El nuevo presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de PR, Carlos Rodríguez Herrera, dijo que las oportunidades son amplias porque hay proyectos programados a través de toda la Isla.

La industria de la construcción está optimista con su futuro inmediato, a pesar de la persistencia de importantes retos y de la espera de acción gubernamental para atender varios de los problemas que sigue enfrentando dicho sector.

Carlos Rodríguez Herrera, que el viernes pasado asumió el cargo de presidente de la Asociación de Contratistas Generales de América, Capítulo de Puerto Rico (AGC-PR), expresó en su mensaje de inauguración que “diferente a años anteriores, donde estábamos ‘raspando el pegao de la olla’, actualmente en Puerto Rico hay mucho trabajo de construcción y potencial de crecimiento. Esta tendencia, agregó, debería extenderse por más de 10 a 15 años”.

Afirmó que las oportunidades son amplias, porque hay proyectos programados a través de toda la isla, de diferentes tamaños, para clientes públicos y privados, y en todos los segmentos.

“Hay trabajo residencial, comercial, institucional, infraestructura, industrial, y de energía”, expresó.

Exhortó a los miembros de la entidad a enfrentar la situación con optimismo. “Para aprovechar esta oportunidad extraordinaria hay que asumir una actitud progresista. Tenemos que enmarcarnos en el optimismo, ver el vaso mitad lleno y no mitad vacío”, dijo.

Aprovechó la oportunidad para invitar a los líderes de otras asociaciones de la industria de la construcción, funcionarios públicos y a todos los presentes a ser un solo equipo, y ampliar los canales de comunicación y la colaboración, “para lograr los objetivos que redundan en la calidad de vida de nuestra isla”.

Datos sostienen el optimismo

En apoyo a su llamado al optimismo citó datos económicos que apuntan al dinamismo del sector. Entre ellos resaltó que el Departamento del Trabajo informó en diciembre que la industria tenía 33,100 empleados, un aumento de 2,300 personas comparado con el 2021; que el informe económico presentado al Gobernador indicó que en el año fiscal 2021 la inversión en construcción aumentó 7.1% y la inversión en maquinaria y equipo aumentó 8.7%; mientas que el presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2022-2023, “aumentó en un 35% los fondos disponibles para invertir en obra permanente”.

Apuntó por otra parte que, aunque los precios de los materiales de construcción se mantuvieron por encima de la tasa de inflación general, en diciembre 2022 los precios de los combustibles, madera y acero bajaron levemente.

“Como ven, tenemos razones para estar optimistas, pues hay seguridad de trabajo. Este es el vaso mitad lleno”, declaró.

Los retos y prioridades

Al referirse a las barreras y retos que tienen que superar, identificó las áreas en que la organización se enfocará este año y señaló que dos de las principales son la cadena de suministros y el sector laboral.

Sobre la primera indicó que continúa la incertidumbre sobre la escasez y la desconfianza en itinerarios de manufactura y entrega de muchos materiales. Recordó que “cuando los materiales no llegan dentro del marco de tiempo planificado, se dislocan las secuencias programadas y causan demoras sumamente costosas para los contratistas y dueños de obra”.

Aquí introdujo la primera petición al Gobierno, que es una largamente reiterada por la industria. “Por nuestra naturaleza de isla y localización geográfica, necesitamos impulsar y adoptar mecanismos que nos permitan ampliar las facilidades para almacenar materia prima y materiales manufacturados. Estamos convencidos de que los impuestos al inventario hay que reestructurarlos o eliminarlos”, sostuvo.

“Tenemos que atender como país los asuntos de los cuales tenemos control, y crear un mejor ambiente para tener suficientes suministros es uno que podemos mejorar”, expresó Rodríguez Herrera.

Respecto a la escasez de mano de obra que se proyecta para esta industria cuando estén en proceso todos los proyectos de reconstrucción que están aún por comenzar, lanzó una segunda petición al Gobierno, que tampoco es nueva en círculos económicos.

“Estamos convencidos que hay que hacer ajustes a los límites para recibir ayudas sociales, para el beneficio de las personas que están trabajando formalmente. AGC-PR recomienda que el Gobierno haga ciertos ajustes a los programas de asistencia social, a los de asistencia alimentaria y al del plan de salud Vital”, dijo.

Aspiramos, agregó, “a que sus beneficiarios no sean penalizados o descualificados cuando ingresan al campo laboral y empiezan a generar ingresos dentro de la industria formal que excedan los parámetros corrientes”.

Escasez de trabajadores

En esa misma línea reiteró el reclamo de la industria de que, actualmente, la inversión y la actividad en la construcción están aumentando a un ritmo más rápido que la fuerza laboral y que hay más trabajo que gente para realizarlos.

Utilizando los números que maneja el sector indicó que en la industria de la construcción formal hay alrededor de 35,000 trabajadores. “Basado en la inversión esperada, proyectamos que se necesitarán cerca de 85,000 trabajadores para construir las obras. Esto significa que, tenemos que añadir unos 50,000 trabajadores para satisfacer la demanda”, dijo, y proclamo este como el “reto mayor”.

Recordó entonces que para atender esa necesidad a corto plazo, AGC-PR y otras asociaciones de la construcción en Puerto Rico están apoyando y persiguiendo activamente, la implementación por Orden Ejecutiva del Presidente Biden de un “Parole for Significant Public Benefit”.

Esto, explicó, es un permiso de permanencia en los Estados Unidos por beneficio público significativo para personas con estatus migratorio indefinido que ya estén viviendo en Puerto Rico. Señaló que en Puerto Rico hay alrededor de 200,000 personas con estatus migratorio indefinido y que estas personas pueden integrarse a la fuerza laboral formal y trabajar en los proyectos de reconstrucción y modernización de obra pública con fondos federales.

“Entendemos que esta es una solución legalmente viable y efectiva, porque añadiría entre 15,000 y 20,000 trabajadores en un periodo razonablemente corto. La ventaja es que estas personas elegibles ya viven en Puerto Rico y no significaría una carga adicional a nuestra capacidad de vivienda y servicios públicos”, expresó.

“Necesitamos carpinteros, albañiles, plomeros, técnicos de refrigeración, electricistas, trabajadores de sistemas de energía renovable, ensambladores de fábricas, choferes, operadores de equipo de construcción, soldadores, etc.”, abundó y ofreció los servicios de la Asociación para apoyar “las entidades a cargo de desarrollar este nuevo ejército de trabajadores”.

Añadió que los empleos de la industria de la construcción ya ofrecen compensaciones y beneficios competitivos. “Somos una industria donde hay posibilidades vastas de crecimiento profesional y económico”, aseguró.

Reclamo histórico

Lanzó finalmente un reclamo histórico de esta y otras organizaciones empresariales del país. “Enfatizamos la urgente necesidad de tener un sistema de permisos confiable y que inspire certeza, tanto en los ciudadanos como en los inversionistas. Para ello, entendemos que es vital que la OGPe reciba apoyo económico y gerencial para expandir sus capacidades tecnológicas, y gerenciales, y que eduquemos las partes de interés sobre el sistema”, recomendó.

Propuso específicamente adoptar una estructura de permisos que sea por etapas (planificación, diseño, y construcción). “Así podremos asegurar que los trabajos en cada etapa se hagan conforme a los requisitos y códigos de construcción vigentes. Incursionando de esta maneara coordinada lograremos el bienestar público y un ambiente para hacer negocios balanceado, fundamentado en políticas que fomenten progreso económico y social sostenible”, declaró.

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