Banco internacional en la isla hizo transacciones prohibidas relacionadas a Venezuela
Gobierno federal emite aviso de violaciones contra una entidad bancaria internacional con sede en la isla.
El Departamento del Tesoro federal emitió un aviso de violaciones contra una entidad bancaria internacional (EBI) que tiene sede en Puerto Rico por transacciones relacionadas a una persona que está en la lista de personas sancionadas por su relación con Venezuela.
Nodus International Bank, Inc. opera en la isla desde 2009 y, según documentos corporativos, su único accionista es una entidad con sede en Barbados, Optivalores Investment Company Ltd., la cual ha comparecido en los récords de Nodus mediante Juan José Castillo. Nodus no divulga quiénes son sus directivos, pero las referencias públicas más recientes identifican a Juan Ramírez como el presidente de su Junta de Directores y a Tomás Concha como presidente, ambos con su dirección de negocios en Miami.
El Tesoro, específicamente su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en inglés), emitió el aviso de violaciones ayer explicando que una persona a la que esa dependencia añadió a su lista de sanciones en 2017 tenía dos cuentas de depósito, una de ahorros y una de tarjeta de crédito en Nodus, así como que había comprado instrumentos crediticios que el banco había emitido antes de que el individuo entrara en la lista.
Luego de conocer de la sanción al individuo, la Junta de Nodus decidió romper lazos con la persona y bloquear sus cuentas, acciones que avisaron a OFAC. Pero, en el proceso de disponer de los activos bloqueados, especialmente los instrumentos crediticios, Nodus ejecutó actos sin esperar por autorización de OFAC. En total, realizó tres transacciones con valor de $50,271.29 que estaban prohibidas y, también, el manejo de las transacciones reveló que Nodus no tenía suficientes salvaguardas para preservar el tracto de las transacciones y para implantar los requisitos de OFAC.
La violación de Nodus no implicó el pago de multas, como sucedió recientemente con el Banco Popular, que acordó pagar $255,937.86 en multas por transacciones prohibidas también.
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