Informe expone que son decenas de miles las madres jefas de familia que enfrentan retos como los de la mujer que el fin de semana pasado fue arrestada por dejar solos a sus hijos menores mientras trabajaba.

Las circunstancias adversas que enfrenta como madre soltera trabajadora la mujer que fue arrestada el fin de semana pasado por dejar solos a sus hijos menores mientras cumplía con su jornada laboral, las comparten decenas de miles de mujeres en la isla sin que haya políticas públicas “contundentes” para ayudarlas.

Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) presentó ayer un estudio que comisionó a la organización ProMadres sobre los retos de las madres trabajadoras en la isla y que, coincidentalmente, sirve también para darle contexto y profundidad al caso de Yamilett Zapata Ventura, inmigrante de 25 años que sufrió arresto el sábado pasado por dejar solos a sus tres hijos menores mientras cumplía con su empleo como cuidadora en un centro de adultos mayores. El Departamento de Justicia decidió no presentar cargos, pero todavía el Departamento de la Familia la mantiene separada de sus hijos.

“Si bien es cierto que no queremos que los niños estén cuidando niños, que hayan niños solos en sus casas, se sabe que las madres trabajadoras no tienen otra opción para poder proveer para sus familias, para poder bandearse dentro de la pobreza en la que viven, que tener trabajos que, a la misma vez, no les permiten, no les ofrecen, y que tampoco el Estado les ofrece, un sistema de cuido adecuado”, planteó Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora de ALPR, sobre lo que llamó un caso de “violencia económica”.

Uno de los aspectos que toca el informe "Políticas que Desplazan: Barreras para las Mujeres Trabajadoras" es el costo del cuido de menores. En el 2021, los datos más recientes, la mediana de costo de cuido a tiempo completo en centros privados era $439 mensuales, lo que ya era un aumento de $60 en comparación con 2019. Al contrastar que la mediana de ingresos de un hogar con jefa de familia sola y menores de edad es $12,840, pagar ese cuido sería el equivalente al 41% del ingreso anual, lo que el estudio califica como “insostenible”.

Esta falta de datos actualizados en el renglón de costo de cuido es uno de los elementos que hace “cuesta arriba” exponer las realidades de las madres trabajadoras. Por ejemplo, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos realiza una encuesta periódica sobre la población trabajadora que permitiría estimar el trabajo doméstico no remunerado que realizan las mujeres, pero no publican esa estadística. Datos que no se recogen, que no se actualizan o que se recogen agregados entre hombres y mujeres sin separar solo lo relacionado a la mujer dificultan la tarea, resaltó la fundadora de ProMadres, Nicole Díaz González.

“Como producto de los roles de género y la forma en que se organiza la sociedad (las mujeres) tenemos cargas y barreras adicionales que tienen que ser tomadas en cuenta si vamos a aspirar a una vida digna y a permanecer en nuestro País en condiciones adecuadas. Lo que queremos hacer con este informe es precisamente llamar la atención sobre los efectos que esas cargas y barreras tienen sobre nuestras vidas y sobre la necesidad de evaluar y proponer políticas públicas con perspectiva de género no solo para beneficio de las mujeres, sino para el de toda la sociedad puertorriqueña", afirmó.

El informe coincide con el episodio de Zapata Ventura, pero no es casualidad que salga ahora porque la intención es que sirva para llamar la atención de los partidos políticos cuando están desarrollando sus plataformas de cara a las elecciones generales de noviembre.

“Este informe, a meses de las elecciones, es una exigencia coordinada para que las plataformas atiendan las necesidades y el desarrollo económico y profesional de las mujeres trabajadoras como prioridad… Necesitamos política pública contundente”, reclamó Godreau Aubert.

ProMadres reconoce que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se ha convertido en un “muro de contención” contra cualquier política que beneficia a la clase trabajadora, pero su fundadora se expresó resuelta a que la compilación y exposición de datos permitirá presentar el beneficio económico que tiene la sociedad cuando se facilita la integración laboral a las madres trabajadoras.

“Se va a confirmar que nuestra sociedad le debe mucho a las mujeres trabajadoras y que, si se eliminan las barreras para su desempeño al máximo de sus capacidades, se reconoce y se le asigna el valor apropiado a su trabajo, tanto el remunerado como el no remunerado, y se amplían sus redes de apoyo, se estaría liberando un gran potencial para el beneficio del País”, dijo.

Entre las recomendaciones del informe, están: crear licencias especiales para que las madres puedan cumplir con sus responsabilidades de crianza sin agotar licencias regulares; equiparar la licencia de maternidad en el sector privado a la del sector público (16 semanas); incentivar la contratación de jefas de familia solas con menores de edad; revertir las enmiendas que extendieron el periodo probatorio y eliminaron la presunción de justa causa; ajustar requisitos en programas de vivienda y de cuido de menores para incluir a más familias; fomentar alternativas asequibles para cuido tanto de menores de edad como de adultos mayores; establecer un beneficio económico mensual para jefas de familia que laboran como cuidadoras de los menores y adultos mayores en sus hogares; y permitir que pueda ocurrir asignación de representación legal de oficio en casos laborales.

“En papel, a las mujeres trabajadoras les va muy bien”, indica el informe para establecer la distancia que hay entre la legislación protectora de la mujer trabajadora y la realidad de esa misma mujer en el día a día.

Las mujeres son mayoría en el grupo trabajador de la población, pero reflejan más desempleo y más pobreza. Una comparación de ingresos ilustra esto. La mediana de ingresos para hogares familiares se estima en $29,544 a nivel general. Pero cuando se profundiza, es solo $18,862 para mujeres que viven solas y aún menor, $12,840 para mujeres que viven solas con menores. Para los hogares de hombres solos, la mediana es $22,349 y la de los hombres solos con menores es $19,022, ambas mayores a las de las mujeres.

Los precios de vivienda también se han disparado, con un promedio de $193,356 en 2023 que representa un aumento de 9.6% con relación al 2022 cuando, a su vez, se había registrado un aumento de 4.2% con relación a 2021. “Si adoptamos la recomendación de que los costos de vivienda se limiten al 30% del salario, una jefa de familia sola tendría que trabajar a tiempo completo cobrando $27.70 por hora para pagar una renta de $1,600 mensuales, que incluya los servicios básicos como agua y electricidad. La vasta mayoría de las mujeres no alcanza ese salario”, subrayó el estudio.

La brecha entre papel y realidad se agrava también con el retroceso de derechos laborales porque, si bien la legislación protectora de la mujer trabajadora provee oportunidades para vindicar sus derechos, eso se traduce muy poco a que se pueda recurrir a los tribunales porque se le ha hecho más fácil al patrono despedir a la mujer que ejerza esa opción.

El estudio contrasta también que en la discusión reciente sobre el reto demográfico por la reducción de la población se levantan acusaciones contra la mujer por descartar o posponer la maternidad y por la baja participación laboral. “Rara vez se escucha sobre la tasa de pobreza entre las jefas de familia, incluso entre quienes trabajan a tiempo completo y que es peor para aquellas con hijos menores de edad, los bajos salarios en las principales ocupaciones de las mujeres, y la gran aportación en trabajo no remunerado que le hacen a la sociedad. El Estado ni siquiera provee los datos y el cálculo para esta última cifra”, defendió el estudio sobre este punto.

“Queremos que las personas se queden o regresen a Puerto Rico y que tengan condiciones dignas para hacerlo. La lucha por el derecho a permanecer comienza protegiendo la vida digna de las mujeres y madres”, señaló Díaz González.

Para leer el estudio, pulse aquí.