La división de investigaciones criminales del Tesoro federal reiteró que tiene bajo su lupa esquemas de fraude en PR.

La división de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas federal (IRS-CI, por sus siglas en inglés) reiteró que investiga en Puerto Rico esquemas de fraude relacionados con los incentivos otorgados bajo las leyes 20 y 22, los beneficios por la pandemia para individuos y corporaciones y pidió cooperación ciudadana para delatar delitos relacionados con estos programas.

“Absolutamente”, contestó Tyler R. Hatcher, Agente Especial a Cargo de la oficina de IRS-CI de Miami que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico en entrevista con NotiCel al preguntársele si el arresto reciente del contador público autorizado (CPA), Gabriel Hernández Colón, socio de la firma BDO Puerto Rico, debe servir de advertencia sobre el enfoque que tiene su grupo de trabajo sobre la isla.

IRS-CI se especializa en crímenes contributivos “y eso nos da un equipamiento especializado para mirar otros delitos de cuello blanco”, dijo Hatcher. En su informe anual, la división plantea una tasa de convicciones del 90.4% de sus casos.

En el caso de Hernández Colón, IRS-CI colocó a un agente encubierto posando como empresario interesado en los incentivos de las leyes 20 y 22 y, según la acusación federal, el CPA habría confeccionado documentación financiera y corporativa falsa para conseguirle los beneficios al encubierto. Hatcher ofreció el número 954-991-4376 como la línea para cooperadores.

La Ley 20 aplica a entidades que se establecen en Puerto Rico (sin importar quiénes o de dónde son sus dueños) que ofrecen servicios de exportación. Bajo esa ley, por ejemplo, están cobijados algunos exponentes puertorriqueños de la música urbana. Por otro lado, la Ley 22 ofrece una tasa contributiva reducida a individuos de altos ingresos que se mudan a Puerto Rico pasando aquí por lo menos seis meses y un día. De esta manera, esos individuos pueden usar la tasa contributiva más beneficiosa de Puerto Rico para tributar sus ingresos, aunque sean ingresos que vengan de actividades e inversiones en otras jurisdicciones.

Aunque no contestó preguntas sobre casos o gestiones investigativas específicas, Hatcher mencionó que algunas de las áreas que miran por posible acción fraudulenta en estos incentivos son solicitudes falsas, arreglos comerciales falsos, declaraciones de residencia (tiempo que la persona pasó en la isla para poder acogerse al beneficio), cualificaciones de un negocio y “cualquier cosa que pueda falsearse para hacer que la persona sea elegible a un programa gubernamental al que, de ordinario, no serían elegibles”. No solo los beneficiarios de los incentivos pueden ser objeto de las investigaciones sino que, como en el caso de Hernández Colón, lo pueden ser contables que preparan documentos contributivos, agentes residentes en corporaciones y directivos en entes corporativos que están bajo cobijados por los incentivos.

Ese criterio investigativo sobre la elegibilidad de programas aplica también a las ayudas por pandemia como las de los programas de Pago de Impacto Económico (el cheque de $1,200), los préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP, por sus siglas en inglés) y el Seguro por Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés).

954-991-4376

Línea para cooperadores de la División Criminal del IRS

Según la información contenida en los informes de transición de los departamentos de Hacienda y del Trabajo y Recursos Humanos, la primera agencia distribuyó hasta ahora $2,677,722,679 a 1,761,598 beneficiarios mientras que la segunda dependencia distribuyó, entre varios tipos de ayuda federal, $6,026,394,430.49. Trabajo añadió que, en 71 arrestos por fraude en el desempleo pandémico, han podido recuperar $448,954 y otros $56 millones se han recuperado mediante cheques devueltos por distintos tipos de ayuda de personas que no cumplían con los requisitos incluyendo menores de edad, confinados, 3,143 empleados municipales, y 9,094 funcionarios públicos.

“Cada programa gubernamental que pueda ser abusado de manera criminal o fraudulenta va a ser una área de preocupación para nosotros”, dijo Hatcher, quien llegó a la dirección de la oficina de Miami a principios de octubre, aunque lleva 19 años como agente del IRS-CI en distintas funciones. Uno de sus focos gerenciales va a ser aumentar la cantidad de agentes de la oficina, incluyendo los agentes asignados a materias de Puerto Rico.

El IRS-CI es la agencia representante de los Estados Unidos en el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, conocida como J5, un grupo internacional de cinco países enfocados en investigar crímenes contributivos de escala mundial. Una de las primeras investigaciones del grupo es una entidad financiera foránea con sede en Puerto Rico y a la que está ligado el beneficiario de Ley 22, Peter Schiff.

Hatcher calificó como una materia que se resuelve a nivel central del Tesoro federal, y no en la oficina de Miami, las preguntas sobre los señalamientos que se hicieron contra el Departamento de Hacienda en un informe congresional sobre las leyes 20 y 22 en Puerto Rico y en el que se indica que Hacienda no entregó toda la información que se solicitó sobre los beneficiarios de esos incentivos.

“Cada vez que miembros del Congreso y el público plantean sus preocupaciones, las tomamos muy en serio”, se limitó a contestar cuando se le preguntó cuánta de su agenda investigativa en Puerto Rico está dictada por los reclamos públicos que han hecho algunos miembros del Congreso para que se examine cómo las leyes 20 y 22 pueden impactar al Tesoro federal. Públicamente, ese reclamo resultó en un informe que publicó NotiCel en el que, además de consignar la falta de cooperación completa de parte de Hacienda, no recomiendan cambios a estas leyes pero sí mantener la supervisión sobre las mismas.

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