La Cámara de Representantes federal aprobó con mayoría de votos la legislación para reformar el sistema tributario, que incluye al arancel de 20 por ciento para los productos que se exportan a Estados Unidos, amenazando la base industrial de la Isla.

La votación 227-205 no contó con un solo voto Demócrata. Con el cómodo paso del proyecto en una Cámara controlada por Republicanos, en el Senado se anticipa otra historia.

Con esto en cuenta, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, informó en comunicado de prensa que, 'Ante la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos del proyecto que pretende reformar el sistema de impuestos federales, los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico dirigidos a lograr la integración de la Isla al sistema contributivo de la Nación y, por ende, lograr condiciones que promuevan y faciliten nuestro desarrollo económico y la creación de empleos, se concentrarán ahora en el Senado federal'.

El Mandatario adelantó que las propuestas para insertar a Puerto Rico en la legislación serán dirigidas en el proceso de conferencia legislativa, concentrada en 'crear empleos y riquezas en Puerto Rico como parte de los Estados Unidos, en lugar de eliminarlas, como resultaría con el proyecto aprobado hoy'.

'Lo que estamos haciendo hoy no es determinar el sistema fiscal que vamos a tener, lo que estamos haciendo es determinar que tipo de país vamos a tener', aseguró el congresista republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara y uno de los principales diseñadores de la propuesta, minutos antes de la votación.

En conjunto con la comisionada residente Jenniffer González, Ryan divulgó una declaración que indica: 'Puerto Rico todavía está trabajando para reconstruir despues del daño ocasionado por los huracanes Irma y María. El Congreso ha estado enviando ayuda, muchos de nuestros miembros han visitado Puerto Rico despues de la tormenta y siempre estamos buscando más formas de ayudar a la isla. Una de esas maneras es a traves de incentivos fiscales adicionales para que nuestros conciudadanos estadounidenses en Puerto Rico puedan tener todos los recursos posibles para reconstruir sus vidas y su economía. Nuestra intención es hacer mejoras a nuestra legislación en materia de reforma tributaria, en lo que se refiere a Puerto Rico, cuando vayamos a conferencia'.

El miercoles, el senador republicano por Wisconsin, Ron Johnson, anunció su oposición a la versión de la medida en dicho cuerpo, y otro puñado de legisladores de mayoría ha expresado su preocupación sobre la misma.

Ryan ha insistido en que el plan supone un 'alivio real' para la clase media y ha recalcado que el ahorro para la típica familia estadounidense sería de 1,182 dólares al año.

Líderes republicanos aseguran que a final de año el presidente Donald Trump tendrá la legislación en su mesa para firma, pero tambien guardan cuidado sobre el proceso. La aprobación en Cámara es solo el primero paso, pero la integración de las versiones de ambos cuerpos aspecta escabrosa.

Mientras, el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), Rodrigo Masses, está en Washington junto a miembros de su equipo de trabajo reuniendose con líderes congresionales, líderes de uniones y de organizaciones del sector privado en un intento por educar sobre los efectos nefastos que pudiera tener en la economía de Puerto Rico el proyecto federal, según redactado.

'Tenemos que proteger lo que ha sido la columna vertebral de la economía de Puerto Rico en los últimos años y el principal sector económico que nos queda luego del embate del huracán María: la base industrial puertorriqueña. Este no es el momento, ni la reforma contributiva el vehículo para cambios al modelo comercial de la última decada. En lugar de estar hoy preocupados por la subsistencia económica de Puerto Rico, debemos estar enfocados en obtener las herramientas para el desarrollo y crecimiento económico que hace un año el Congreso nos prometió con la sección 701 de PROMESA', concluyó Masses.

De modo similar, Rosselló Nevares apuntó que, 'Si el Congreso toma esta acción sin tomar en consideración a Puerto Rico, laceraría la economía, lo que va contra los propósitos de la Ley PROMESA, legislada precisamente por ese Congreso. Esa acción discriminaría contra los 3.4 millones de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico'.

'Deseo reafirmar que seguiremos trabajando para que se considere a Puerto Rico en dicha reforma contributiva. De ser considerado, sería un trato desigual y discriminatorio para los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico', concluyón el Gobernador.

El plan, que aún debe votarse en el Senado para su aprobación definitiva, incluye una bajada del impuesto de sociedades que pagan las empresas de 35 % a 20 %, y reducir de los siete actuales a cuatro los tramos impositivos.