El Plan Fiscal 2024 contiene las “acciones necesarias” que debe adoptar el gobierno de Puerto Rico.

Los esfuerzos necesarios para permitir que el Gobierno entregue y mantenga presupuestos equilibrados y logre una responsabilidad fiscal duradera y un acceso adecuado a los mercados de crédito están en marcha, pero aún se requiere un trabajo significativo antes de que la Junta de Supervisión Fiscal pueda considerar los objetivos de Promesa cumplidos y concluir su mandato.

La afirmación es de la propia Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y está contenida en el Plan Fiscal 2024 que certificó el organismo el pasado miércoles y es aparentemente parte de la sección que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia objetó durante su comparecencia a la sesión pública que celebró ese día el organismo federal.

El documento incluye varias de lo que la entidad identifica como “acciones necesarias” que deberá cumplir el gobierno de Puerto Rico para alcanzar el objetivo de cesar la labor de la Junta en la Isla.

Son al menos ocho las “acciones necesarias para lograr la responsabilidad fiscal y el acceso adecuado a los mercados de crédito” que establece el citado Plan Fiscal. Hay otras cinco para alcanzar el crecimiento económico.

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Entre esas primeras ocho se incluye mejorar las proyecciones económicas y de ingresos; lo que supone desarrollar una nueva metodología de previsión de ingresos que tenga la confianza de líderes e inversores del sector privado, siguiendo un enfoque no partidista.

También el desarrollo de mejores prácticas presupuestarias, que sean disciplinadas en todas las agencias a través de controles de gasto, normas uniformes de contratación pública, transparencia sobre el uso de los fondos y la gestión centralizada de las subvenciones federales.

Una tercera es el desarrollo de un plan de inversión de capital multianual, acompañado de un plan de excelencia de capital a través de las agencias gubernamentales y sus instrumentalidades.

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Proponen también entre esas acciones necesarias, el apoyar una educación de alta calidad, que sea equitativa, fiscalmente sostenible y transparente; así como emprender reformas significativas para abordar los desafíos en materia laboral, mejorar la gestión de negociación colectiva y construir una administración pública más eficiente.

Abordan igualmente el tema de la salud, para el que establecen la necesidad de mejorar los resultados del sistema de salud pública y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud del país.

Las últimas dos tienen que ver con el manejo fiscal. Disponen que se mantenga un seguimiento exhaustivo de la información clave y se informe de forma transparente sobre la condición financiera de Puerto Rico, específicamente en torno al desempeño de los Ingresos y gastos.

En esa misma dirección la última acción requerida en este grupo es mejorar el desempeño de los municipios y mejorar la rendición de cuentas a través de un sistema reestructurado de subvenciones y transferencias a través de procesos transparentes.

A todo lo anterior el documento le agrega cinco acciones que deben emprenderse para alcanzar el crecimiento económico. Son estas el desarrollo de un marco integrado para el crecimiento económico; un capital humano enfocado en personas robustas, altamente calificadas y saludables; estrategias económicas centradas en mejorar la facilidad de hacer negocio; políticas económicas enfocadas en reformas del sistema contributivo de Puerto Rico; y una Infraestructura centrada en la energía confiable y asequible, transporte y conectividad a Internet.

Afirma también el Plan Fiscal que la Junta trabajará con el gobierno para desarrollar un Programa de Capital Integral y un Plan de Financiamiento.

Ello incluye el desarrollo de un plan multianual que estará disponible públicamente anualmente, esbozando a nivel de proyecto, la información sobre las mayores entidades de inversión de capital en el gobierno. También de una guía del programa de planificación de capital que provea un conjunto de políticas gubernamentales de planificación disciplinada del capital.

“Tomadas en conjunto, las medidas anteriores promoverán la rendición de cuentas y garantizarán al mismo tiempo que se cuente con la infraestructura necesaria para proveer los gastos de capital y las inversiones necesarias para promover el crecimiento económico”, sostienen.