LUMA adjudica contratos sin proteger el interés público, reclaman en demanda
Irregularidades y violaciones de las normas que rigen la adjudicación de contratos públicos abundan en el operador de la red eléctrica, plantea un contratista.
Master Link Corporation (MLC), empresa puertorriqueña en las áreas de construcción y mantenimiento, demandó a LUMA Energy LLC y pidió al tribunal una vista urgente por lo que entiende son fallas en el proceso de contratación del operador privado de la red eléctrica que resultan en condiciones injustas para los licitadores y en peligro para el interés público.
La vista no está señalada aún y el recurso fue sometido la semana pasada, cuando se multiplicaron los cuestionamientos contra LUMA por, precisamente, sus contrataciones y trabajos.
MLC es actualmente un contratista de LUMA, pero explica en su petición que recurre al tribunal como último recurso porque el operador no ha atendido las preocupaciones que planteó internamente sobre la forma en que se adjudican contratos, específicamente en el Proyecto de Luminarias 2020 para la instalación y mantenimiento de postes.
La instalación de postes fue la única obra concreta que mencionó el presidente de LUMA, Juan Saca Asencio, cuando NotiCel le preguntó por qué el sistema estaba mejor en sus manos que bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como lo estaba hace tres años. El mantenimiento de luminarias fue también una de las tareas que el operador decidió unilateralmente que iba a “diferir” en el próximo año porque el dinero de su presupuesto no le alcanza. El Negociado de Energía (NE) aprobó un aumento al presupuesto de LUMA, pero no está claro si eso implica que vuelven a dar mantenimiento a los postes.
Mientras MLC esperaba por los avisos de adjudicación para procesos recientes de evaluación de propuestas, encontraron en la Oficina del Contralor que ya el operador había firmado al menos tres contratos para esos trabajos. Luego, conocieron que había otros dos contratos firmados que ni siquiera estaban sometidos a la contraloría.
Los contratos otorgados suman $150 millones y la empresa se enteró porque una de las agraciadas los llamó para rentarles equipo. Cuando se comunicaron con LUMA, el operador le respondió que no habían emitido todavía las notificaciones de adjudicación y que, cuando lo hicieran, notificarían a todos los proponentes. “El evento todavía está bajo evaluación. Una vez cierre, se le dará notificación debida a todas las partes”, le dijo LUMA a MLC. Pero eso fue dos días después de que habían firmado los cinco contratos.
“La posición expresada a Master Link por LUMA implica que LUMA-AEE proponen continuar otorgando contratos a base de adjudicaciones parciales sin notificar a Master Link y a los licitadores restantes y, por lo tanto, pretenden tornar académica la participación de Master Link y otros proponentes, quienes no podrían impugnar a tiempo las adjudicaciones parciales y los contratos basados en dichas adjudicaciones parciales previo a que los proponentes seleccionados y contratados comenzaran la ejecución de las obras”, argumentó la empresa al tribunal.
“Se derrota el interés público en evitar que la adquisición de bienes y servicios con fondos públicos millonarios se proteja contra el favoritismo, la corrupción, el dispendio, y la prevaricación por parte de las demandadas”, añadieron al pedir al tribunal que le ordene a LUMA suspender las adjudicaciones, notificar a todos los proponentes de las adjudicaciones hasta ahora y entregar cualquier información que permita a los proponentes ejercer su derecho de revisión, incluyendo acceso a los expedientes de los proponentes agraciados.
Estas solicitudes son estándar en el proceso de adjudicación de contratos en el gobierno y la Oficina de la Contralora ya definió que LUMA opera como gobierno en cuanto al manejo de fondos públicos. El operador privado tiene un manual de adquisición de servicios que fue revisado y aprobado por el NE y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP).
En el proceso del traslado de un transformador de Bayamón a Santa Isabel para resolver un apagón severo en esa zona, trascendió también que el contrato para el traslado fue por $4 millones, cuando habían pagado $1.5 millones a la misma empresa por trasladar un transformador similar de California a Puerto Rico en marzo de este año.
La semana pasada, el director ejecutivo de la AEE, Josué Colón Ortiz, pidió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que investigue gastos por $200 millones que realiza LUMA por salarios, traslado, estadía y gastos de empleados que vienen de las dos compañías que son dueñas del operador: la canadiense ATCO y la tejana Quanta Services Inc.
En reacción, el operador dijo que las alegaciones de Colón Ortiz son falsas pero, acto seguido, confirmó que mantiene un programa para traer empleados a la isla no solamente de sus dos propietarias sino también de otras utilidades eléctricas de Estados Unidos.
“Los empleados adscritos brindan una experiencia de alto nivel y excelencia operacional, que es vital para reconstruir el sistema eléctrico. Además, el costo de los contratistas es significativamente más alto que el de las brigadas con empleados adscritos debido a que existe un margen de beneficio para los contratistas y los costos de los empleados adscritos se basan únicamente en los costos asociados. En LUMA o nuestras empresas matrices no recibimos ningún beneficio por los servicios de empleados adscritos”, indicaron al comparar costo de contratistas con empleados que vienen de afuera, pero sin exponer cómo resulta la comparación de costos cuando se contrasta el uso de empleados de afuera contra realizar esas funciones con empleados residentes en la isla.
En agosto de 2023, la AAPP suscribió un contrato con la compañía Regulatory Compliance Services Corp. como respuesta a los conflictos de interés que surgen en la contratación tanto con LUMA como con Genera PR, operador privado de las plantas generadoras de la AEE. El primero por las contrataciones que involucren a sus dos propietarias y la segunda por las que involucren a su matriz, New Fortress Energy, suplidor de gas natural. Se supone que Regulatory lleve a cabo el proceso de adquisición de servicios completo en aquellos casos en que se le active.
Vea:
LUMA gasta $200 millones en empleados que trae de sus matrices