En una reunión extraordinaria, cuatro de los cinco miembros del organismo determinaron avalar el contrato -que recién hoy pudieron ver- para que una empresa, que sería Genera PR, asuma la operación de 17 centrales del país.

Era el último paso y se dio: esta tarde la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) dio su visto bueno al contrato de Alianza Público Privada (APP) para la generación del sistema energético del país, un acuerdo del que aún no se conocen detalles, pero que ya ha trascendido que la empresa favorecida sería Genera PR, cuya matriz es New Fortress Energy, que ya mantiene negocios de suplido de gas natural en la Isla (son proveedores para las unidades 5 y 6 de la central San Juan).

En una reunión extraordinaria, la junta de gobierno, compuesta por Fernando Gil Enseñat, Carlos Yamín Rivera, Gerardo Lorán Butrón (en representación de la AAFAF), Memphis Cabán Rodríguez y Tomás Torres Placa (representante del interés público) avaló así el contrato que ahora pasa a manos de la Oficina del Gobernador, quien deberá finalmente dar paso al acuerdo una vez regrese (el 22 de enero) de su viaje a España.

Pedro Pierluisi Urrutia cuanta con 30 días para aprobar el contrato.

En el comienzo de la reunión en la tarde de hoy, los integrantes se reunieron privadamente para la discusión de algunos puntos y luego se inició el diálogo de forma pública -aunque no por Internet- en el que se ofreció un resumen de lo conversado y, posteriormente, se llevó a cabo la votación (por mayoría simple).

Torres Placa fue el único integrante de la junta de gobierno que votó en contra en una reunión que no fue transmitida en la página web de la junta de gobierno de la AEE, como se dijo y está estipulado.

El contrato fue analizado por primera vez hoy en la junta de gobierno de la AEE, organismo que no se había reunido antes para discutir el acuerdo de la APP para la generación de energía bajo la Ley 29, que establece condiciones de confidencialidad, por lo que hasta que el primer ejecutivo del país no lo apruebe no se pueden dar a conocer los detalles.

Gil Enseñat, al inicio de la reunión, sostuvo que “esto es un contrato que en la actualidad no se ha finiquitado, por lo tanto son materias dentro de las reglas de evidencia abogado-cliente", tras lo cual expuso que "a diferencia de otros asuntos, está entre las excepciones en las cuales no tenemos que ser pública la discusión".

Luego de la declaración, se hizo un receso para "comenzar con la discusión del contrato entre los miembros de la Junta y otros componentes que tienen injerencia y así luego abriremos la reunión nuevamente, daremos una breve sinopsis de lo discutido y, a su vez, pasaremos a la votación”, dijo el funcionario sobre el proceso.

El único obstáculo que el gobierno podría haber tenido con el contrato, ya lo quitó del camino: la Asamblea Legislativa, cuyos presidentes, Rafael Hernández Montañez (Cámara) y José Luis Dalmau (Senado), habían condicionado su apoyo a que se tomaran en cuenta seis puntos, los que fueron incluidos en el acuerdo, según dijeron los políticos.

Tanto Dalmau Santiago como Hernández Montañez habían condicionado su respaldo a que hubiera más transparencia del proceso, proteger a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), reducciones en las facturas si se reportan ahorros producto de la APP, prohibir subcontratación de afiliados, contratar empresas de la Isla, y que para extender el contrato, se exija el voto unánime de los dos representantes del interés público de la junta de directores de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y según la Ley 120 de 2018.

En contra del contrato

Pese a que tiene vía libre, el contrato mantiene detractores, como el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara, Luis Raúl Torres Cruz, quien ya afirmó hace unos días que “es motivo de preocupación” que el Negociado de Energía haya solicitado una opinión legal sobre la adjudicación de un contrato “a un solo administrador de todos los activos de generación legados a una sola entidad privada y que dicha opinión concluye, de forma muy acomodaticia, que esto no incumple con el artículo 1.8 de la Ley 17 de 2019”.

El legislador independiente añadió que “reconocemos que hay otras generadoras de electricidad privadas e independientes, pero las plantas de generación de la AEE generan la mayoría de la electricidad en Puerto Rico (alrededor de un 79.5%) por lo que poner en manos de una sola entidad privada todas las unidades de generación de la AEE equivale a poner el control de la generación de electricidad en la Isla en manos de un monopolio privado”.

Torres Cruz ha afirmado que “la única forma de no cometer los mismos errores que se cometieron con el contrato de LUMA es no privatizar las plantas de generación de electricidad y de paso añado que no se debe hacer ninguna otra alianza público privada para servicios esenciales, al menos en lo que resta del cuatrienio y mucho menos bajo el mismo proceso que se utilizó para seleccionar y contratar a LUMA”.

Acérrimo enemigo de la privatizadora a cargo del sistema de transmisión y distribución del sistema energético, el representante opinó que la Ley 19 de 2009 (Ley de Alianzas Público Privadas) debe ser enmendada para que el proceso de adjudicación de las alianzas público privadas “sea uno más transparente y con participación de la legislatura, que representa al pueblo de Puerto Rico”.

Respecto de la privatización del sistema de generación, opinó que creará un monopolio privado en la generación de electricidad, “lo que es contrario a la intención legislativa al crear la Ley 57 de 2014 y otras leyes posteriores sobre la transformación del sistema eléctrico de la Isla".

Posible conflicto de intereses

En cuanto a Genera PR (consorcio compuesto por Black & Veatch, Peak Energy y NFR Energía), subsidiaria de New Fortress Energy (NFE), desde 2021 tiene un contrato para suplir de gas natural a la AEE.

NFE opera en un muelle del puerto de la capital y justo al lado de la central San Juan, lo que se dio, de acuerdo con Torres Cruz, “sin que mediara un proceso competitivo para otorgar ese arrendamiento, sin cumplir con los requisitos de preparar un documento ambiental según requerido por la Ley de Política Pública Ambiental de Puerto Rico y, lo que es peor, sin permiso de la Comisión Reguladora de Energía Federal. Es precisamente a esta corporación que actúa en franca violación a las leyes estatales y federales, la que muy probablemente será escogida para entregarle un monopolio de la generación eléctrica en Puerto Rico”.

También el legislador se ha expresado sobre un posible conflicto de interés de NFE.

“El hecho de que se dedique al negocio de suplido de gas natural, presenta además, un conflicto de intereses, porque es muy probable que esta corporación busque promover el uso de gas natural como combustible para la generación de energía, lo que será un obstáculo a la implementación de la política pública de transición a generación mediante fuentes renovables y la creación de microrredes que conviertan a nuestro sistema eléctrico en uno más confiable. Además, es preocupante que vayamos a entregar nuestro sistema de generación eléctrica a una compañía sin el peritaje ni experiencia necesaria en este campo”, ha dicho el político.