución sobre bienes y servicios de Puerto Rico justo después del huracán María y el subfinanciamiento histórico del Medicaid son tres ejemplos de la “impotencia política” de Puerto Rico ante Estados Unidos.

Como muestra de solidaridad política, los territorios de Guam, las Islas Marianas del Norte (donde aplica el SSI), el Distrito de Columbia y los estados de Connecticut, Delaware, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia comparecieron para dar fe “de primera mano sobre el poder que tienen el SSI y otros programas de beneficiencia”.

“(Son) críticos a los esfuerzos de los suscribientes para aliviar la pobreza, el hambre y la mala salud en las comunidades y los territorios comparecientes pueden atestiguar de la necesidad tremenda que hay de esa asistencia dentro de sus fronteras”, añadieron.

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Vea: Atacan a la Junta y presentan la pobreza de PR en caso ante el Supremo federal por el SSI