El Centro para una Nueva Economía entiende que simplemente tratar de pasar por debajo del radar no es la estrategia correcta ante los cambios, rápidos y radicales que impulsa la nueva administración federal.

El Centro para una Nueva Economía (CNE) recomendó al gobierno de Puerto Rico “diseñar estrategias para mitigar el posible daño económico y social que podría sufrir la isla durante los próximos tres años y diez meses” por las acciones del presidente Donald Trump.

El señalamiento del grupo especializado en política económica ocurre en momentos en que las gestiones más visibles que ha hecho la gobernadora Jenniffer González Colón con la Administración Trump han sido alinearse con su política de enfatizar el gas natural como combustible para la energía eléctrica y con el desmantelamiento del Departamento de Educación federal.

En otras áreas, como el impacto en la isla de la serie de aranceles de Trump que incluyó 25% en vehículos y piezas decretado el miércoles, el gobierno local no ha articulado las medidas que está tomando, o va a tomar, para proteger a Puerto Rico.

“Hasta ahora, Puerto Rico ha evitado las consecuencias más graves de las políticas públicas del presidente Trump gracias a decisiones temporeras de los tribunales federales que han paralizado la implementación de varias órdenes ejecutivas recientes. Sin embargo, mantener un perfil bajo y simplemente esperar lo mejor no es una estrategia eficaz. Sería prudente que el gobierno puertorriqueño empiece a diseñar estrategias para mitigar el posible daño económico y social que podría sufrir la isla durante los próximos tres años y diez meses”, argumentó el director de Política Pública del CNE, Sergio M. Marxuach, en un análisis publicado hoy.

Recordó Marxuach que, por primera vez desde 1961, no hay en Casa Blanca un funcionario o una oficina asignado directamente a atender los asuntos de Puerto Rico.

Las decenas de órdenes ejecutivas con las que Trump ha querido maximizar el poder de su oficina, en maneras que están siendo retadas en los tribunales, provocan efectos en la isla, como en otros estados y territorios. Por ejemplo, la paralización de asignaciones asociadas con iniciativas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI), energía renovable y mitigación de cambio climático.

Pero Marxuach resaltó tres áreas de impacto específico en la isla que el gobierno local debería atender proactivamente.

Primero, los $52,000 millones asignados a reconstrucción, de los que quedan $30,000 millones por gastar, así como la intención de Trump de desmantelar la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). “Ya hemos visto varios casos en los que el desembolso de fondos federales ha sido retenido o congelado, aun cuando ya se había asumido el compromiso legal. En caso de que estos fondos sean rescindidos, la única opción que tendría el gobierno de Puerto Rico sería demandar al gobierno federal”, apuntó.

Segundo, la eliminación de Educación federal. “Aproximadamente $2,400 millones, o el 45%, del presupuesto de $5,300 millones del Departamento de Educación de Puerto Rico para el año fiscal 2025 provienen directamente del gobierno federal estadounidense. Cualquier cambio significativo en este financiamiento podría afectar directamente la educación de algunos de los niños más vulnerables en Puerto Rico”, subrayó.

Tercero, los fondos Medicaid que necesariamente serían recortados ante el nivel de reducción de fondos que el Congreso republicano está recomendando para el presupuesto del año próximo. “Actualmente, aproximadamente el 72% del costo total del programa Medicaid en Puerto Rico (alrededor de $3,400 millones de un total de $4,700 millones) está financiado por fondos federales, beneficiando a cerca del 50% de la población local. Cualquier reducción significativa en estos fondos limitaría drásticamente el acceso a la salud para cerca de 1.5 millones de beneficiarios y tendría efectos devastadores sobre las finanzas del gobierno central. Por ejemplo, si el Congreso decide revertir el financiamiento a la fórmula previa al ACA para el año fiscal 2028, la aportación federal se limitaría a un máximo aproximado de $500 millones, dejando al gobierno de Puerto Rico responsable de cubrir hasta $4,800 millones o recortar drásticamente servicios o beneficiarios”, elaboró.

A nivel general, está el peligro también de impacto negativo a la economía por la inestabilidad que está provocando la forma en que Trump está realizando recortes y lo impredecible y errático que ha sido su plan de imponer aranceles a distintos países por distintos bienes.

“Con Elon Musk suelto sin control en Washington con acceso al sistema de pagos del Tesoro, información del IRS y datos del Seguro Social para propósitos hasta ahora desconocidos, no se puede descartar que comenta un error grave”, resaltó Marxuach en referencia al empresario billonario a cambio de crear “eficiencias” en el gobierno federal mediante despidos y recortes. Musk también ha criticado el Seguro Social, anticipando la posibilidad de que trate de implantar cambios en ese programa también.

“Es justo señalar que las acciones del presidente Trump para reducir la fuerza laboral civil, recortar miles de millones de dólares en inversiones federales, castigar a los socios comerciales con nuevos aranceles y tomar medidas severas contra los trabajadores migrantes no auguran nada bueno para la salud de la economía estadounidense, ni estas políticas públicas inspiran la confianza necesaria para mantener el consumo y la inversión a largo plazo en Estados Unidos”, concluyó.

El asociado de investigación del CNE, Enrique Figueroa Grillasca, enfocó en la incertidumbre que representa las decisiones de Trump sobre aranceles. Por ejemplo, los aranceles a México afectan casi $1,200 millones en importaciones a la isla (vehículos, piezas, compresores, cervezas y otros) y los de Canadá impactan $661 millones en importaciones (papas, químicos y combustibles, entre otros).

“Cualquier aumento en los aranceles afectará los precios de los bienes, el empleo y la producción en la isla. Sin embargo, predecir el impacto preciso es difícil debido a que depende directamente de las respuestas tanto de consumidores como productores, las cuales a su vez dependen de las elasticidades de ingreso y precio, la disponibilidad de bienes sustitutos y estrategias cambiantes de producción”, explicó.

Para leer el análisis, pulse aquí.