La jueza Swain escuchará argumentos hoy que, de ser avalados, darían luz verde a los bonistas para pedir la desestimación de la quiebra de la AEE y el nombramiento de un síndico.

En lo que un grupo de participantes llamó un “punto de inflexión”, la jueza Laura Taylor Swain escuchará argumentos hoy de parte de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que se les permita pedir la desestimación de la quiebra de esa corporación pública y la designación de un síndico que la opere con miras a maximizar el repago de su deuda.

Aunque lo que se discute hoy es un punto preliminar, ya que todavía no es la desestimación de la quiebra y la designación del síndico, se trata de un punto que la jueza Swain se había resistido a conceder desde que primero se lo pidieron en 2017, en el mismísimo inicio de la quiebra de la corporación pública.

Con la quiebra, la AEE quedó protegida de cualquier litigio que sus acreedores pudieran presentar para cobrar la deuda. Si la jueza concede la petición, esa protección se levantaría para que los bonistas puedan moverse a pedir la desestimación del caso, la designación de un síndico y que se les permita reclamar el pago de deuda adicional que entienden se ha acumulado desde el 2017 hasta ahora.

La discusión de hoy ocurre en el contexto de las mayores tensiones registradas hasta ahora en este caso, la única quiebra que queda pendiente en el gobierno de Puerto Rico. A la confrontación natural entre los bonitas y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como representantes oficiales de la AEE, se une ahora tensión entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico, que hasta ahora se había mayormente sometido a las estrategias del ente fiscal.

El alineamiento de los bonistas y el gobierno contra la Junta se notó públicamente después de que a principios de año el ente fiscal certificara un plan fiscal para la AEE que cambió las bases de lo que se había discutido hasta ahora en el caso.

En ese documento, la JSF planteó por primera vez que el dinero para pagar a los bonistas no va a salir de la tarifa que los abonados pagan porque esa tarifa ya iba a tener que ser aumentada considerablemente para cubrir los gastos que se requieren para reparar y mantener la red eléctrica dilapidada y frágil que tenemos. En vez, el dinero tendría que salir de alguna otra partida pública que la Junta identificaría con el gobierno. La Administración González Colón ripostó criticando a la JSF por esta postura y asegurando que no se les había consultado la misma. El plan fiscal fue certificado poco después de conocerse que la administración nueva buscaba contratar a Houlihan Lokey, un banco de inversiones que había representado a acreedores de la AEE.

Luego, en una moción ante Swain, el ente fiscal reforzó su postura argumentando que, aún si los bonistas conseguían la designación de un síndico, ellos iban a seguir controlando el flujo de dinero de la AEE porque ese síndico tendría que regirse por lo que diga el plan fiscal que solo ellos pueden certificar bajo la ley PROMESA. El poder de la Junta para certificar planes fiscales es total y no puede ser revisado por el tribunal.

Ante estos desarrollos, los bonistas han dicho a la jueza que necesitan que se les permita litigar sus otras alternativas porque los han dejado sin opción. “(La Junta) ha eliminado cualquier base razonable para mantener una paralización de los litigios”, dijeron en una moción hace casi un mes.

El informe más reciente del grupo de mediación que está intentando hace años que las partes lleguen a un acuerdo confirma el momento crucial en el que está el caso. “Puesto en términos sencillos, hemos llegado a un punto de inflexión en este caso”, planteó la exjueza Shelley Chapman, jefa del equipo de mediación.

Esa afirmación de la ezjuez ocurre en apoyo a la petición de su grupo para que el tribunal les permita contratar como asesores a PJT Partners, un banco de inversiones que cobraría $1 millón mensual bajo un contrato con el mandato de lograr que las partes lleguen a un acuerdo y el caso se resuelva de esa manera, en vez de ser desestimado o de que la jueza imponga un plan de ajuste que pueda provocar más litigio. Esa petición de contratación, que también se discutirá hoy, levantó objeción por su costo y porque el banco había sido asesor de bonistas de la AEE. En documentos sometidos para apoyar la contratación, PJT Partners aseguró que sus vínculos con los acreedores terminó incluso antes de la radicación de la quiebra y que está conteste conque de su millón mensual se le retengan $350,000 que serían pagaderos al final del caso, si se llega a un acuerdo.

Para Chapman, los litigios que podrían desatarse con la petición de los bonistas harían que las partes estén más propensas a enfrascarse en mediación. “Por tanto, el Equipo de Mediación espera que la litigación y la mediación puede y procederá paralelamente”, subrayó.

Mientras esto ocurre en el tribunal, el operador privado de la red eléctrica, y cuyo contrato de 15 años solo comenzará cuando la quiebra termine, LUMA Energy LLC, acudió al Negociado de Energía (NE) para pedir que ese regulador público elimine el aviso de multa de $1.8 millones que le notificó por el aumento que se han registrado en los apagones desde que el operador está a cargo de la red.

El mes pasado, el NE dijo que se inclinaba a imponer la multa, la primera que el regulador emitiría contra el operador relacionada a sus métricas de desempeño. Específicamente, el índice promedio de duración de interrupciones del sistema (SAIDI, en inglés), que entre 2022 y 2023 fue 20 horas y 18 minutos, pero entre 2023 y 2024 empeoró a 23 horas y 52 minutos.

En su riposta, LUMA pide que, al menos, se les conceda una vista antes de que el negociado emita una multa final. Presentaron el informe de un perito que contrataron, Exponent, y que concluye que las comparaciones que el NE hace para determinar un deterioro en el SAIDI no toma en cuenta el efecto que tuvo el huracán Fiona y otros eventos de clima, como el calor extremo. El operador argumentó también que se le está penalizando por ser más riguroso en sus estadísticas ya que, argumentaron, las métricas de la AEE se veían mejor porque eran descuidados con sus estadísticas y ofuscaban el estado real de la red.

Añadieron que el negociado siguió un proceso “críptico” para concluir que estaban incumpliendo con métricas y que usaron datos sometidos por el mismo LUMA en un procedimiento en el que se les pidió que sometieran datos, pero nunca se estableció que esos datos podían ser usados para penalizarlos ni cómo se haría eso.

Historia relacionada: Junta le desinfla la opción del síndico a los bonistas de AEE