Un análisis del CNE apunta a que tarifa llegará a 35 centavos, mientras que documentos de mediación en la quiebra de a AEE explican el empuje de los bonistas para cobrar más.

A siete años de que el huracán María llevara al piso el sistema eléctrico de la isla, la inversión real para la reconstrucción ha sido mínima, sus operadores privados no han cumplido con las mejorías de servicio que justificaron esos contratos, y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sigue atrasándose con propuestas que ni siquiera precisan todavía cuánto y cómo ocurrirá el repago a los bonistas.

La instantánea más actualizada de los problemas que persisten en la reconstrucción de la todavía frágil red proviene de un análisis del Centro para una Nueva Economía (CNE) y de propuestas intercambiadas entre los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que eran confidenciales, pero fueron publicadas al mercado financiero el martes.

CNE entiende que, como está el proceso hoy, la tarifa llegaría a 35 centavos el kilovatio hora (hoy es 23.77 centavos) entre 2027 y 2028; se limitarían los avances en la transición a energía renovable; se aumenta la dependencia en el gas natural; los ahorros por los contratos de operación privada son pocos, si alguno; las tarifas y la inestabilidad aumentan porque los abonados siguen recurriendo a generación en sus hogares; y “no se puede descartar un fallo en cascada del sistema eléctrico en un futuro inmediato”, por lo que la prioridad debe ser la estabilización del sistema.

El lunes, la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el proceso de quiebra de la AEE, concedió una nueva extensión de la paralización de cobro hasta el 13 de noviembre. A la vez, repautó para el 11 de diciembre la discusión sobre la solicitud de los bonistas para desestimar la quiebra e instalar en la AEE un síndico que gerencie la corporación pública para garantizarles el repago de una deuda de unos $9,000 millones. Adicional a eso, la corporación pública tiene obligación de pensiones por $3,800 millones y otros $700 millones en préstamos para compra de combustible.

La extensión supone ser una oportunidad adicional para que la mediación produzca una propuesta de consenso para la reestructuración de la deuda, pero las discusiones publicadas no reflejan que la Junta y los bonistas estén cerca de tener acuerdos.

En cualquiera de las formas de la discusión, a los abonados se les aumenta la tarifa específicamente para atender el repago de deuda por al menos entre 3 y cuatro centavos el megavatio hora. Las diferencias empiezan por cuánto se le va a repagar. “Los lineamientos de (los bonistas) no son una propuesta. Dejan en blanco las cantidades que se repagarían”, resumió la Junta tras una comunicación de los acreedores del 1 de octubre.

El principal mecanismo de repago que mantiene la Junta es el “cargo heredado” que aplicaría a todos los abonados que no tengan tarifa subsidiada y que tiene dos componentes: uno fijo y otro variable que depende del nivel de consumo de energía. Los bonistas quieren reducir la cantidad de megavatios en el bloque de consumo básico para que más abonados caigan en un cargo variable mayor.

El período de repago que propone la Junta son 35 años y el de los bonistas es 50 años. La Junta quiere basar parte del repago en el mismo instrumento variable que usaron para reestructurar la deuda del gobierno central, y que dispone que los bonistas reciben más dinero si la entidad pública recibe más ingresos de lo esperado. Pero los bonistas descartan ese instrumento, con las siglas CVI, afirmando que no les provee suficiente valor inmediato.

Sobre el pago a pensionados, la posición de la Junta es que el acuerdo de fideicomiso que gobierna la relación de la AEE con los bonistas dispone que esto es un “gasto corriente” que tiene que pagarse antes de que se separe el dinero para el servicio de deuda, pero los bonistas no quieren restarlo de los ingresos que entienden les deben tocar a ellos.

El ente fiscal señaló también que la propuesta de los bonistas no deja dinero disponible para inversiones en proyectos capitales, lo que pone en peligro los fondos federales asignados para la reconstrucción porque estos requieren una inversión de la AEE. Incluso, los bonistas retendrían autoridad para autorizar proyectos de inversión capital.

En su análisis, el CNE recuerda que el atraso en la resolución de la quiebra de la AEE tiene efectos inmediatos fuera del tribunal, como por ejemplo que el operador privado de la red, LUMA Energy, cobra más caro mientras ese caso esté pendiente. El director de política pública de la entidad, Sergio Marxuach, concluyó también que usar el aumento actual de ingresos en el fondo general para pagar a los bonistas, como propuso la comisionada residente Jenniffer González Colón, “es una mala idea”.

Al apuntar que solo se han gastado 7.8% de los fondos de la Administración Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) asignados para la reconstrucción, CNE resalta que el problema persistente parece ser que hay unas 14 entidades públicas y privadas que participan de ese proceso sin que haya alguna que sea líder o sin que haya dirección clara sobre ese trabajo.

“Durante el verano de 2024, la mayoría de estos esfuerzos para transformar el sistema eléctrico parecen haberse descarrilado, ya que la isla se vio afectada por apagones frecuentes en medio de uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos. De hecho, los avances ocurren a un ritmo tan lento que están casi estancados en algunas áreas y, lo que es quizá más preocupante, el gobierno parece incapaz de discernir una forma de salir del atolladero actual”, indicó Marxuach.

En cuanto a los contratos de operación, observó que el ahorro en la compra de combustible que tiene como parámetro el contrato de Genera PR, “tiene algún valor, pero no representa en absoluto un cambio fundamental de paradigma”. Con ese mismo sistema de incentivo, añadió, Genera sale mejor si sigue operando las plantas termoeléctricas de la AEE, en vez de desmantelarlas, que es lo que realmente traería ahorros a los abonados porque se dejaría de pagar el combustible fósil caro.

Sobre el acuerdo de LUMA, CNE plantea que no es correcto que a la empresa todavía no le apliquen los términos de su contrato oficial, en vez de solo el suplementario que aplica mientras esté pendiente la quiebra. Añaden que solo hay tres circunstancias en que el gobierno tendría que pagar una tarifa de cancelación a la empresa: 1) si se aprueba una ley que cancele o rescinda el acuerdo, 2) si se vende el sistema de transmisión y distribución y 3) si LUMA cancela por “ciertos cambios en la Ley Reguladora”.

Para leer el análisis de CNE, pulse aquí.

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Vea:

Público urge al Negociado de Energía a no repetir errores del pasado en plan de estabilización