En su ponencia, el secretario Hiram Torres Montalvo, expresó que la agencia “atenderá toda inquietud y/o reclamación de forma ‘caso a caso’.

La postura del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en la controversia sobre los cargos que imponen algunos vendedores de vehículos de motor por concepto de tablilla y marbete fue cuestionada por legisladores en una audiencia pública en la que se debatió el asunto.

La voz cantante la llevó la presidenta de la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Estrella Martínez Soto, que calificó de contradictorias las acciones tomadas DACO para atender este tema.

Refiriéndose a la ponencia que presentó la agencia en esta vista pública, señaló que “por un lado, DACO se niega a emitir sanciones administrativas a los concesionarios de venta de autos que han cobrado a clientes de manera ilegal, mientras, al mismo tiempo, vienen a la vista pública a reconocer que esta problemática afecta de forma continua a los consumidores, y que significa el cobro ilegal de miles de dólares por parte de los concesionarios de autos”.

En su ponencia, firmada por el secretario Hiram Torres Montalvo, se expresó que la agencia “atenderá toda inquietud y/o reclamación de forma ‘caso a caso’. Y que “mientras continuemos observando el cumplimiento del sector comercial, no entendemos necesaria la imposición de sanciones administrativas”.

En la audiencia se discutió el cobro de hasta $500 que hacen algunos concesionarios por gestionar el registro y las tablillas de los vehículos que venden.

“A través del método “caso a caso” no le hacemos justicia a los miles de compradores que han pagado por desconocimiento una cifra promediada ascendente a $500, cuando el reglamento número 9158 del propio DACO establece claramente que un concesionario de autos no puede cobrar más de $244 por concepto de tablilla y marbete de unidades nuevas”, agregó la legisladora.

“DACO debe adoptar mecanismos más agresivos para que se le devuelva el dinero a la gente que ha sido estafada y engañada. Es deber del DACO facilitar la justicia y no dilatarla a través de procesos administrativos lentos y poco efectivos”, señaló.

En su ponencia la agencia reconoció que desde el 21 de septiembre de 2022 al 1 marzo 2023 se recibieron 957 reclamaciones sobre este asunto, de las cuales 130 fueron acogidas como querellas al contar con los requisitos necesarios para su trámite procesal.

“Con el propósito de agilizar la tramitación de inquietudes y reclamaciones sobre este asunto, el 6 de febrero de 2023, el DACO habilitó un correo electrónico dedicado (tablillas@daco.pr.gov). Desde su disponibilidad, dicha plataforma ha recibido unos 4,872 correos electrónicos únicos sobre este asunto que hoy discutimos”, agrega el escrito.

Al cuestionamiento de la postura de la agencia de unió el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, que afirmó que la solución a este problema atendido no está siendo atendido de forma “proactiva”.

“De algo que estoy convencido y que me queda claro, luego de haber leído múltiples veces el reglamento del DACO, es que este problema no se puede atender caso a caso…Creo que hay una responsabilidad de DACO y de la Asamblea Legislativa para resolver un gran problema que actualmente está siendo atendido por un proceso que no beneficia al consumidor”, sostuvo.

También se unieron los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Gabriel Rodríguez Aguiló y José Aponte Hernández, que invitaron al DACO a ser más diligente en avisarle a los concesionarios sobre esta prohibición de cargar estos costos adicionales.

En la audiencia participó un abogado, Raphael Peña Ramón, quien ha presentado varios casos en los tribunales relacionados con este problema. En específico, indicó, ya ha radicado tres casos contra varios concesionarios de vehículos de motor solicitando que se declarare ilegal los cobros solicitados por ellos por concepto de tablilla, licencia, marbete, y registro ante el Departamento de Obras Públicas