Gobierno de PR autoriza demanda privada para cobrar contribuciones a UBS
UBS pidió el traslado de la reclamación a la sala de la jueza Laura Taylor Swain.
El Gobierno de Puerto Rico autorizó una demanda, novel en Puerto Rico pero común en la esfera federal, mediante la que demandantes privados buscarán recobrar contribuciones que el UBS Bank USA (BUSA) nunca pagó por intereses millonarios que generó en préstamos que otorgó en la isla.
La reclamación es bajo la Ley 154 de 2018, la cual el gobierno aprobó como una condición para acceder a fondos federales de Medicaid y que es una versión local de legislación federal que existe hace décadas y que se conoce bajo el término “Qui Tam”. La ley permite a demandantes privados presentar reclamaciones en nombre del gobierno para recobrar pérdidas por fraude en “programas, contratos y servicios”.
Los abogados Francisco Pujol Meneses y Harold D. Vicente González son los demandantes y están representados por Harold Vicente Colón. El pleito fue sometido el 24 de mayo y el gobierno lo autorizó el 5 de junio. BUSA pidió el traslado al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y el juez federal la trasladó a la sala de Swain el viernes pasado.
Si resultara una sentencia en contra de BUSA, los demandantes privados pueden recibir entre 25 y 30% de lo que el gobierno cobre.
Los demandantes estiman que BUSA evadió contribuciones por $48.5 millones y patentes municipales por $1.5 millones. Bajo la Ley 154, tendrían que pagar esa cantidad y, además, el triple como compensación especial.
Entre 2003 y 2013, BUSA cobró $185.3 millones por préstamos que otorgó en Puerto Rico sin tener licencia para ello de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) por lo que esa dependencia intervino para que UBS Bank cesara esa práctica, pasara todos los préstamos a UBS Puerto Rico y cesara operaciones y de otorgar préstamos en la isla.
“BUSA no tributó contribución o pagó patente alguna al Gobierno de Puerto Rico o a los municipios puertorriqueños donde hacía negocios por el volumen de negocio y los ingresos por intereses que BUSA devengó de dichos préstamos”, indica la demanda que califica estos actos como un “esquema de fraude”. La demanda indica que BUSA nunca radicó planilla en Puerto Rico durante la década que cubre la reclamación.
“Al no pagar contribuciones ni patentes al erario puertorriqueño sobre los ingresos por intereses en los referidos préstamos, BUSA, con la ayuda y complicidad de UBS y de UBS-PR (hoy UBS), se colocó en una posición competitiva muy ventajosa vis a vis la banca local puertorriqueña, pues BUSA no pagaba contribuciones ni patentes por intereses en préstamos en Puerto Rico idénticos a los concedidos por la banca local, sobre cuyos intereses la banca local sí pagaba y continúa pagando contribuciones y patentes”, añadieron.
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