Tres expertos advirtieron hoy de las "nefastas" consecuencias que tendrá para la economía del país si la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain aprueba el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), lo que implicaría la reducción de la actividad económica y cerca de 75,000 empleos menos para 2030.

Tanto el director de análisis financiero del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA, siglas en inglés), Tom Sanzillo, como los economistas José Alameda y Ramón Cao, consideraron que el plan de ajuste propuesto no es viable y no proporciona los recursos capitales y operacionales necesarios para garantizar un servicio eléctrico confiable y asequible en Puerto Rico.

Cao, representante del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) alertó que más alzas en las tarifas eléctricas de la magnitud contemplada en el plan de ajuste de la deuda tendrían un impacto negativo significativo en la economía de Puerto Rico.

“Aumentos en las tarifas de la magnitud que contempla la Junta impactarían negativamente la economía, pues disminuiría el nivel de actividad económica a lo largo del tiempo lo que también redundaría en una reducción de más de 75,000 empleos para el año 2030", acotó.

En una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados y Abogadas, el experto opinó que el plan de ajuste de la deuda que se está evaluando aprobar "se basa en supuestos que no son económicamente razonables" y añadió que se toman en consideración "livianamente" dos factores "importantes" para la demanda de electricidad: el primero, la generación de electricidad de sistemas solares puestos en los techos de las casas, que lo despachan livianamente por caro diciendo que no podrán instalarse estos sistemas. Pero entre el 1 junio de 2021 y el 1 marzo de 2023, en 18 meses, la generación individual medida registrada a según la facturación neta aumentó de 26,070 megavatios a 78,000 megavatios. En 18 meses se duplicó, sin todavía estar las tarifas resultantes del plan de juste de la deuda".

Entonces, el economista recordó un estudio en Hawái, de 2015, en el que se estableció que las personas se daban de baja del sistema eléctrico, cuando la tarifa excedía los 31 centavos por kilovatio hora. "Y LUMA, este mes, mantenía una tarifa promedio del ultimo año que fue de 30 centavos", dijo.

Para Cao, "el aumento propuesto (a la tarifa eléctrica) por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tiene dos partes: una tarifa fija, que la vamos a pagar aún quienes tengan sistemas solares, lo que es, al final, un impuesto al sol, y un cargo volumétrico, que es casi un 30% de incremento en las tarifas. Así que el incentivo para poner sistemas solares va a ser grande y si miramos Hawái, va a ser bastante sustancial".

El segundo factor que según el especialista no se evaluó correctamente es el asunto de los carros eléctricos, ya que "ellos plantean que va a aumentar la demanda de electricidad, pero no necesariamente la demanda del sistema de energía eléctrica. El arranque de vehículos eléctricos no ha sido enorme a pesar de los incentivos. Y nada le impide a la persona que carga su carro hacerlo en su casa con su sistema solar. El asunto con eso es a qué tarifa va a cargar, porque todos estimados son que vehículos eléctricos son costo efectivos basados en tarifas eléctricas de Estados Unidos, que no se parecen en nada a las de Puerto Rico".

Añadió que "este problema de la demanda por el servicio eléctrico es crucial y se pasa por alto, o se trata superficialmente. Mientras mayor sea la tarifa eléctrica, mayor incentivos para sistemas solares y darse de baja del sistema. Se crea un círculo vicioso: al reducirse la demanda por el servicio eléctrico de la AEE, no va a haber suficientes fondos para pagar la deuda, por lo que van a tener que aumentar las tarifas y, a la vez, aumentar los incentivos para que los usuarios se den de baja del sistema".

Según Cao, "se está sobre estimando la demanda, aún con las tarifas eléctricas programadas. Y si se impone lo propuesto, para el 2024 el PNB de la economía disminuirá en 2.7% y para 2030 la reducción del empleo será de 25,010 personas para 2024 y 79,472 para 2030".

El economista fue más allá y afirmó que "hay una "mezcolanza" o "cantinflada" de parte de la JSF en cuanto a la sustentabilidad de la deuda.

También indicó que para modernizar el sistema energético del país "se necesitan 20.3 billones, de los cuales $14 billones vendrían del gobierno federal y, el resto, estaría financiado por la AEE. Estamos hablando de $6,000 millones de dólares, que excede por mucho los 2,425 millones que la Junta dice que habría".

Como alternativa a este escenario, Cao propuso que "el recorte de la deuda sea mayor a lo propuesto", así como reducir la tasa de interés, ya que "las propuestas son sustanciales, estamos hablando de 6 y sobre 6%. Recortar la tasa de interés reduciría sustancialmente el servicio de la deuda".

Igualmente, declaró, en referencia a los bonistas, que "usted no puede pedir compensación por las condiciones del mercado que iban a haber".

Esta vez, apuntando a la JSF, expresó que "hay que ser más profesional y serio en la cuestión de hacer proyecciones, ya que hay que tomar en consideración las consecuencias que pueden haber sobre la economía".

Como ejemplo, consignó que "el precio para el usuario no es solo el kilovatio hora, sino la inestabilidad del sistema, porque hay que incurrir en gastos para compensar la inestabilidad del sistema. Es un costo y un detalle que se tiene que tomar en cuenta. Y modernizar el sistema es imperativo. Hay que salir de la bancarrota, pero salir razonablemente, de forma que la AEE pueda proveer los servicios para la que fue creada".

Alameda, presente de forma virtual en la conferencia de prensa, aportó otro ángulo a la discusión al sostener que la imposición del Legacy Charge crea una carga adicional para los residentes, así como para los sectores industriales y comerciales reduciendo los ingresos del gobierno central.

“Cuando se considera el impacto del Legacy Charge junto con el pago de la deuda del gobierno central y las transferencias al Commonwealth Trust Fund, se vuelve insostenible el plan fiscal propuesto por el gobierno central”, señaló en una presentación.

La vista de confirmación en el caso del plan de ajuste de la deuda será el próximo 17 de julio y se espera que el asunto económico esté en el primer lugar de la discusión, ya que para los economistas el plan sometido no es viable.

Por el momento, la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, fijó para el 6 de junio próximo la vista en la que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los principales bonistas de la AEE (el Grupo Ad Hoc) argumentarán cuánto es que le debe la corporación pública.

En marzo, Swain dejó a los bonistas sin una reclamación asegurada sobre todo los ingresos futuros de la corporación pública, con lo que esperaban cobrar al 100% la deuda de $8,477 millones que tienen acumulada.

Estableció que solo tienen una reclamación garantizada sobre los fondos que están depositados en ciertos fondos específicos y que, el resto de la deuda, es una reclamación no asegurada.

Con una reclamación asegurada, la expectativa es que la deuda se paga al 100% o, por lo menos, se paga con prioridad por encima de otros acreedores. Con una reclamación no asegurada, el repago podría ser de centavos por cada dólar, si alcanza el dinero.

Mientras, en un informe, la JSF resalta que un síndico solo sería nombrado si la AEE está fuera de la protección del tribunal de quiebras, como lo está ahora por disposición de la Ley PROMESA, por lo que se reactivan las facultades de las ramas constitucionales del gobierno, particularmente Legislatura y Judicial, para intervenir en la controversia y se activarían leyes que limitan la capacidad de recobro. Por esto, el organismo estimó que, a lo sumo, los bonistas cobrarían solo $2,000 millones.

En tanto, el Grupo Ad Hoc sometió su informe pericial estableciendo que el estimado de recobro es la totalidad de los $8,477 millones.