El no hacerlo podría provocar la pérdida de ingresos, según estudio de Espacios Abiertos.

La adopción en Puerto Rico del Impuesto Mínimo Global (IMG) tiene el potencial de generar hasta $3,800 millones para el país y el no adoptarlo podría tener un impacto adverso de parecida magnitud, concluye un estudio preparado por el equipo de Espacios Abiertos (EA).

El mismo cuantifica y analiza el efecto del IMG de 15% y las oportunidades y riesgos que representa para Puerto Rico, adoptar o no legislación al respecto.

Sostiene el informe que sobre 140 jurisdicciones han implementado el IMG y que este se ha ido convirtiendo en la norma internacional. Explica que el impuesto mínimo global establece que las corporaciones con ingresos anuales mayores de 750 millones de euros, deberán pagar una tasa mínima del 15%, no importa dónde éstas se radiquen.

Se recuerda que a partir de 2025, este impuesto mínimo también conocido como Pilar II, afectará también a filiales con operaciones en Puerto Rico cuyas matrices tengan alguna otra filial en países que ya han firmado el acuerdo que fuera promovido por la OCDE y el G-20. Actualmente en el agregado, las multinacionales y corporaciones foráneas tributan a una tasa contributiva efectiva del 2.43% en Puerto Rico.

Advierte el documento que las reglas de Inclusión de Ingresos (IIR) y la de Beneficios Insuficientes Gravados (UTPR) permiten que a partir de enero del 2025 cualquier país firmante del acuerdo internacional, pueda reclamar a otra jurisdicción que no haya adoptado el Impuesto Mínimo Global, la diferencia de la tasa equivalente al 15%. Diferencia que en el caso de Puerto Rico equivale a un 12.57%.

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“Es por esa razón que es imperativo adoptar legislación que permita a Puerto Rico capturar ese dinero que de otra manera iría a las arcas de otros países. Estamos hablando de una cantidad significativa. Son más de $3,500 millones que otros podrían reclamar”, sostuvo Daniel Santamaría Ots, director de Investigación de EA, al presentar el estudio.

“Lo que tenemos de frente no es si aquí se aumenta o no la tasa contributiva a estas corporaciones, pues éstas tendrán que pagar el 15% aquí o afuera. Entonces, el tema a definir es ¿quién recaudará ese dinero? Si no hacemos nada, lo recaudará el país de origen o el país de alguna filial, pero si queremos que se quede en Puerto Rico, tenemos que tomar acción ”, añadió.

Al resumir los hallazgos del estudio indicó Santamaría Ots que se proyecta una recaudación de ingresos por hasta $3,843.1 millones anuales, y que si no implementa el IMG, otras jurisdicciones podrían reclamar parte de estos ingresos ($3,569.7 millones), resultando en una pérdida significativa para la isla.

Sostiene además el estudio que es esencial que la política pública de Puerto Rico determine cómo se asignarán los ingresos adicionales por el IMG, equilibrando entre incentivos no contributivos y otras prioridades presupuestarias e inversiones.

Otra conclusión importante es que “para asegurar la sostenibilidad económica y fiscal, Puerto Rico debe desarrollar una estrategia a largo plazo que combine incentivos no contributivos con políticas que fomenten la inversión en actividades económicas reales”.

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Propone el documento la adopción en Puerto Rico del modelo internacional desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el G-20. Indican que este actualmente cuenta con el respaldo y firma de 147 jurisdicciones comprometidas con reformar la tributación internacional, para que sea más equitativa y respalde el financiamiento de los servicios esenciales e infraestructura de todos los países.

Dicho modelo se basa en dos pilares, el primero reasigna la imposición de impuestos sobre los beneficios de las grandes multinacionales a los mercados donde realizan sus ventas; y el segundo es el que establece un impuesto mínimo del 15% para las multinacionales con ingresos anuales consolidados superiores a 750 millones de euros ($820 millones).

Se aclara que el informe de política pública de Espacios Abiertos se centra en el Pilar II y sus implicaciones para Puerto Rico, como lo es el aumento significativo de los ingresos fiscales a corto plazo, pero también alerta sobre los riesgos a largo plazo si Puerto Rico no adapta su modelo económico para mitigar el impacto de perder la ventaja hasta ahora sostenida sobre la base de ofrecer tasas bajas de impuestos a multinacionales y foráneas.

“Puerto Rico tiene una larga historia de haber utilizado su limitada autonomía contributiva para atraer inversión mediante incentivos fiscales y decretos contributivos. También se ha hecho con políticas federales como la extinta Sección 936, cuya eliminación resultó en una disminución de inversión y empleo en la isla. En respuesta, se promulgaron leyes como la Ley 154 de 2010 y la Ley 52 de 2022 para estabilizar la política tributaria local”, recordó Santamaría Ots. “El IMG presenta una nueva oportunidad para transformar y crecer la economía de Puerto Rico”, expresó Santamaría Ots.

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“Una vez se legisle para asegurar que esos nuevos ingresos se queden en Puerto Rico, la siguiente pregunta es, en qué y cómo se invertirá ese dinero. Las alternativas para usar los fondos que generaría el IMG son amplias, tan amplias como nuestra imaginación lo permita. La oportunidad es única y se debe aprovechar para diversificar la base productiva, hasta ahora muy dependiente de incentivos”, dijo.

El informe de política pública de Espacios Abiertos titulado "El Impuesto Mínimo Global y sus efectos en Puerto Rico: una ventana oportunidad", junto con un apéndice digital que ofrece acceso en formato abierto a múltiples tablas, se pueden acceder en la página web espaciosabiertos.org.

Lea los documentos sobre el IMG: