El jefe de la fiscalía federal anunció más recursos para rastrear las actividades financieras en la isla, incluyendo con ayudas como el PUA.

Transacciones relacionadas con el programa de Asistencia de Desempleo por la Pandemia (PUA, por sus siglas en inglés) y con entidades bancarias internacionales radicadas en Puerto Rico son dos de las actividades financieras que están provocando que los bancos sometan al gobierno federal informes que han llevado a más recursos en esa área para la fiscalía federal en Puerto Rico.

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, confirmó hoy en una mesa redonda que su oficina mantiene activas pesquisas relacionadas a los beneficios del PUA en la isla y que esperan revelar casos próximamente.

“Hay gente que cuando ven que están investigando deciden devolver el dinero y rezar que nadie venga a tocar la puerta”, comentó. “Mi sugerencia es que es mejor devolver el dinero para estar en una mejor posición en el futuro si algo pasa”, recalcó al recordar que su oficina tiene la opción de llevar estos casos tanto por la vía civil como por la criminal y que en la evaluación de casos se concentrarían “en las persona que son más responsables (de conducta criminal) y si hay un grupo organizado que no es solamente un cheque, sino 20 cheques, nosotros estamos atacando ese tipo de casos (pero) esos casos toman más tiempo”.

Cuando alguien usa el Seguro Social de una persona sin su permiso, se configura el delito de robo de identidad agravado, que conlleva un mínimo mandatorio de prisión de dos años consecutivos a cualquier otra pena de cárcel que le impongan por otros delitos, subrayó Muldrow en el contexto del PUA.

“Estamos recibiendo mucha información de los bancos. Ellos son nuestros ojos y oídos en la calle y nos ayudan mucho… nosotros seguimos investigando y no puedo decir cuándo, pero ustedes van a ver casos en esa área”, indicó Muldrow.

Entre varias otras obligaciones de divulgación al gobierno, los bancos, y otras entidades financieras como cooperativas, casinos, bancos internacionales, compañías de seguros y empresas de envío de valores manejan dos herramientas básicas, un informe compulsorio para transacciones que son por encima de los $10,000 y un Informe de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) que se debe activar por cualquier conducta que el banco note de su cliente y que genere suspicacia por no estar acorde con la trayectoria o el perfil financiero del cliente.

Estos informes cobraron notoriedad en Puerto Rico cuando en 2003 el Banco Popular aceptó pagar una multa de $21.6 millones como alternativa a una investigación criminal por su manejo de la cuenta de dos clientes en su sucursal del Viejo San Juan entre 1995 y 1998. Además, la isla ha sido foco de los reguladores financieros federales con intensidad desde al menos 2000, cuando recibimos la designación de Área de Alta Incidencia de Crímenes Financieros (HIFCA). El narcotráfico ha sido usualmente el generador de esas actividades financieras sospechosas, pero ahora se añaden las transacciones con ayudas como el PUA y transacciones que se realizan en los bancos internacionales localizados aquí que se han multiplicado en años recientes.

Muldrow reveló que el Departamento del Tesoro federal asignó recursos a su oficina para “mirar muy bien los SAR”, pero no lo ató específicamente a un aumento en la radicación de esos informes sino a iniciativa de la Oficina Ejecutiva del Tesoro para la Incautación de Activos (TEOAF, por sus siglas en inglés) que busca que el gobierno recupere activos involucrados en distintos tipos de investigaciones criminales, desde evasión contributiva hasta narcotráfico.

Las estadísticas de la Red de Investigación de Delitos Financieros del Tesoro federal (FinCEN, por sus siglas en inglés), reflejan que la radicación de SARs en Puerto Rico ha tenido fluctuaciones. El 2018 fue el año de mayor actividad recientemente con 29,199, mientras que 2019 reflejó 25,998 radicaciones y 2020 va por 16,161.

Las expresiones de Muldrow se registraron el mismo día en que The New York Times reveló que un esfuerzo colaborativo de autoridades financieras que surgió después del escándalo de los “Panama Papers” tiene su primera investigación enfocada en Euro Pacific Intl. Bank, Inc., ubicada en una oficina frente al Caribe Hilton y que es lo que la ley de Puerto Rico denomina una “entidad financiera internacional”. La entidad, fundada por Peter Schiff y presidida por Mark Anderson, está bajo la lupa de autoridades de Estados Unidos, Australia, Inglaterra, Canadá y los Países Bajos por tener entre sus clientes a personas sospechosas de lavado de dinero y evasión contributiva.

El artículo plantea que, por un lado, la isla ha facilitado el establecimiento de esas entidades como una de las estrategias de desarrollo económico pero, por el otro, el regulador, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, no tiene recursos suficientes para la regulación y la ley local solo les requiere un mínimo de empleados a las entidades, con lo cual no se garantiza una plantilla que atienda efectivamente los requisitos de informes federales. De hecho, las reglas para obtener autorización de la Reserva federal para realizar transacciones se hicieron más estrictas recientemente.

Además, el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores publicó el mes pasado una serie de historias denominadas “FinCEN Files” en la que exponen el contenido de decenas de miles de SARs que obtuvieron y que denotan actividad bancaria sospechosa a una escala global porque, aunque se hagan transacciones entre dos bancos de un país, si hay un intermediario sujero a la regulación de Estados Unidos se activa la obligación de reportar actividad sospechosa. La data incluye 37 transacciones reportadas en Puerto Rico por el banco Oriental, The Bank of New York Mellon y JP Morgan Chase & Co. Las partes involucradas en las transacciones incluyen Oriental, Deutsche Bank AG, Banco Santander, Italbank International Inc. y Continental DPR Finance Company.

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