La Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes evalúa una medida a esos fines.

Legislación que propone regular de forma centralizada el creciente sector de alquileres a corto plazo fue apoyada, con varias enmiendas, por diferentes organizaciones que comparecieron este miércoles ante la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes, que evalúa la medida.

Lo que unió a las organizaciones es la propuesta de que exista una sola regulación, un registro centralizado y fiscalización adecuada de esta actividad.

A favor de los objetivos del Proyecto de la Cámara de Representantes 1557 se expresaron la Asociación de Constructores de Puerto Rico, la empresa Airbnb, Foundation for Puerto Rico, el Concilio Empresarial de Turismo de Puerto Rico, la Compañía de Turismo y la Asociación de Hoteles y Turismo, entre otros.

Cada uno de ellos propuso, sin embargo, cambios o enmiendas para ajustarla o agregarle diferentes requisitos.

“Creemos firmemente que los arrendamientos a corto plazo deben ser objeto de regulación estatal, para que estén en un nivel similar con las hospederías estrictamente reguladas por la Compañía de Turismo, como son los hoteles y paradores de Puerto Rico. Si los hoteles y paradores, por ejemplo, tienen que cumplir con unos procesos y requisitos, en transparencia con el estado y en protección del consumidor, no hay razón para que los arrendamientos a corto plazo estén carentes de regulación”, expresó Vanessa de Mari-Monserrate, presidenta de la Asociación de Constructores.

“El Proyecto de la Cámara 1557 es un buen punto de partida en esa dirección, pero lamentablemente incluye algunas provisiones que pudieran tener un impacto devastador sobre el sector turístico de las Isla y que pudiera eliminar una fuente generadora de visitantes turísticos, entradas económicas de miles de ciudadanos, y millones de dólares de ingresos públicos, de los cuales dependen entidades como la Compañía de Turismo y el DMO, Discover Puerto Rico”, señaló por su parte Carlos Muñoz, director de Políticas Públicas de Airbnb para el Caribe y Centroamérica.

Se principal preocupación, indicó, es la limitación en zonas residenciales a solo el 30% de la unidad si no cuentan con una variación de uso de residencial a comercial por parte de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). “En caso de que este artículo se mantenga podría afectar a miles de boricuas que al día de hoy dependen de la renta de sus hogares para obtener ingresos extras”, dijo

En términos similares se expresó Foundation for Puerto Rico. “El PC 1557 propone establecer una reglamentación uniforme para el sector de Alojamiento a corto plazo previniendo de esta forma el impacto adverso que múltiples licencias u ordenanzas pueda provocar. Foundation for Puerto Rico entiende que es esencial que esta legislación permita tener una sola reglamentación, pero también que esta sea una sencilla que facilite que los ciudadanos puedan insertarse en tan importante actividad económica sin hacerla onerosa y compleja”, declaró Damaris Ocasio, Principal Oficial Financiero. Estos objetaron igualmente la limitación del 30% propuesta y sometieron otras enmiendas.

Por su parte, el Concilio Empresarial de Turismo de Puerto Rico reiteró que “apoya firmemente que la fiscalización, regulación y reglamentación de los arrendamientos o alquileres a corto plazo sea parte de un plan coordinado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico en estrecha colaboración con los 78 municipios. Para ello, la Compañía de Turismo debe contar con recursos adecuados y mecanismos de supervisión y cumplimiento, incluyendo la autoridad para dar multas o penalidades”.

A su vez, agregaron, “es de suma importancia que se tomen acciones complementarias y se hagan cumplir las leyes y reglamentos que ya la Compañía de Turismo de Puerto Rico ha dispuesto para este modelo de negocios, pues de esa forma se faculta una mejor fiscalización y control de calidad”.

Raúl Santiago Bartolomei, catedrático auxiliar de la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la UPR, señaló que esta actividad ha “fomentado la gentrificación y el desplazamiento residencial en las comunidades y afirmó que nuestros hallazgos muestran que para atender los efectos de alquiler a corto plazo en la asequibilidad de vivienda, Puerto Rico necesita un marco reglamentario que va más allá de lo que se está implantando actualmente y de lo que provee el P. de la C. 1557’’.

Mientras tanto, Walbert Pabón González, director de planificación y desarrollo de la CTPR alertó contra una disposición del proyecto que clasificaría las plataformas que ofrecen estos servicios de renta a corto plazo como ‘’cualificadas’’ y ‘’no cualificadas”. "Esto le brindaría a la plataforma la discreción de entrar o no a un acuerdo para la retención y el pago del canon a la CTPR. A nuestro juicio, la CTPR estaría renunciando a una herramienta que tiene actualmente para fiscalizar y recaudar el canon. Exponemos que no debe alterarse el estado de derecho actual en el que no se distingue entre plataformas y todas tienen la obligación de retener y remitir a la CTPR el canon’’, dijo.

El presidente de la junta de directores de la Asociación de Hoteles, Miguel Vega, expresó que la mejor manera para trabajar con el modelo de los Airbnb es que ‘’tengan que cumplir con los mismos requisitos de calidad, seguridad y responsabilidad contributiva que las hospederías legalmente patentadas’’.

Denunció lo que describió como un ‘’crecimiento desmedido y descontrolado de los alojamientos a corto plazo por falta de regulación efectiva y fiscalizable que nos ha llevado a una competencia desleal e injusta, falta de vivienda asequible para nuestros residentes, gentrificación y disputas comunitarias por el descontrol existente’’.

Melissa Montero, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico endosó la medida y recomendó que la regulación establecida en el proyecto sea fiscalizada, de forma efectiva, para asegurar que todas las personas o empresas que operen a una mayor escala estos arrendamientos tengan la visibilidad y cumplan con requisitos mínimos para poder operar estos alquileres.

Una agencia que expresó reservas con las disposiciones de la medida fue la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cuya directora, María Cintrón Flores, sostuvo que “entendemos que, para regular la operación de estos usos se podría imponer una condición previa a la obtención de un permiso como lo podría ser una licencia o autorización de la Compañía de Turismo o alguna recomendación o endoso previo a la solicitud del permiso. Esto podría propiciar un control de tal operación sin dilatar e proceso de permisos”.

Asimismo, agregó, “algún lenguaje en el proyecto que sugiera que no se otorgará un permiso si no se cuenta con esta licencia, certificación o endoso favorable de la Compañía de Turismo, de manera que esta pueda mantener un control mas efectivo sabre las necesidades y adecuacidad de esta operación a través de toda la Isla, cumpliendo así también con la política pública encomendada a dicha Compañía”.

Concluyó que según redactada la agencia no puede endosar la medida y sugiere que se atiendan las comentarios y sugerencias presentadas.

“Esta es una medida en la cual aún estamos en un proceso de recoger ideas para realizar una buena legislación. No hay nada escrito en piedra y queremos escuchar las recomendaciones de todos los sectores para provocar una discusión sobre una modalidad que ha impactado a la industria del turismo de forma considerable’’, expresó el presidente de la Comisión, José ‘’Cheito’’ Rivera Madera.

Vea: Airbnb aboga por reglamentación única estatal