Los bonistas, otros acreedores de la AEE y hasta Genera PR quieren intervenir en el proceso que dictará la nueva tarifa, los abonados también pueden participar.

La Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) solicitó al Negociado de Energía (NE) que asegure la participación de los ciudadanos en el proceso de revisión de tarifa de energía eléctrica que debe llevarse a cabo, principalmente, mediante la traducción al español del expediente, el cual usualmente se maneja en inglés.

“Que el Negociado celebre este procedimiento únicamente en el idioma inglés afecta la participación ciudadana, participación que, tanto la OIPC como el Negociado, vienen obligados a garantizar y promulgar”, indicó en una moción la semana pasada Hannia Rivera Díaz, directora de la OIPC.

Se supone que los ciudadanos tienen la oportunidad de participar en todos los procesos que lleva a cabo el NE mediante el mecanismo de intervención, el cual tiene que ser autorizado por ese foro si se cumplen algunos parámetros. Pero, como regla, el Negociado maneja sus asuntos no solamente en inglés sino en inglés altamente técnico y lleno de términos de ingeniería eléctrica.

Hasta ahora, solo un grupo especializado de abogados ha desarrollado la práctica de representar a ciudadanos, grupos comunitarios y otros sectores civiles ante el NE.

La OIPC pidió específicamente que: 1) se provean traducciones al español “de aquellos documentos claves” que se emitan o sometan por las partes; 2) traducción simultánea durante las vistas públicas y técnicas (lo que ya implementa el foro); 3) que las vistas para el público sean en español; 4) y que “establezca un protocolo formal para todas las partes que garantice que los participantes que solamente hablen español no enfrentarán desventajas lingüísticas alguna”.

Por ley la tarifa de energía eléctrica debe ser “justa y razonable”. Esta es la parte que se refiere al cargo base que siempre se cobra y que es separado del cargo por consumo de energía que puede variar y que es el que fluctúa radicalmente no solo por la volatilidad de precios de los combustibles fósiles, sino por el manejo del sistema. Por ejemplo, los apagones aumentan este cargo porque para reactivar el sistema se usan mecanismos de generación con el combustible más caro.

La meta de una tarifa “justa y razonable” se enfrenta en esta ocasión a una presión particular porque la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) planifica sacar de ahí el pago de pensiones de la AEE y un nivel de gasto más real para estabilizar la red eléctrica. El empuje llega al punto que han dicho a la jueza que preside la quiebra de la corporación pública que se la tarifa no puede salir nada para repagar la deuda de los bonistas. De hecho, el bloque de bonistas que insiste en recobrar la totalidad de su deuda, en vez del recorte que ofrece la Junta, ya pidió intervenir en la evaluación de la tarifa, igual que lo hizo el Comité de Acreedores No Asegurados.

Se supone que la entidad que timonea el proceso ante el NE sea LUMA Energy LLC, en representación de la AEE y de los demás componentes del sector energético público. Pero resalta que Genera PR, operador privado de las plantas termoeléctricas de la AEE, ha pedido intervenir por separado argumentando que LUMA no se ha comunicado con ellos para su aportación a la propuesta de tarifa nueva que se supone que el operador de la red someta este verano.

Una vez LUMA haga su propuesta, debe iniciar la evaluación pública de la misma antes de que el NE tome su decisión. Pero antes de la decisión final, a partir de julio, entrará en vigor una tarifa nueva temporera que se prevé será un aumento de la tarifa actual.

En la tarifa no solo se establece una cantidad de dinero que la AEE tiene que recobrar mediante la factura para mantener la operación de la red. También se establecen diferenciaciones entre lo que pagan clientes residenciales, comerciales e industriales y, además, la carga que van a tener los abonados que pagan en contraste con los abonados que no pagan por virtud de algún subsidio o categoría especial.

Las oportunidades de participación del público son en múltiples vías. Una básica es presionar a sus representantes electos (alcaldes, senadores y representantes) para que, a su vez, ejerzan presión política durante la evaluación. Otra es la intervención formal en el proceso, lo que los haría una parte oficial a la que hay que darle notificación y oportunidad de examinar evidencia. La intervención se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la cual la favorece cuando, entre otros criterios, el interventor puede ser “portavoz de otros grupos o entidades de la comunidad” y cuando puede aportar “información, pericia, conocimientos especializados o asesoramiento técnico”.

Rivera Díaz indicó a NotiCel que su oficina estará explicando cómo el público puede participar en la revisión tarifaria el 1 de mayo. De la misma manera, el 4 de junio, estará explicando cómo participar en otro proceso crítico que se debe llevar a cabo a partir de verano, a la misma vez que el de la tarifa, que es la revisión del Plan Integrado de Recursos (PIR). Esa charla está pautada para el 4 de junio. Ambos conversatorios son a las 9:00 am en la sede de la Asociación de Industriales.

El PIR es el documento que dicta la prioridad de las inversiones y obras que se realizarán en la red. Se supone que esas prioridades tengan el objetivo de cumplir con la política pública de lograr que para el 2050 toda la generación de energía en la isla sea de fuentes renovables. Se supone que LUMA someta su propuesta de PIR el 16 de mayo.

Pero la primera ley aprobada en la Administración González Colón alteró esa política pública para mantener el uso del carbón como fuente de generación hasta el 2032 y para eliminar las metas intermedias de generación con renovables.

“Esta solicitud se presenta con el ánimo de fortalecer los principios de equidad, inclusión y transparencia que rigen el quehacer de este Negociado… de manera que se le garantice a todos los consumidores del sistema eléctrico las herramientas necesarias para entender que el cambio tarifario que en su día sea aprobado es justo y razonable y consistente con prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionen un servicio confiable y adecuado, al menor costo razonable”, concluyó la OIPC en su moción.