Sistemas solares federales no incluirán gravamen sobre hogares ni costos iniciales
El Departamento de Energía federal aclaró los fundamentos del programa con el que esperan comenzar a instalar sistemas de paneles solares y baterías en hogares vulnerables alrededor de la isla.
El modelo de instalación de sistemas de placas solares y baterías en hogares vulnerables que empezará a ejecutar el Departamento de Energía federal (DOE en inglés) en los próximos meses no conllevará la imposición de un gravamen sobre los hogares ni costos iniciales, indicó la agencia.
El DOE administra el Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF en inglés), un pote de $1,000 millones que el Congreso específicamente dejó fuera de las manos del Gobierno de Puerto Rico como una alternativa para ejecutar proyectos energéticos a nivel comunitario.
Tras varios meses de consulta con comunidades, la agencia anunció en noviembre que $400 millones de ese fondo irán a las empresas Generac Power Systems, Inc., Sunnova Energy Corporation y Sunrun, Inc. para que instalen los sistemas. Otros $40 millones irán a las organizaciones sin fines de lucro Barrio Eléctrico, Comunidad Solar Toro Negro, Inc., Environmental Defense Fund, Let's Share the Sun Foundation y Solar United Neighbors, Inc. para la misma tarea.
Esto debe conllevar la instalación de sistemas solares en entre 30,000 a 40,000 hogares comenzando en el primer trimestre del 2024 y por los próximos años.
Durante una actividad reciente, las organizaciones Casa Pueblo y Resilient Power PR alertaron que se estaba “creando la ilusión en la gente” de que los sistemas serían gratis. Argumentaron que los ciudadanos tendrían que hacer pagos a las empresas instaladoras por los próximos 20 a 25 años y que podrían perder sus residencias si la instalación conlleva un gravamen sobre la propiedad.
En reacción a esta declaración, el DOE aclaró que, en la negociación de los contratos, “está prohibiéndole a las compañías instaladoras, como condición de la subvención, que requieran un gravamen sobre la propiedad”.
“Las instalaciones solares y equipo relacionado proporcionados a través del PR-ERF no conllevan ningún costo inicial para los consumidores. El hogar promedio elegible tendrá que contribuir una cantidad mínima al mantenimiento a largo plazo de los sistemas, un costo que se ve compensando por la reducción de las facturas de luz. Esto garantizará que estos sistemas ofrezcan electricidad confiable durante toda su vida útil”, añadieron.
Las personas en cuyas residencias se instalen esos sistemas no los estarán comprando, sino arrendando, porque “un modelo de compra pone demasiado riesgo y responsabilidad en los hogares para cuidar del sistema solar, mientras que un acuerdo de arrendamiento pone la responsabilidad de reparaciones, mantenimiento rutinario, sustitución de equipos importantes y seguros en los instaladores solares”.
El director asociado de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, opinó que “el modelo propuesto (por el DOE) es colonial, extractivista y de capitalismo climático”. “Los proyectos comunitarios (10% de los fondos), que por lo conocido se ven legítimos y de buena voluntad, debieron representar el 90% de la asignación”, planteó.
El modelo que aplicó el DOE fue resultado de consultas con la comunidad que manejó directamente la secretaria de la agencia, Jennifer Granholm, en varias visitas a la isla durante las que destacó el trabajo de Casa Pueblo y lo presentó como ejemplo de lo que querían lograr con el PR-ERF. Al dar a conocer la asignación, la agencia también planteó que habían dado importancia a que el dinero fuera a organizaciones con capacidad de instalación probada, para que se pudiera comenzar más rápido a distribuir los sistemas.
Además de este criterio, y en respuesta a la crítica de Massol Deyá, el DOE dijo que el modelo de arrendamiento se seleccionó porque los hogares individuales de la isla no cualifican para créditos contributivos por inversión en estos sistemas, como cualifican los residentes de los Estados Unidos continentales. Sin embargo, las empresas seleccionadas cualifican para el crédito, lo que “permite adquirir sistemas más baratos y, por lo tanto, llevar la resiliencia energética a un mayor número de comunidades necesitadas”.
Aparte los $440 millones asignados a instalación, el DOE otorgó $10 millones a Federación Hispana Inc. y el Institute for Building Technology and Safety para iniciativas de educación a las personas que reciban los sistemas porque “reconocemos que muchos de estos hogares vulnerables recibirán energía solar residencial por primera vez” y estas organizaciones los ayudarán a “aprender a mantener sus sistemas, conocer sus derechos y acceder a la protección del consumidor”.
Massol Deyá criticó una tercera parte del plan, la de “embajadores solares”, que son organizaciones comunitarias que van a ayudar a identificar cuáles son los hogares de “muy bajos ingresos” que cualifican para la instalación de los sistemas y que deben tener alguno de estos criterios: a) estar ubicados en zonas con un alto porcentaje de hogares de muy bajos ingresos y que sufren cortes de energía frecuentes y prolongados; o b) incluyen a un residente con discapacidad que depende de energía, como los usuarios de silla de ruedas eléctrica o máquinas de diálisis en casa.
El director asociado de Casa Pueblo observó que estos embajadores recibirán un promedio de $100 por cada hogar en los que se instalen los sistemas, en lugar de una comisión de 3 a 5 %, como los vendedores de empresas comerciales. “O sea, siete a diez veces menos que un vendedor de Sunnova para un sistema solar de esa escala”, subrayó al aclarar que Casa Pueblo “nunca aspiró ni aspira a estos fondos”.
La agencia federal contestó que no está “contratando a vendedores de sistemas solares”, sino identificando a organizaciones que ya colaboran con las comunidades. “Debido a que este importante rol a veces no es recompensado, el DOE creó el Premio para Embajadores de Energía Solar (que) provee a estas organizaciones con fondos iniciales, los recompensa por cada hogar cualificado inscrito, y lo más importante, conectará a los residentes más vulnerables de Puerto Rico con la resiliencia energética que tanto necesitan”.
Los paticipantes del programa de embajadores son: Alianza de Médicos Al Rescate, Inc., Fundación Borincana Inc., Cáritas de Puerto Rico, Inc., Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables Yauco Inc. (CMTAS), Centro Madre Teresa de Calcuta Inc., Centros Sor Isolina Ferré, Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, Corporación Desarrollo Económico Vivienda y Salud (CODEVyS), Inc., Grupo Resiliente del Oeste/ Sunrise Solar & Consulting LLC, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI), Pathstone Corporation, Por Los Nuestros Inc., Productores de Café de Puerto Rico, Inc. (PROCAFE), Programa de Apoyo y Enlace Comunitario, Inc., The Saint Bernard Project Inc., y ViequesLove.
“El DOE también está estableciendo rigurosos protocolos de supervisión y auditoría para asegurarse de que estos fondos se destinen a los hogares más vulnerables, de que los equipos instalados resistirán los vientos huracanados, y de que los contratos para mantener estos sistemas a largo plazo sean justos y equitativos para las familias con bajos ingresos”, aseguró.
En los próximo meses la agencia debe anunciar cómo distribuirán el resto de los $1,000 millones, incluyendo soluciones para residentes de condominio que tampoco tienen acceso fácil a los sistemas de placas y baterías.
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