El “Puerto Rico Recovery Act”, que pretende excluir a la Isla de las restricciones de la normativa por un año, fue presentado por el senador Mike Lee y la congresista Nydia Velázquez tras el paso del huracán Fiona.

La Cámara envió hoy otro mensaje para reafirmar el interés en que la Ley Jones no aplique a la Isla: en su sesión ordinaria aprobó la resolución concurrente 61, para expresar “el más firme respaldo” de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al “Puerto Rico Recovery Act”, presentado por el senador Mike Lee y la congresista Nydia Velázquez en el Congreso de Estados Unidos ante el paso de huracán Fiona.

La medida federal exime temporalmente a Puerto Rico de las restricciones de la Ley Jones por un término de un año y a cualquier otra medida que exima a Puerto Rico, de forma parcial o total, y de manera temporal o permanente, de las restricciones de la Ley Jones.

Para Denis Márquez Lebrón, “hay consenso sobre este tema''.

''Desde el PIP, nos unimos al consenso, siempre dejando claramente establecido que hay que ir un paso más allá, con el asunto de la descolonización de Puerto Rico. Esta ley es aplicable a Puerto Rico porque somos una colonia de Estados Unidos. Y la Isla importa el 85% de sus alimentos", dijo Márquez.

''Yo no voy a tener problema en dar el voto a favor. (Es) Lo menos que en esta etapa se merece el país. Lo único que dice la resolución es que respalda que comience ese proceso, pero no hay que perder de perspectiva que estamos en una colonia. Pero si esto mejora de manera temporera la calidad de vida en Puerto Rico, se abaratan costos, voy a votar a favor, pero no significa que voy a respaldar el status quo”, agregó.

Otra visión tuvo José ''Quiquito'' Meléndez en el hemiciclo.

“Pareciera ser que hay interés por resolver un problema, que es liberar a Puerto Rico de las leyes de cabotaje. Pero no quisiera pensar que esto es simplemente un disparo a ciegas para crear un debate de ver las diferencias del ELA de lo que es el resto de los territorios en los estados. Evidentemente tenemos que tener un mecanismo para evitar que haya interrupciones en los abastos (de combustible), pero ¿una enmienda a la Ley Jones es la solución al problema? La respuesta es que no. Hay que atender este asunto con seriedad y no adelantar una causa ideológica", destacó Meléndez.

''Una enmienda a la Ley Jones no depende de lo que este cuerpo diga, sino de lo que decida el Congreso de Estados Unidos, donde difícilmente tenga futuro. Lo que hay es un problema de suplido de almacenamiento de combustible. Y lo que más escucho es la creación de una reserva estratégica de combustible”, añadió.

En opinión del representante Héctor Ferrer, “los que estén en contra justificarán que puertorriqueños paguen 151% más a las marinas mercantes y las cosas que consumimos. Lo que podemos hacer desde esta asamblea legislativa es hacer una expresión de reclamo por esta ley que tanto daño hace”.

Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley Jones, mediante la cual se nacionaliza la construcción y el tráfico de los buques mercantes.

La ley establece que únicamente los barcos que cuenten con bandera estadounidense, que hayan sido construidos en Estados Unidos y que sean tripulados por ciudadanos estadounidenses, pueden transportar mercancía y pasajeros entre los puertos estadounidenses, incluyendo sus territorios.

Actualmente, Puerto Rico es la única jurisdicción de los Estados Unidos a la que las restricciones de las leyes de cabotaje se le aplican en su totalidad. Solo un puñado de compañías son las que ofrecen los servicios de transportación marítima para Puerto Rico y estas tiene que cumplir a cabalidad con lo establecido por las restricciones de la Ley Jones.

“Por consiguiente, las tarifas ofrecidas por dichas compañías sobrepasan en 151% las tarifas de los barcos internacionales. Los barcos de bandera extranjera operan bajo diferentes leyes, reglas y regulaciones. Generalmente, estos barcos tienen costos de operación más bajos y cuentan con tarifas mucho más económicas que los barcos que operan bajo la Ley Jones”, establece la resolución.

Actualmente, la opción más económica que tiene Puerto Rico para importar bienes por medios marítimos es que los barcos de carga lleguen hasta el estado de la Florida, descarguen sus productos y, desde allí, partan en barcos estadounidenses a la Isla.

“La aplicación de la Ley Jones a Puerto Rico, por su naturaleza, encarece la importación de bienes. Estos costos, a su vez, provoca el aumento de los costos de la transportación terrestre de bienes y las transacciones directas e indirectas relacionadas a la compra y venta de bienes, ya que dichos costos son pasados a los consumidores y son los puertorriqueños quienes se ven directamente afectados”, advierte la medida.

También pide que, a largo plazo, “debe haber una discusión para derogar la Ley Jones en su totalidad. Puerto Rico y estados como Hawái y Alaska no pueden continuar pagando precios más altos y sufrir tiempos de envío más largos para proteger la industria de astilleros navales estadounidenses que se encuentra prácticamente extinta. No cabe duda de que la Ley Jones coloca a Puerto Rico en una situación de desventaja competitiva, lo que afecta en gran medida nuestra economía. Por lo tanto, debemos de concentrar todos los esfuerzos posibles en el Congreso y con la administración Biden, para eximir permanentemente a Puerto Rico de la Ley Jones”.