La empresa de alquileres a corto plazo rechaza la acción individual de municipios.

La empresa de alquileres a corto plazo Airbnb objetó las regulaciones que a este tipo de actividad se propone implantar el Municipio de San Juan y reclamó que cualquier regulación se establezca a nivel estatal.

“Entendemos las preocupaciones del Municipio de San Juan y creemos que deben ser abordadas a través de una única regulación a nivel estatal. Airbnb está comprometido en trabajar con el poder legislativo de Puerto Rico en su esfuerzo por desarrollar un conjunto de normas claro y uniforme que beneficie a todas las partes interesadas, incluidos los 78 municipios”, sostuvo el director de Políticas Públicas de Airbnb para Centroamérica y el Caribe, Carlos Muñoz.

Sostuvo en declaraciones escritas que una regulación uniforme e inclusiva en toda la Isla “permitirá el cumplimiento de los alquileres a corto plazo y ayudará a los boricuas a ser parte de la economía turística de una manera sencilla y organizada, para así seguir generando un impacto económico positivo para el Gobierno y para todas las comunidades”.

La empresa señaló que ha recaudado, retenido y pagado más de $50 millones por concepto del Impuesto de Ocupación (Room Tax) en Puerto Rico. Agregó que un estudio de Oxford Economics estimó que el gasto de los huéspedes que utilizaron Airbnb en Puerto Rico durante 2021 fue de $1,700 millones, sin incluir el gasto en alojamiento. Ello, indican, equivale al 23.4% de toda la actividad turística directa de la isla, y sostiene 24,000 empleos. .

Reiteran su reclamo de que la plataforma les da a las personas en la isla la oportunidad de compartir sus espacios y generar ingresos extra que les permiten sobrellevar sus cargas económicas.

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