Negociado de Energía hizo cambios en el calendario de un proceso que incluirá una nueva tarifa provisional, al alza, desde julio.

El Negociado de Energía (NE) dispuso que el proceso de revisión de la tarifa eléctrica, el primero en ocho años, arrancará la semana que viene, el 30 de abril, dentro de un calendario que se anticipa complicado y que incluirá una tarifa provisional desde el 1 de julio que se prevé sea mayor a la actual.

Esto nos encamina a comenzar a pagar más por la luz justo en el verano para el que se han proyectado hasta cuatro veces más apagones que los que ocurrieron el año pasado. El negociado puede establecer esa tarifa provisional por ley y la misma no los ata en cuanto a la tarifa permanente que van a decidir después. A este momento, lo que se espera es que la provisional sea mayor a la actual y que, a su vez, la permanente sea aún mayor que la provisional.

Lo que empieza es la revisión de la parte de la tarifa que se conoce como la “básica”, y que es fija en cada factura. Cada mes, a esa sección básica se le suman los cargos por compra de combustible para llegar al número final, y fluctuante, que el ciudadano paga. De hecho, cuando el NE anuncia cada trimestre un ajuste tarifario (que puede ser al alza o a la baja), a lo que se refiere no es a un cambio en la tarifa básica sino a una reconciliación entre los gastos que los operadores privados, LUMA Energy y Genera PR, tuvieron en ese trimestre y lo que se les había permitido cobrar de manera estimada.

Por eso es que el proceso que comienza el 30 de abril es uno que no ocurría hace ocho años y que es distinto al que se da cada tres meses. Para el miércoles que viene, LUMA tiene que someter una solicitud de ingresos, con documentación que la sustente. Ahí se comenzarán a ver varias cosas, principalmente, cuál es la proyección de aumento en la tarifa básica y si va a incluirse una solicitud de tarifa de emergencia para cubrir el pago de pensiones. La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ya le había dicho a LUMA que hiciera esa solicitud de emergencia, pero el gobierno intervino para intentar plantear alternativas con las que cubrir ese pago, que no sea mediante la tarifa. Una tarifa de emergencia podría activarse tan temprano como el 1 de mayo, y quedaría incluida en la tarifa provisional que comienza en julio.

La solicitud que presentan el 30 de abril no es la propuesta final de LUMA, para esa tienen hasta el 3 de julio. Entremedio de abril y julio, se espera que el público pueda conocer por dónde va LUMA con la tarifa y que el negociado le pida suplementar la información que sea necesaria. Esta propuesta no es solo una cantidad de dinero. También puede ser un cambio en categorías de abonados, modificaciones en subsidios, precios diferenciados entre distintos tipos de consumo y otros elementos que se consideran el “diseño” de la tarifa.

El 30 de abril es también la fecha en que se abre la posibilidad de que los ciudadanos y grupos afectados pidan intervenir en el proceso. El NE se comprometió a hacer disponible al público el análisis de “algunos” de sus expertos. Se supone que también se anuncie un calendario de vistas públicas, las cuales la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) ha pedido que sean en español. En esta revisión, las intervenciones de los ciudadanos y grupos civiles son particularmente cruciales porque el proceso va a estar ocurriendo a la misma vez que otros dos trámites cruciales para el sistema eléctrico.

Uno, la confección de un nuevo Plan Integrado de Recursos, que es el mapa de ruta de las inversiones de infraestructura que se van a hacer en el sistema en los próximos años. Ese plan debe responder a la política pública de conseguir el 100% de la generación de fuentes renovables para el 2050, una meta que ya la administración nueva cambió para eliminar las metas intermedias y para flexibilizar el uso del gas natural y el carbón, ambos combustibles fósiles, no renovables.

El segundo trámite de trasfondo es la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la que la JSF ya adoptó como postura que la deuda no se puede repagar con lo que los abogados pagan en la tarifa porque la tarifa se va a aumentar para atender las necesidades del sistema y no va a sobrar ingreso neto para los acreedores. De hecho, los acreedores ya pidieron intervenir en la revisión tarifaria.

Según una orden del 21 de abril, el negociado decidió comprimir la revisión tarifaria para que cosas que antes pasaban de manera secuencial, ahora ocurran paralelamente. Específicamente, en vez de dos procesos formales, uno detrás de otro, ocurrirá un solo proceso formal. En el mismo se determinará, primero, cuánto es que hay que cobrar en la tarifa básica para atender las necesidades del sistema y, segundo, el diseño que tendrá la tarifa final incluyendo las partidas a las que se asignarán los recaudos. Solo con una orden final del negociado es que estos aspectos quedan formalmente decididos y empieza a regir la nueva tarifa que estará vigente por tres años y que puede ser revisada en el segundo y tercer año.

El negociado estimó que esa orden final sería entre marzo y abril de 2026.

Para la orden de febrero sobre la revisión tarifaria, pulse aquí.

Para la orden de abril sobre la revisión tarifaria, pulse aquí.

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